Para miles de familias de Mar del Plata, la discusión parecía lejana, técnica y propia del Congreso. Pero en los barrios, la incertidumbre era concreta. La posibilidad de modificar la ley de barrios populares encendía una alarma directa: qué podía pasar con sus casas, sus tierras y su futuro.

Según trascendió de fuentes legislativas, La Libertad Avanza aceptará excluir del proyecto sobre propiedad privada que está en el Senado, la reforma de la ley de Barrios Populares que es resistido por los bloques aliados, debido a que podía generar centenares de desalojos.

Con esta ley sancionada durante el gobierno de Macri y ampliado durante el de Alberto Fernández, se permitió implementar un régimen especial para regularizar el dominio de propiedad, suspender desalojos y fijar condiciones para acceder y usar los inmuebles en los barrios populares.

La normativa creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que en General Pueyrredon relevó 72 asentamientos, donde viven 13.449 familias que ahora mantendrán las garantís vigentes.

No es un dato menor. La ley no solo reconoce la existencia de estos barrios: también suspende desalojos y abre la puerta a procesos de urbanización, acceso a servicios básicos y regularización dominial. En otras palabras, les da un marco legal a situaciones históricamente precarias.

La marcha atrás del oficialismo, tras el rechazo de sectores aliados, trajo una señal de estabilidad. No resuelve los problemas estructurales, pero evita que se abra un frente de incertidumbre para miles de familias.

En General Pueyrredon, donde el crecimiento de los barrios populares es una realidad sostenida en el tiempo, la continuidad de la ley aparece como un punto de apoyo. Un piso mínimo desde el cual seguir discutiendo urbanización, integración y acceso a derechos.