El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para reclamarle al gobierno municipal el retiro urgente de vehículos incendiados, desmantelados y abandonados que permanecen durante semanas e incluso meses en calles, descampados y espacios públicos de distintos barrios de Mar del Plata.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Pablo Obeid, quien advirtió sobre una situación que, según sostuvo, se repite cada vez con mayor frecuencia en distintos sectores de la ciudad, especialmente en barrios de la zona sur y áreas periféricas.

“Es notoria la proliferación de vehículos abandonados e incendiados, en una cantidad mayor a otros años, y que además permanecen por tiempo indefinido. Nadie se hace cargo de retirarlos”, afirmó el edil peronista.

Desde Unión por la Patria señalaron que muchos de estos rodados estarían vinculados a hechos de robo automotor y posteriormente serían descartados o incendiados, generando problemas de seguridad, contaminación y deterioro urbano.

“El abandono de estos vehículos no solo representa un problema de seguridad, sino también una situación de deterioro urbano, contaminación ambiental y ocupación indebida del espacio público”, agregó Obeid.

El proyecto solicita que el Ejecutivo municipal intensifique los operativos de relevamiento y remoción de vehículos incendiados o abandonados, especialmente aquellos que representen riesgos para vecinos o generen acumulación de residuos y focos de inseguridad.

Además, la iniciativa pide informes detallados sobre la cantidad de vehículos retirados durante los últimos doce meses, las denuncias recibidas y los protocolos vigentes para la identificación, remoción y disposición final de esos rodados.

En paralelo, Unión por la Patria también reclamó información vinculada a la evolución del robo automotor en Mar del Plata, incluyendo estadísticas sobre hechos denunciados, modalidades delictivas predominantes y evolución mensual comparativa.

“Queremos saber también cómo evolucionaron en el último tiempo los indicadores de robo automotor y qué acciones está tomando el gobierno municipal para combatir este delito”, sostuvo Obeid.

El Concejo Deliberante comenzó a discutir el proyecto impulsado por el oficialismo para modificar la ordenanza que regula la actividad en bares y locales gastronómicos y habilitar nuevas modalidades de entretenimiento nocturno, entre ellas la presencia de DJs y la extensión horaria hasta las 4 de la madrugada. En el marco de la Comisión de Industria surgió un primer consenso: ampliar el debate y convocar a distintos sectores para escuchar sus posiciones.

La propuesta promovida por el Pro busca actualizar la Ordenanza 14.000, que regula los espectáculos en establecimientos gastronómicos. Aunque desde el oficialismo insistieron en que no se habilitará formalmente el “rubro baile”, el proyecto contempla que los locales no sean sancionados en caso de que los clientes bailen espontáneamente durante los shows o presentaciones musicales.

Durante la reunión de comisión, el concejal Fernando Muro defendió la propuesta y aseguró que responde a cambios en las modalidades de consumo y entretenimiento que no están contemplados en la normativa actual. Según sostuvo, la ordenanza vigente “se quedó en el tiempo” y termina funcionando como un freno para nuevas inversiones. “No podemos pedirle a un empresario que invierta si no le damos reglas claras”, expresó.

El concejal también rechazó que el proyecto implique una liberalización total de la nocturnidad. “Para nada es una liberalización, no se está habilitando el rubro baile”, aclaró. Y frente a las críticas por posibles ruidos y desbordes, defendió la capacidad de control del Municipio. “Si la preocupación es el control, hay pruebas suficientes de que la gestión lo puede hacer”, sostuvo.

Desde la oposición surgieron cuestionamientos vinculados principalmente a la convivencia en zonas residenciales y al impacto acústico que podría generar la ampliación horaria. El concejal de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, advirtió que la actualización normativa no puede avanzar sin contemplar a quienes viven cerca de corredores gastronómicos y nocturnos. “Las reglas tienen que ser claras también para el vecino que eligió un barrio residencial y quiere dormir tranquilo”, afirmó el exintendente.

Pulti cuestionó especialmente la posibilidad de permitir música amplificada hasta las 4 de la mañana y planteó dudas sobre el impacto en zonas como Alem y Playa Grande. “¿Quieren los vecinos de Alem música hasta las 4 am?”, preguntó. Además, informó que presentó un proyecto para incorporar una instancia de consulta pública antes de habilitar este tipo de cambios normativos.

En la misma línea se expresó el concejal de Unión por la Patria, Pablo Obeid, quien sostuvo que la inclusión de DJs “entra por fórceps” dentro de una ordenanza vinculada a gastronomía. “El problema hacia afuera es el sonido en un horario extendido”, señaló el edil, quien consideró que el debate implicará resolver un “conflicto de intereses” entre empresarios, consumidores y residentes.

Durante la comisión también expusieron vecinos de Playa Grande, quienes días atrás habían presentado una nota formal manifestando su rechazo al proyecto y alertando por un posible aumento de ruidos, conflictos de convivencia y afectación del descanso en áreas residenciales cercanas a corredores gastronómicos.

Según lo expresado por los concejales, para la próxima reunión de comisión se trabajará en la posibilidad de convocar a cámaras empresariales, representantes culturales, artistas, usuarios y organizaciones vecinales antes de avanzar hacia una definición legislativa. 

El Concejo Deliberante aprobó una nueva prórroga para que los edificios completen la modernización de sus ascensores, en un contexto donde cerca del 50% de los equipos todavía no cumple con las exigencias tecnológicas y de seguridad establecidas por la ordenanza vigente.

La medida extiende por otros 18 meses el plazo original fijado por la Ordenanza 22.663, sancionada en 2016, que obligó a los propietarios a incorporar nuevos sistemas de seguridad, controles de maniobra y cerraduras electromecánicas en el transporte vertical. Se trata de la segunda prórroga otorgada por el Concejo: la primera había sido aprobada en 2024.

El pedido había sido impulsado por la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, que argumentó dificultades económicas y técnicas para completar las obras pendientes. Desde el Municipio también señalaron problemas vinculados a la importación de insumos y a la alta demanda simultánea de adecuaciones.

Según datos oficiales incorporados al expediente, el nivel de avance ronda actualmente el 50% del parque de ascensores del distrito, utilizado diariamente por más de 360 mil personas.

Durante el debate legislativo también surgieron discusiones sobre posibles modificaciones regulatorias vinculadas a inspecciones, controles y actualización tecnológica, en medio de diferencias técnicas entre representantes del sector y funcionarios municipales.

Con la nueva extensión, los propietarios y consorcios tendrán tiempo hasta noviembre de 2027 para completar las adecuaciones exigidas. En esta oportunidad, el Concejo estableció que el nuevo plazo tendrá carácter “improrrogable”.

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante propone rebautizar el actual Paseo Jesús de Galíndez como “Paseo Guillermo Vilas”, en homenaje al mejor tenista argentino de la historia y a su estrecho vínculo con Mar del Plata.

La propuesta fue presentada en las últimas horas por la concejala Gabriela Azcoitía, del bloque UCR + Nuevos Aires, y apunta a modificar la denominación del corredor costero ubicado entre Cabo Corrientes y Las Toscas, en uno de los sectores más representativos del frente marítimo marplatense.

Entre los considerandos del proyecto se pondera la trayectoria deportiva de Guillermo Vilas, considerado el máximo referente del tenis argentino, ganador de cuatro títulos de Grand Slam y uno de los deportistas más relevantes del país. También se remarca su estrecha relación con Mar del Plata, ciudad donde creció, estudió y comenzó su formación deportiva.

Aunque nació en Buenos Aires en 1952 porque su familia se encontraba allí, Vilas pasó su infancia y adolescencia en Mar del Plata. Asistió al Instituto Peralta Ramos y dio sus primeros pasos en el tenis en el Club Náutico Mar del Plata. Este no sería el primer homenaje local, ya que en 2007 fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad.

El expediente sostiene que el paseo costero representa un espacio adecuado para homenajear a una figura “de reconocimiento internacional y profundamente identificada con la identidad deportiva y turística de Mar del Plata”. La ordenanza propuesta también prevé actualizar la señalética urbana y habilita al Ejecutivo municipal a instalar una reseña biográfica sobre Vilas en algún punto del paseo.

Actualmente, el sector lleva el nombre de Jesús de Galíndez, abogado y dirigente vasco exiliado durante el franquismo, secuestrado y asesinado en 1956 en un caso atribuido al régimen de Rafael Trujillo.

El proyecto deberá ahora ser tratado en las distintas comisiones del Concejo Deliberante antes de llegar al recinto para su votación. 

El Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó este jueves una ordenanza para distinguir como “Hijo Dilecto” de la ciudad al tenista Horacio Zeballos, uno de los deportistas marplatenses más destacados de los últimos años.

La decisión busca reconocer la trayectoria internacional del tenista, que alcanzó un lugar histórico para el deporte argentino al convertirse en el primer jugador del país en llegar a la cima del ranking ATP de dobles. La iniciativa fue impulsada por el bloque de La Libertad Avanza.

Nacido en Mar del Plata el 27 de abril de 1985 y formado deportivamente en el Edison Lawn Tenis, Zeballos construyó una carrera con destacados resultados tanto en singles como en dobles. Entre los momentos más recordados aparece el ATP de Santiago de Chile conquistado en 2013, cuando derrotó en la final a Rafael Nadal, que en ese momento ocupaba el primer puesto del ranking mundial.

En los últimos años, sin embargo, su mayor consolidación llegó en la especialidad de dobles junto al español Marcel Granollers. La dupla logró posicionarse entre las más fuertes del circuito, logrando llegar a la cima del ranking ATP y durante 2025 obtuvo títulos de Grand Slam en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

En los fundamentos de la ordenanza, el Concejo sostuvo que la carrera del deportista “ha contribuido significativamente a difundir y prestigiar el nombre de la ciudad de Mar del Plata en el ámbito deportivo internacional”.

El reconocimiento también repasó otros premios obtenidos por Zeballos a lo largo de su carrera, entre ellos el Olimpia, el Lobo de Mar y el Premio al Deporte y la Cultura de Oro entregado en Mar del Plata.

La distinción será entregada oficialmente en una ceremonia cuya fecha y lugar todavía no fue definido.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la transferencia de facultades para que el intendente Agustín Neme establezca por decreto las tarifas del transporte público de pasajeros hasta el 31 de diciembre, en medio de la discusión por un nuevo aumento del boleto y tras el reciente paro de la UTA.

La sanción contó con los votos del oficialismo integrado por Pro, UCR, La Libertad Avanza. En contra votaron Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador.

Con la delegación ya aprobada, el Ejecutivo quedó habilitado para avanzar en las próximas horas con una actualización tarifaria. Según el estudio de costos elaborado por el área municipal de Transporte, el boleto plano debería ubicarse en $1.922,56, un 24% por encima de los $1.550 vigentes desde diciembre.

Aunque el Concejo Deliberante tiene, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, la atribución formal de fijar las tarifas del servicio, el cuerpo volvió a replicar el esquema utilizado durante la gestión de Guillermo Montenegro, delegando esa decisión en el Ejecutivo municipal.

El debate se dio en un contexto de creciente presión de las empresas del sector. A comienzos de abril, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) había solicitado llevar el boleto a $2.569 y advirtió sobre una “crisis terminal” del sistema.

Entre los argumentos planteados por las empresas aparece el retraso en el envío de fondos nacionales correspondientes a los llamados Atributos Sociales Nacionales, las compensaciones que cubren los descuentos otorgados a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales.

Según expuso Cametap, el gobierno de Javier Milei acumula más de tres meses de demora en esos pagos, que representan el 55% del valor de cada pasaje subsidiado. Las compañías sostienen que esa situación afectó seriamente su capacidad financiera y derivó en dificultades para afrontar salarios, un conflicto que terminó desencadenando el paro de colectivos que se extendió desde el viernes por la tarde hasta la mañana del lunes.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la Rendición de Cuentas 2025 de la Administración Central, entes descentralizados y Osse, con los votos del interbloque oficialista integrado por Pro, La Libertad Avanza, UCR y Coalición Cívica. En contra votaron Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador.

El respaldo validó un ejercicio económico marcado por un fuerte deterioro de las cuentas municipales. Según los datos oficiales, el consolidado entre la Administración Central y los entes descentralizados cerró con un déficit financiero de $16.268 millones, mientras que Osse fue el único organismo con superávit, de $8.831 millones.

En la Administración Central, el rojo financiero ascendió a $10.286 millones, más del doble que en 2024. Además, el Municipio perdió el ahorro corriente: los ingresos habituales ya no alcanzaron para cubrir los gastos de funcionamiento.

Desde el oficialismo atribuyeron el resultado a la caída de la recaudación, la inflación y la baja de transferencias nacionales y provinciales. La oposición, en cambio, apuntó contra el aumento de la deuda flotante y la baja ejecución de obra pública.

Según la ejecución presupuestaria, la Municipalidad gastó menos del 20% de los fondos previstos para infraestructura y la inversión en obras cayó cerca de un 60% en términos reales respecto de 2024. Entre los proyectos sin ejecución aparecieron iniciativas financiadas tanto por Nación como por fondos municipales.

Las rendiciones de cuentas de la Administración Central y los entes descentralizados ahora deberán ser revisadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

La reunión conjunta de las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación del Concejo Deliberante aprobaron este martes un dictamen para transferir al Ejecutivo la facultad de aumentar el boleto del transporte público de pasajeros, por lo que el incremento pedido por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), por lo que será responsabilidad del intendente interino Agustín Neme.

La decisión tomada finalmente confirmó los rumores de las últimas horas respecto a que el Concejo Deliberante no avanzaría con el tratamiento del estudios de costos presentado por el propio Ejecutivo, donde se estableció una tarifa de $1.922, sino que en cambio volvería a tomar la decisión de transferir la responsabilidad al Ejecutivo, tal y como ocurrió en los seis años del gobierno de Guillermo Montenegro.

El concejal Julián Bussetti tuvo a su cargo notificar la postura, a través de un dictamen donde se fija que la transferencia de facultades se extenderá por “siete meses”, es decir, hasta fin de año. El edil expuso un informe crítico sobre la situación financiera del transporte público, aunque también dejó un declaración de peso al manifestar su repudio al “paro extorsivo de las empresas”.

La referencia es al paro formalmente realizado por la UTA ante la falta de pago de salarios, que dejó sin servicio a miles de marplatenses desde el viernes a las 18 hs hasta el lunes a primera hora. La declaración de Bussetti apuntó directamente contra las concesionarias, exponiendo que se trató de  un look out empresarial más que de una medida sindical.

El dictamen fue aprobado por el Pro, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza, mientras que la oposición se manifestó completamente en contra de la transferencia de facultades. Tanto Unión por la Patria, Acción Marplatense como el Frente Renovador formularon encendidos discursos, donde responsabilidad al gobierno municipal por la situación, además de recordar que la propia Cametap indicó que el gobierno nacional adeuda compensaciones equivalente a la masa salarial de tres meses.

“Si fue un paro extorsivo, tuvo resultado si ahora habilitan el aumento”, le reprochó Horacio Taccone (AM), a Julián Bussetti, recalcando que el estudio de costos lo elevó el Ejecutivo minutos después de iniciado el paro el pasado viernes.

El dictamen ahora será tratado en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante prevista para este jueves. Tras ello, restará la promulgación de la ordenanza y un posterior decreto de Neme oficializando el nuevo cuadro tarifario.

El Concejo Deliberante declaró “de interés” el 75° aniversario del Club Biguá de Mar del Plata, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte al desarrollo deportivo y social de la comunidad. “Esto demuestra lo importante que son los clubes y el secreto es su gente”, dijo su vicepresidente, Sebastián Garro.

Participaron del encuentro el propio Garro; el presidente del EMDER, Sebastián D’Andrea; los concejales Marcelo Cardoso y Ricardo Liceaga Viñas; la presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Patricia Garciarena; además de autoridades, socios y deportistas de la institución. El acto se realizó impulsado por la concejal Vilma Baragiola.

Tras recibir la distinción, el dirigente agradeció en nombre de la institución: “Esto demuestra lo importante que son los clubes y el secreto es su gente, trabajando ad honorem gracias al poder de la identificación con una entidad. Por los que pasaron, por los que están y por los que vendrán, muchas gracias”.

El Club Biguá fue fundado el 5 de mayo de 1951 por Jorge Alvear, profesor de Educación Física del Instituto Peralta Ramos, quien impulsó la creación de un espacio independiente para practicar rugby junto a sus alumnos. Ese mismo año, la institución se incorporó a la Unión de Rugby de Mar del Plata y adoptó como distintivo un trébol de cuatro hojas con los colores rojo, verde, celeste y azul, representativos de los clubes fundadores.

Desde entonces, Biguá se consolidó como una institución deportiva y social de referencia, un espacio de contención, encuentro e integración para generaciones de niños, jóvenes y familias marplatenses.

Un proyecto presentado por Unión por la Patria propone ampliar la ordenanza antitabaco que rige en General Pueyrredon, para a partir de ahora prohibir explícitamente los vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos similares en los mismos espacios públicos y de acceso público donde no se permiten los cigarrillos tradicionales.

El expediente iniciado este jueves por el concejal Diego García se centra en actualizar la Ordenanza 20.104 que data originalmente de 2010, si bien en los años tuvo incorporaciones de nuevos espacios a la prohibición. La norma actualmente prohíbe fumar en bares, restaurantes, oficinas, espacios culturales, medios de transporte y distintos sectores recreativos de la ciudad, principalmente plazas y parques con juegos infantiles.

De acuerdo a los fundamentos vertidos en el proyecto, la norma quedó desactualizada frente al crecimiento del uso de dispositivos alternativos como los cigarrillos electrónicos, vaporizadores y los llamados Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN). Es que la ordenanza solo contiene la prohibición en cuanto a "fumar o sostener tabaco encendido o similar", lo que no alcanza estas modalidades modernas.

Así entonces, para proteger la salud no no fumadores, el proyecto propone sumar dentro de las prohibiciones a cigarrillos electrónicos, vaporizadores y cualquier otro dispositivo destinado a liberar nicotina u otras sustancias mediante aerosol o vapor.

De ser sancionada, la nueva ordenanza pondría en pie de igualdad al cigarrillo tradicional con estos elementos, por lo que la restricción alcanzaría tanto a espacios cerrados de acceso público como a plazas con juegos infantiles, circuitos aeróbicos, balnearios y unidades turísticas fiscales, tal como ya ocurre con el cigarrillo tradicional.

Además del factor prohibitivo, la iniciativa también incorpora campañas de prevención y concientización dirigidas especialmente a adolescentes y jóvenes, uno de los grupos donde más creció el consumo de vapeadores durante los últimos años.

En los fundamentos del expediente, García remarcó que “los cigarrillos electrónicos no son inofensivos” y advirtió que todavía “no conocemos los efectos a largo plazo del consumo de vaporizadores y cigarrillos electrónicos”, más allá que distintas investigaciones científicas alertan sobre los peligros en la salud que generan estos dispositivos.

El proyecto para crear áreas de trabajo compartido en bibliotecas municipalescomenzó a tratarse en comisión. Concejales solicitaron informes técnicos antes de avanzar con la iniciativa.

La idea de convertir bibliotecas municipales y otros edificios públicos en espacios de coworking empezó a dar sus primeros pasos concretos dentro del Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Dos meses después de su presentación, el expediente ingresó esta semana al debate en la Comisión de Industria, donde los concejales resolvieron pedir informes al Ejecutivo para determinar si existen condiciones reales para implementar la propuesta.

El proyecto, impulsado por el concejal del Pro Julián Bussetti, plantea la creación de un programa municipal de espacios de coworking y estudio orientado a estudiantes, freelancers, emprendedores y trabajadores remotos. La iniciativa busca aprovechar inmuebles municipales “subutilizados”, con foco principalmente en las bibliotecas públicas de la ciudad.

Hoy mantenemos estructuras públicas vacías que ya no tienen sentido. Eso tiene que cambiar.Coworking, espacios de estudio para estudiantes y emprendedores, con internet y hasta cafetería para encontrarse y trabajar.Que el Estado vuelva a servirle a la gente. ☕️📚🚀 pic.twitter.com/HYJjA3MSOZ

Sin embargo, antes de avanzar con el tratamiento político del expediente, la comisión acordó solicitar información a las secretarías de Obras de Desarrollo Local. El objetivo es conocer qué espacios podrían adaptarse, cuáles son las condiciones de infraestructura disponibles y qué tipo de inversión demandaría el proyecto.

La propuesta apunta a incorporar servicios habituales en este tipo de ámbitos compartidos: conexión wifi, áreas comunes, puestos individuales de trabajo y sectores de estudio. Incluso, el expediente contempla la posibilidad de sumar cafeterías o servicios complementarios para fomentar la permanencia y el uso cotidiano de esos espacios.

En los fundamentos de la iniciativa, Bussetti sostiene que muchas bibliotecas públicas atraviesan una caída en la cantidad de usuarios y considera que la incorporación de nuevos formatos de uso podría ayudar a revitalizarlas. El planteo también se apoya en el crecimiento del trabajo remoto y de la economía del conocimiento en Mar del Plata, un sector que en los últimos años expandió su peso dentro del mercado laboral local.

El expediente continuará ahora en análisis a la espera de las respuestas técnicas del Ejecutivo, que serán clave para definir si la propuesta avanza o queda limitada a una expresión de intención dentro del Concejo. 

La Rendición de Cuentas 2025 del Municipio avanzó este miércoles con dictamen favorable en la Comisión de Hacienda, en una discusión atravesada por el impacto del contexto económico nacional sobre las finanzas locales. El oficialismo respaldó el cierre del ejercicio pese al resultado deficitario y ubicó las causas fuera de la órbita municipal.

El balance del último año de gestión de Guillermo Montenegro arrojó un resultado financiero negativo de $16.268 millones en el consolidado de la Administración Central y los entes descentralizados. En contrapartida, Osse se destacó como el único organismo con superávit, al registrar $8.831 millones.

Desde el bloque del Pro buscaron explicar el rojo con eje en variables macroeconómicas. Sin mencionarlo de manera directa, las referencias apuntaron al programa económico del gobierno nacional. Durante el debate en comisión, el concejal Fernando Muro sostuvo que “el déficit se explica por la caída de la recaudación originada por factores externos al Municipio, la caída en las transferencias y un porcentaje atribuible a una cuestión macroeconómica”.

Dentro de los ingresos propios, el principal sostén sigue siendo la Tasa de Inspección en Seguridad e Higiene, atada al nivel de actividad de comercios e industrias, que se vio afectado por la contracción económica. En segundo lugar aparece la Tasa de Servicios Urbanos, que además enfrenta niveles de cobrabilidad en mínimos históricos.

A ese escenario se suma la retracción de fondos provenientes de otros niveles del Estado. Las transferencias discrecionales desde Nación prácticamente desaparecieron —fueron nulas en el primer trimestre de 2026— y desde la Provincia también se registraron envíos por debajo de lo previsto, tanto en coparticipación como en programas específicos como el convenio tripartito para el financiamiento de la educación municipal, donde el ingreso es nulo, al igual que desde Nación.

En la Comisión Conjunta de Ambiente y Hacienda del HCD de General Pueyrredon se aprobó por mayoría la Rendición de Cuentas de OSSE correspondiente al ejercicio 2025.Seguimos acompañando el funcionamiento de una empresa municipal estratégica para la ciudad, garantizando… pic.twitter.com/GPcT88b9xn

El oficialismo también marcó el efecto de la inflación sobre las cuentas públicas. Según detalló Muro, el índice de 2025 superó ampliamente las previsiones iniciales, de 18,% a 31,5%, lo que elevó los costos operativos y salariales y generó desajustes entre ingresos y gastos. Aun así, sostuvo que se mantuvo una política de contención del gasto, aunque el Municipio también cerró con un déficit corriente de $9.273 millones sin incluir a Osse.

El dictamen fue acompañado por el Pro, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza. En este último espacio había expectativa por su posicionamiento frente a un balance deficitario y a los cuestionamientos implícitos hacia la política económica nacional. Sin embargo, los concejales libertarios votaron a favor, aunque sin intervenir durante el debate. 

La inclusión de una partida millonaria en el Presupuesto 2026 para comenzar a construir el nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 (ESMET Nº 1) no alcanzó para despejar las dudas. Este jueves, el Concejo Deliberante volvió a poner el tema en agenda y aprobó un pedido de informes dirigido a la Secretaría de Educación para que detalle la situación del inmueble actual y el estado real del proyecto.

La iniciativa, impulsada por Unión por la Patria, tiene origen a comienzos de 2025, en un contexto marcado por la incertidumbre: en ese momento, circulaba la versión de la venta del edificio donde funciona la institución, lo que encendió la preocupación de las familias. Con el correr de los meses, el Municipio logró firmar un nuevo contrato de alquiler por tres años, lo que llevó algo de alivio en lo inmediato.

Sin embargo, el panorama de fondo sigue sin definiciones claras. Desde marzo del año pasado, el Concejo espera respuestas formales de la Secretaría de Educación a pedidos similares, sin que hasta ahora haya precisiones oficiales sobre el rumbo del proyecto.

El expediente retoma ese punto de partida: fueron las familias las que advirtieron en su momento sobre la presunta venta del inmueble y plantearon la incertidumbre sobre la continuidad de la escuela. A partir de allí, los concejales buscan confirmar si esa operación se concretó y, de ser así, cuáles serían los plazos previstos para dejar el edificio de Juan B. Justo al 2900.

El pedido también apunta a aspectos clave del funcionamiento cotidiano. Se solicitan detalles sobre las medidas previstas para garantizar la continuidad pedagógica de los cerca de 300 estudiantes, así como las acciones de acompañamiento a la comunidad educativa en este escenario.

La ESMET ocupa un lugar particular dentro del sistema municipal: es la única escuela técnica de gestión local y cuenta con más de 30 años formando perfiles vinculados a la industria. Ese recorrido es el que, según se plantea en el proyecto, obliga a dar certezas frente a cualquier cambio que pueda afectar su funcionamiento.

En paralelo, el Concejo también requirió información a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano sobre el avance del edificio propio, una promesa que acumula años sin concretarse. Allí se incluyen pedidos de detalle sobre el proyecto, su financiamiento y la ubicación prevista.

Mientras tanto, el dato más reciente es la incorporación de una partida de 2 mil millones de pesos en el Presupuesto 2026 para iniciar la primera etapa de la obra, que tendría como posible ubicación un predio cercano al Cema. Pero, por ahora, ese número convive con una falta de definiciones que el Concejo volvió a dejar expuesta.

Autoridades del Colegio de Arquitectura y Urbanismo-D9 y del Colegio de Técnicos-D5 elevaron ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la creación del Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad de General Pueyrredon, una herramienta destinada a fortalecer la planificación urbana y promover consensos entre los distintos actores vinculados al desarrollo territorial.

Desde ambas instituciones destacaron que el Consejo permitiría generar un ámbito estable de consulta, planificación y articulación, en línea con la adhesión municipal a la Ley Provincial 14.449/2012. Recordaron que la iniciativa había sido impulsada en 2024, pero fue archivada sin avances.

La presentación formal fue realizada por el presidente y la secretaria del Colegio de Arquitectura y Urbanismo-D9, Diego Domingorena y Paula Suero, junto al presidente y la secretaria del Colegio de Técnicos-D5, Diego Haag y Vanesa Rodríguez.

El proyecto propone un Consejo integrado por representantes de los sectores público y privado, incluyendo áreas del Ejecutivo, EmturyC, Emvial, Osse, Desarrollo Social, el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, universidades, asociaciones vecinales, movimientos sociales, ONG’s vinculadas a derechos humanos y hábitat, y colegios profesionales de las áreas técnica, legal y social. A diferencia de otros modelos, incorpora además a los desarrolladores inmobiliarios.

“Nos parece que los desarrolladores son parte de la planificación, deben estar incluidos y esa es la característica más saliente de este proyecto que se diferencia de otros”, coincidieron los autores de la iniciativa.

Haag señaló que el Consejo constituye “una herramienta importante que ofrecemos al municipio para la gestión”, al permitir que los distintos sectores aporten miradas sobre el hábitat y el acceso justo a la vivienda. Domingorena agregó que “es imposible una planificación sostenible si la comunidad no participa, si no es democrática, si no es abierta”, y remarcó que el objetivo es que la ciudadanía forme parte del desarrollo urbano.

Ambos referentes recordaron que esta presentación constituye una insistencia, dado que el proyecto original “se archivó sin motivo alguno” y, hasta el momento, la recepción por parte de los ediles ha sido limitada.

Concejales de la UCR, el Pro y la Coalición Cívica presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para que se solicite a la Provincia de Buenos Aires la suspensión provisoria del concurso de ideas impulsado para la renovación del complejo turístico de Punta Mogotes, en el marco de la renovación de las concesiones de los balnearios, que vencen este año.

El proyecto es autoría del radical Ariel Bordaisco y cuenta con la adhesión de, entre otros, los presidentes del bloque Pro, Julián Bussetti, y de la Coalición Cívica, Guido García; y se enmarca en el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que rechazó un nuevo planteo de la Provincia y confirmó que la causa por la transferencia de Punta Mogotes continúe en la justicia de Mar del Plata y bajo el fuero Contencioso Administrativo.

En ese contexto, el presidente del bloque de concejales del radicalismo + Nuevos Aires advirtió que avanzar con el concurso resulta “precipitado en medio de un conflicto institucional y judicial abierto entre la Provincia y el Municipio”, y remarcó que cualquier decisión en este escenario podría afectar los intereses de la ciudad.

El concurso es actualmente impulsado por el gobierno provincial, en conjunto con la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo.

Asimismo, Ariel Bordaisco sostuvo que el reclamo de General Pueyrredon por la transferencia del complejo “resulta viable y legítimo en función de los antecedentes históricos, geográficos y normativos”, por lo que consideró necesario actuar con prudencia.

En esa línea, el proyecto plantea que “por razones de seguridad jurídica, planificación territorial y respeto por la autonomía municipal, no corresponde avanzar en definiciones estructurales sobre el predio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.

A su vez, el presidente del bloque del PRO, Julian Bussetti señaló que “es imprudente avanzar con un concurso que define el futuro del complejo cuando existe un conflicto judicial abierto. Cualquier decisión en este contexto puede colisionar con los intereses del Municipio, que tiene fundamentos sólidos para reclamar la titularidad del predio”.

En tanto, Guido García agregó que “no es solo un acto administrativo: es quién decide sobre Punta Mogotes. Hay fallos de la Justicia que deben respetarse y no se puede avanzar ignorándolos. Es momento de respetar la autonomía municipal y avanzar en la transferencia para que Mogotes vuelva a ser de los marplatenses”.

Además, en el proyecto se solicita a la Provincia que adopte las medidas necesarias para concretar de manera definitiva la transferencia institucional y administrativa del complejo Punta Mogotes al Municipio de General Pueyrredon.

El bloque de la Coalición Cívica presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para avanzar en la reactivación del Bristol Center, el complejo ubicado en el microcentro de Mar del Plata cuya obra permanece paralizada desde hace décadas.

La iniciativa impulsada por el concejal Guido García solicita al Departamento Ejecutivo que informe sobre el estado administrativo del expediente, el grado de avance de la obra, la situación dominial del inmueble y las condiciones actuales de seguridad estructural. También pide precisiones sobre el marco normativo vigente y las herramientas disponibles para su eventual reactivación o reconversión.

En paralelo, el proyecto propone convocar a los titulares o responsables legales del edificio para que presenten un informe con detalles sobre el estado del desarrollo, los obstáculos que impidieron su finalización y posibles alternativas para retomar la obra.

Entre los ejes centrales, la Coalición Cívica plantea la necesidad de generar condiciones que faciliten la inversión privada sin que ello implique erogaciones directas por parte del Municipio. En ese sentido, promueve la simplificación de trámites, la reducción de tiempos administrativos y la generación de mayor previsibilidad para desarrolladores.

Además, el expediente incorpora la posibilidad de establecer un régimen urbanístico especial para el predio y su entorno inmediato. La propuesta incluye la autorización regulada de pantallas digitales y soportes audiovisuales, junto con intervenciones de diseño urbano orientadas a dinamizar el área y generar nuevas fuentes de ingresos vinculadas a la actividad comercial y publicitaria.

El proyecto también sugiere que el espacio delimitado por las calles Buenos Aires, Entre Ríos, San Martín y Rivadavia pueda funcionar como punto de encuentro ciudadano para la difusión de eventos culturales, sociales y deportivos, en línea con tendencias actuales de desarrollo urbano.

Por último, se plantea avanzar en un esquema más amplio para la reactivación de “obras paralizadas estratégicas” en la ciudad, que contemple la identificación de casos prioritarios, incentivos dentro del marco vigente y herramientas de promoción de inversiones.

El Bristol Center es un emprendimiento iniciado en la década del ´60 en una de las zonas más transitadas de la ciudad, y su estado inconcluso desde los ´70 es señalado desde hace años como uno de los principales puntos de degradación urbana en el centro marplatense, según puntualizó la propuesta de García.

El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon otorgó la distinción de “Visitante Notable” a Francesco Arezzo, actual presidente de Rotary International, en el marco de su visita a Mar del Plata.

El acto fue presidido por el Presidente del Cuerpo, Emiliano Recalt y el reconocimiento fue entregado durante un acto también con la presencia de los concejales Gabriela Azcoitía, Vanesa Benavidez, Vilma Baragiola, Florencia Ranellucci, Noelia Álvarez Ríos, Rolando Demaio, Marcelo Cardoso y Ricardo Liceaga Viñas.

La visita del dirigente rotario reviste un carácter histórico, ya que se trata de la primera vez que un presidente de la entidad internacional llega a la ciudad.

Durante la jornada también participaron referentes del ámbito local y regional de Rotary, en un encuentro que permitió fortalecer vínculos institucionales y de cooperación.

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon para que el Ejecutivo evalúe la reubicación de las sendas peatonales en la intersección de avenida Luro y avenida Independencia, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en uno de los puntos más transitados de Mar del Plata.

La iniciativa propone desplazar los cruces peatonales algunos metros hacia el interior de la cuadra, en lugar de mantenerlos sobre la línea de la ochava, como ocurre actualmente. Según se argumenta en el proyecto, esta modificación permitiría que los vehículos completen la maniobra de giro antes de encontrarse con los peatones, mejorando el campo visual de los conductores y reduciendo el riesgo de siniestros.

El planteo surge a partir de las dificultades que presenta el diseño actual, especialmente para vehículos de gran porte como colectivos, que al girar deben dividir su atención entre el tránsito y los peatones que cruzan inmediatamente en la esquina.

Además del corrimiento de las sendas, el proyecto sugiere que, en caso de avanzar, se readecúen las rampas de accesibilidad, se incorpore nueva señalización vertical y se implementen medidas de canalización vehicular. También se contempla la posibilidad de instalar elementos físicos en las ochavas para evitar cruces fuera de los sectores habilitados.

La propuesta se enmarca en experiencias similares aplicadas en otras ciudades, donde este tipo de intervenciones permitió ordenar la circulación y mejorar la seguridad de los peatones. En este caso, la iniciativa toma la forma de una comunicación, por lo que solicita al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) que analice su factibilidad técnica.

La pelea de taxistas por ampliar la vida útil de los coches que prestan servicio sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego que la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Mar del Platas recolectará más de 400 firmas de trabajadores del sector para insistir en su pedido para ampliar 5 años el plazo de servicio.

La iniciativa propone llevar el límite actual de 10 a 15 años, ya que, según plantean, el contexto económico dificulta la renovación de unidades y podría dejar fuera de servicio a una cantidad significativa de autos afectados al sistema, unas 500 unidades aproximadamente.

En la actualidad, la ordenanza establece un máximo de 10 años de antigüedad, aunque ese plazo fue prorrogado en reiteradas oportunidades desde la pandemia. La última extensión fue dispuesta por decreto del intendente Agustín Neme y tiene vigencia hasta junio.

El reclamo es de larga data, pero en las últimas semanas cobró mayor intensidad ante la posibilidad de que cientos de vehículos queden fuera de circulación si no se modifican las condiciones actuales.

Entre los argumentos centrales, los taxistas señalan la caída de ingresos, el aumento de costos operativos, las dificultades para acceder a financiamiento como factores que limitan la renovación de las unidades y, apuntan, la competencia desleal que significan las apps de transporte. También advierten que una reducción en la flota disponible podría afectar la prestación del servicio en la ciudad.

Con la presentación de las firmas, el sector busca dar mayor peso político al planteo y acelerar una definición tanto en el Ejecutivo como en el Concejo Deliberante, donde debería tratarse una eventual modificación de la ordenanza.

La seguridad vial en Mar del Plata volvió al centro de la agenda política con la presentación de un proyecto para declarar la emergencia en todo el partido de General Pueyrredon. La iniciativa, impulsada por el concejal Diego García (Unión por la Patria), pone el foco en una tendencia que no se revierte: más accidentes, más heridos y más muertes, con las motos como protagonistas y los jóvenes como principales víctimas.

Los números que acompañan el proyecto describen un escenario crítico. Solo en 2025, el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) atendió 2.275 personas heridas en siniestros viales, lo que representa cerca del 40% de los ingresos por lesiones. En ese universo, casi siete de cada diez accidentes tuvieron a una moto involucrada, consolidando un patrón que se repite año tras año.

La gravedad no se limita a las lesiones. Según datos de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y del Tránsito, el año pasado cerró con 70 muertes por accidentes de tránsito en la región, un salto de más del 40% respecto de 2024. En paralelo, la Fiscalía N°11 de Delitos Culposos contabilizó 52 víctimas fatales dentro del distrito, también con fuerte presencia de motociclistas en los hechos más graves.

El arranque de 2026 refuerza la tendencia: en poco más de 100 días ya se registraron 26 fallecidos. El dato no solo marca la persistencia del problema, sino que expone su aceleración. En ese contexto, el proyecto plantea la necesidad de una intervención urgente del Estado local, tanto en materia de controles como de prevención y concientización.

Entre las medidas propuestas se incluyen el refuerzo del cuerpo de tránsito, la realización de campañas masivas de educación vial, la ejecución de obras en zonas críticas y el aumento de operativos en distintos puntos de la ciudad. También se plantea reactivar el Observatorio de Seguridad Vial y garantizar la publicación periódica de estadísticas, un punto señalado como ausente en los últimos años.

Más allá del debate político que abrirá la iniciativa, el diagnóstico es compartido: la siniestralidad vial dejó de ser un problema aislado para convertirse en una crisis estructural que impacta en el sistema de salud, en la vida cotidiana y, sobre todo, en una población cada vez más joven.