El Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción seguirá activo por otros 18 meses, luego que este jueves el Concejo Deliberante aprobará su continuidad con el fin de sostener el nivel de inversión privada en uno de los sectores de mayor impacto sobre la economía local. La iniciativa fue impulsada por el Departamento Ejecutivo y recibió el respaldo de la mayoría del cuerpo legislativo.

El régimen fue creado en 2021 con el objetivo de incentivar nuevos desarrollos inmobiliarios mediante una serie de beneficios urbanísticos y administrativos para proyectos que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa. Según el municipio, la continuidad del programa responde al escenario de retracción de la obra pública y a la necesidad de mantener herramientas que favorezcan la inversión privada y la generación de empleo.

Entre los beneficios incorporados se encuentran la posibilidad de acceder a parámetros urbanísticos especiales para determinadas iniciativas, la agilización de trámites vinculados a permisos de construcción y la aplicación de indicadores diferenciales en zonas específicas de la ciudad, siempre bajo evaluación técnica de las áreas competentes.

Previo a la aprobación, la Secretaría de Obras defendió la prórroga al señalar que el régimen tuvo un impacto positivo sobre la actividad. De acuerdo con los datos oficiales, desde su implementación permitió incrementar la cantidad de proyectos presentados y generó un aumento cercano al 25% en la recaudación vinculada a los derechos de construcción.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la herramienta ofrece previsibilidad al sector desarrollador y contribuye a sostener el empleo directo e indirecto que genera la construcción, considerada una de las principales actividades económicas de General Pueyrredon.

El debate también volvió a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en una actualización del Código de Ordenamiento Territorial (COT). Mientras el oficialismo sostuvo que el régimen promocional constituye un instrumento transitorio para mantener la inversión hasta que se concrete una reforma integral de la planificación urbana, sectores de la oposición insistieron en que la ciudad requiere un nuevo marco normativo que reemplace el sistema de prórrogas y excepciones.

El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para solicitar al Ejecutivo que modifique el sistema de registro de la aplicación Salud MGP, al considerar que el mecanismo actual dificulta el acceso de los vecinos a la plataforma. La iniciativa fue impulsada por el concejal Diego García, quien cuestionó que los nuevos usuarios deban asistir de manera presencial a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para validar su identidad antes de poder utilizar la herramienta.

Según expuso el edil en el proyecto, al intentar crear una cuenta en la aplicación el sistema informa que el usuario debe acercarse al CAPS correspondiente para validar su Documento Nacional de Identidad y su número de teléfono celular. Para García, esta exigencia "desnaturaliza" el objetivo con el que fue creada la plataforma, que buscaba evitar trámites presenciales y facilitar la obtención de turnos médicos desde cualquier dispositivo.

En los fundamentos de la iniciativa también se plantea que la Secretaría de Salud cuenta con un presupuesto de $53.508 millones para este año y se recuerda que, cuando la aplicación fue presentada en 2022, se anunció como una plataforma integral que incorporaría funciones como recetas digitales, telemedicina, seguimiento de pacientes y recordatorios de turnos. Sin embargo, desde la oposición sostienen que actualmente solo se encuentra operativa la opción para solicitar turnos.

"No tiene ningún sentido el funcionamiento de la aplicación. Fue creada para que puedas sacar turnos desde tu casa pero, para poder usarla, primero te obliga a ir hasta el CAPS más cercano para validar tu identidad. En lugar de facilitarle la vida a los vecinos, les suma un trámite administrativo más", afirmó García.

El concejal agregó que existen herramientas como Mi Argentina o la aplicación Cuando Llega, que permiten verificar la identidad de los usuarios de forma remota, por lo que consideró que el Municipio debería implementar un sistema similar para eliminar la instancia presencial.

Además de modificar el proceso de validación, el proyecto propone incorporar a la aplicación un mapa interactivo de los Centros de Atención Primaria de la Salud. La idea es que los usuarios puedan identificar qué CAPS les corresponde según su domicilio y acceder desde la misma plataforma a información como direcciones y teléfonos de contacto.

La concejal María Elisa González presentó su renuncia a la banca que ocupaba en el Concejo Deliberante de Mar Chiquita, cargo al que había accedido en 2023 y cuyo mandato se extendía hasta diciembre de 2027. La dimisión será formalizada en la sesión del miércoles, donde los ediles tomarán conocimiento del alejamiento “por motivos personales”. Su lugar volverá a ser ocupado por Teresa Vera, quien ya había ejercido reemplazos en ocasiones anteriores.

González había ingresado al cuerpo deliberativo en el cuarto lugar de la lista de Unión por la Patria, tras la interna en la que la nómina encabezada por Marcelo Sosa quedó por detrás de la liderada por Walter Wischnivetzky. Sin embargo, su paso por el Concejo estuvo marcado por una participación institucional limitada.

Registros oficiales del cuerpo legislativo indican que González faltó a casi la mitad de las sesiones convocadas durante su período de actividad y no presentó proyectos propios ni intervenciones relevantes en el recinto.

Según indicaron fuentes del Concejo, su desempeño había generado cuestionamientos internos y externos debido a su nivel de compromiso con la labor legislativa.

Fuente: Ciudadanoweb.com.ar

El Concejo Deliberante aprobó anoche por unanimidad una serie de modificaciones a las ordenanzas que regulan los servicios de taxi y remises, en una decisión que actualiza el marco normativo vigente y adapta la actividad a los desafíos de la movilidad actual. Durante el debate, el presidente del bloque UCR + Nuevos Aires, Ariel Bordaisco, celebró la medida y afirmó que “lo que se aprobó hoy es un logro concreto para mejorar la experiencia de viaje de miles de vecinos”.

El concejal sostuvo que durante años se continuó regulando “una realidad que ya no existía” y remarcó que la ciudad no podía seguir legislando “para el pasado mientras los ciudadanos viven en el futuro”. En ese sentido, destacó que la actualización normativa pone en el centro de la discusión a los usuarios y permite adecuar el sistema a las nuevas dinámicas de movilidad.

La ordenanza incorpora herramientas tecnológicas, flexibiliza condiciones operativas y abre nuevas posibilidades para que el sistema tradicional pueda competir en igualdad de condiciones frente a las modalidades emergentes. Entre los cambios se encuentran la ampliación de la vida útil de los vehículos, la flexibilización de horarios de prestación, la posibilidad de implementar promociones y descuentos, el uso de aplicaciones para contratar viajes y la incorporación de sistemas de geolocalización para reforzar la seguridad de conductores y pasajeros.

Bordaisco recordó que el bloque UCR + Nuevos Aires impulsó el expediente 1260-UCRNA-26, que proponía actualizar distintos artículos de las ordenanzas vigentes para eliminar restricciones consideradas anacrónicas, ampliar las oportunidades laborales de los choferes e incorporar tecnología que permita mejorar la calidad del servicio.

El concejal subrayó que la modernización del sistema no implica enfrentar sectores, sino regular lo que ya ocurre y brindar más herramientas a taxis y remises para generar reglas claras, mayor seguridad y mejores opciones para los vecinos. “Modernizar es integrar, no excluir”, afirmó.

La actividad de las aplicaciones de transporte tendrá finalmente un marco regulatorio propio en General Pueyrredon, ya que el Concejo Deliberante aprobó este jueves la ordenanza que habilita el funcionamiento de plataformas digitales como Uber, Didi y Cabify bajo un esquema específico de control y requisitos que comenzará a regir una vez que se complete la reglamentación correspondiente.

La propuesta fue aprobada por mayoría con el respaldo de los bloques del Pro, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, mientras que los trs bloques opositores -Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense- votaron en contra.

La nueva normativa representa uno de los cambios más relevantes en materia de movilidad urbana de los últimos años. Hasta ahora, las aplicaciones operaban en un escenario de permanente controversia legal y política, atravesado por reclamos de los sectores tradicionales del transporte y distintas interpretaciones sobre la validez de la actividad, en un contexto donde además se encontraban expresamente prohibidas por ordenanza local.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que el municipio no registrará individualmente a los conductores. En su lugar, se crea un Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad, en el que deberán inscribirse las plataformas que pretendan operar en el distrito.

El cambio implica que la administración comunal no contará con un padrón propio de choferes habilitados ni establecerá límites en la cantidad de prestadores que puedan brindar el servicio. Se trata de uno de los puntos que más resistencia generó entre las entidades que representan a taxistas y remiseros, que reclamaban algún tipo de cupo o restricción para la incorporación de nuevos conductores.

La ordenanza también fija condiciones específicas para quienes quieran trabajar a través de las aplicaciones. Entre ellas, deberán contar con licencia profesional D1 emitida por la Municipalidad de General Pueyrredon. El requisito excluye a conductores de otros distritos y además introduce limitaciones etarias, ya que esa categoría no puede tramitarse por primera vez antes de los 21 años ni después de los 65.

Respecto de los vehículos, se habilita la prestación del servicio tanto con automóviles como con motocicletas. Además, se establece una antigüedad máxima de 15 años para las unidades afectadas a la actividad.

Otro de los puntos destacados es el esquema de fiscalización previsto por la ordenanza. La responsabilidad principal sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos a conductores y vehículos recaerá sobre las propias empresas tecnológicas y no en el Municipio. Según el texto aprobado, las plataformas deberán verificar que quienes operen a través de sus aplicaciones cumplan con todas las condiciones establecidas por la normativa local.

La ordenanza comenzará a aplicarse 90 días después de la publicación de la reglamentación. Durante ese período, las empresas, los conductores y los vehículos deberán adecuarse a las nuevas exigencias para poder continuar prestando servicio dentro del partido de General Pueyrredon.

Tras la aprobación en comisión de un proyecto del oficialismo para regular las apps de transporte, desde Unión por la Patria plantearon múltiples cuestionamientos y pusieron el foco en lo que consideran una falta de respuestas sobre su implementación. "Si mañana pasa algo arriba de un auto que trabaja con una aplicación, la pregunta es simple: ¿quién responde?", planteó la presidenta del bloque, Mariana Cuesta.

Las críticas llegaron luego de que este martes la iniciativa obtuviera despacho favorable en comisión y quedara en condiciones de ser tratada en el recinto en la sesión ordinaria del próximo jueves. Para la principal bancada opositora, el expediente atravesó un proceso de discusión insuficiente y terminó acelerándose tras años sin avances.

"Durante cuatro años eligieron no tratar el tema. Dejaron que la realidad avanzara sin ningún tipo de control y ahora quieren resolverlo de apuro", sostuvo Cuesta, quien calificó como "una vergüenza" la forma en que se arribó al dictamen.

La concejala vinculó la aceleración del tratamiento con el conflicto que la semana pasada tuvo como protagonistas a taxistas y choferes de aplicaciones durante una reunión en el Concejo Deliberante. Según afirmó, recién después de ese episodio aparecieron definiciones por parte del Ejecutivo y del oficialismo.

Desde Unión por la Patria insistieron en que el debate no debería centrarse en habilitar o prohibir las plataformas, sino en garantizar condiciones de seguridad para pasajeros y trabajadores. En ese sentido, reclamaron precisiones sobre los mecanismos de control que tendrá el municipio.

La bancada rechazó de plano el nuevo enfoque del proyecto del gobierno, que avanza con la creación de un registro solamente para las apps, sin contemplar a coductores. En ese marco, la legislación además deposita en las apps y no en el Estado la responsabilidad de auditar que los conductores y los vehículos cumplan con los requisitos establecidos, como carnet de conducir profesional o una antigüedad no mayor a 15 años en el caso de los coches afectados al servicio.

Entre los interrogantes planteados, mencionaron cómo se verificará la situación de conductores habilitados en otras ciudades que operen temporalmente en Mar del Plata, de qué manera los inspectores podrán corroborar antecedentes, seguros y habilitaciones en tiempo real y qué acceso tendrá el Estado municipal a la información de los choferes en caso de accidentes o denuncias.

Además, cuestionaron que el oficialismo rechazara una propuesta para convocar a representantes de las aplicaciones y conocer si cuentan con herramientas técnicas para bloquear a conductores que incumplan los requisitos establecidos por la futura ordenanza.

La bancada también expresó dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las plataformas y sobre el impacto que la incorporación de más vehículos podría tener en la actividad de taxis y remises.

El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para solicitar la intervención del Municipio en un sector del barrio Santa Rita donde denuncian la acumulación de residuos, autopartes y vehículos quemados frente a la Escuela Secundaria N° 79.

La iniciativa, impulsada por el concejal Diego García, apunta a la situación de la calle Ayolas entre la avenida Polonia y Magnasco. Según se expone en el expediente y en fotos adjuntadas, en los predios descampados ubicados frente al establecimiento educativo se observan montículos de basura y una importante cantidad de automóviles incendiados que fueron abandonados en el lugar.

Entre los fundamentos del proyecto se señala que actualmente hay 14 vehículos depositados en el sector, algunos de ellos presuntamente vinculados a hechos delictivos. Además, se advierte que cientos de estudiantes utilizan diariamente ese recorrido para asistir a clases.

A partir de esta situación, el expediente solicita al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) que realice tareas de limpieza e higienización de los residuos y autopartes acumulados sobre la vía pública. También pide que se implemente el programa Propietario Responsable sobre los terrenos involucrados para garantizar su mantenimiento.

Otro de los reclamos está dirigido a la Secretaría de Seguridad. En ese sentido, el proyecto requiere la instalación de una cámara de monitoreo tipo domo sobre la calle Ayolas, al considerar que la zona carece de dispositivos de vigilancia pese a encontrarse a unos 900 metros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

En los considerandos, además, se menciona que vecinos del barrio y miembros de la comunidad educativa realizaron distintos reclamos para visibilizar el estado de abandono del lugar y reclamar medidas que mejoren las condiciones de seguridad e higiene en las inmediaciones de la escuela.

Tras los hechos de violencia ocurridos ayer en el recinto del Concejo Deliberante durante una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana en la que se debatía la regulación de las aplicaciones de transporte, desde los diferentes bloques manifestaron en diálogo con QZ Noticias su desazón sobre lo sucedido, a la vez que pidieron celeridad para avanzar con una regulación acorde y que contenga a todos los sectores.

El concejal de Unión por la Patria, Diego García, consideró como “lamentable” lo que sucedió en la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante y lamentó las dilaciones del Ejecutivo a la hora de dar una respuesta al tema de las aplicaciones de transporte: “Eso hace a que también se genere un clima tenso, una situación muy sensible”.

El edil opositor calificó como “irresponsable” al Ejecutivo por “no contestar los expedientes y no ponerse al frente de cómo hacer para regular las aplicaciones en un marco que le convenga a todos”.

Por su parte desde el PRO, Julián Busetti señaló que fue “muy triste lo que pasó ayer, aunque recordó que “no es la primera vez que pasa”. En ese sentido, reiteró su pedido de reforzar la seguridad en el recinto: “Más cuando se están tratando temas tan delicados como este que afecta a un montón de vecinos de la ciudad”.

Con relación al tema que motivó la confrontación entre sectores, el edil dijo que “hay que seguir con este debate y llevar a Mar del Plata al Siglo XXI”. Busetti indicó que “no puede ser que las aplicaciones de transporte sigan prohibidas” y aseguró que es trabajo de los concejales “legislar y dar un marco adecuado para una ciudad moderna y que apueste al futuro”.

Desde el bloque de la UCR – Nuevos Aires, Ariel Martínez Bordaisco repudió los hechos de violencia y señaló que es “imposible que un espacio de diálogo como tiene que ser un parlamento termine con agresiones, piñas o discusiones entre los que están ni más ni menos que buscando una regulación para sus distintas actividades, para discutir o plantear su mirada sobre una ordenanza que puede involucrar sus intereses”.

Por otro lado, el edil radical pidió “celeridad” para avanzar con la regulación de las aplicaciones y exigió “una norma que contemple la realidad de la movilidad urbana en la ciudad y que busque salidas, equilibrios en la competitividad”. Se mostró “a favor de la regulación y de darle transparencia a las actividades que se desarrollan en la ciudad” y solicitó que la misma “proteja tanto a los al trabajador como al usuario”.

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para reclamarle al gobierno municipal el retiro urgente de vehículos incendiados, desmantelados y abandonados que permanecen durante semanas e incluso meses en calles, descampados y espacios públicos de distintos barrios de Mar del Plata.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Pablo Obeid, quien advirtió sobre una situación que, según sostuvo, se repite cada vez con mayor frecuencia en distintos sectores de la ciudad, especialmente en barrios de la zona sur y áreas periféricas.

“Es notoria la proliferación de vehículos abandonados e incendiados, en una cantidad mayor a otros años, y que además permanecen por tiempo indefinido. Nadie se hace cargo de retirarlos”, afirmó el edil peronista.

Desde Unión por la Patria señalaron que muchos de estos rodados estarían vinculados a hechos de robo automotor y posteriormente serían descartados o incendiados, generando problemas de seguridad, contaminación y deterioro urbano.

“El abandono de estos vehículos no solo representa un problema de seguridad, sino también una situación de deterioro urbano, contaminación ambiental y ocupación indebida del espacio público”, agregó Obeid.

El proyecto solicita que el Ejecutivo municipal intensifique los operativos de relevamiento y remoción de vehículos incendiados o abandonados, especialmente aquellos que representen riesgos para vecinos o generen acumulación de residuos y focos de inseguridad.

Además, la iniciativa pide informes detallados sobre la cantidad de vehículos retirados durante los últimos doce meses, las denuncias recibidas y los protocolos vigentes para la identificación, remoción y disposición final de esos rodados.

En paralelo, Unión por la Patria también reclamó información vinculada a la evolución del robo automotor en Mar del Plata, incluyendo estadísticas sobre hechos denunciados, modalidades delictivas predominantes y evolución mensual comparativa.

“Queremos saber también cómo evolucionaron en el último tiempo los indicadores de robo automotor y qué acciones está tomando el gobierno municipal para combatir este delito”, sostuvo Obeid.

El Concejo Deliberante comenzó a discutir el proyecto impulsado por el oficialismo para modificar la ordenanza que regula la actividad en bares y locales gastronómicos y habilitar nuevas modalidades de entretenimiento nocturno, entre ellas la presencia de DJs y la extensión horaria hasta las 4 de la madrugada. En el marco de la Comisión de Industria surgió un primer consenso: ampliar el debate y convocar a distintos sectores para escuchar sus posiciones.

La propuesta promovida por el Pro busca actualizar la Ordenanza 14.000, que regula los espectáculos en establecimientos gastronómicos. Aunque desde el oficialismo insistieron en que no se habilitará formalmente el “rubro baile”, el proyecto contempla que los locales no sean sancionados en caso de que los clientes bailen espontáneamente durante los shows o presentaciones musicales.

Durante la reunión de comisión, el concejal Fernando Muro defendió la propuesta y aseguró que responde a cambios en las modalidades de consumo y entretenimiento que no están contemplados en la normativa actual. Según sostuvo, la ordenanza vigente “se quedó en el tiempo” y termina funcionando como un freno para nuevas inversiones. “No podemos pedirle a un empresario que invierta si no le damos reglas claras”, expresó.

El concejal también rechazó que el proyecto implique una liberalización total de la nocturnidad. “Para nada es una liberalización, no se está habilitando el rubro baile”, aclaró. Y frente a las críticas por posibles ruidos y desbordes, defendió la capacidad de control del Municipio. “Si la preocupación es el control, hay pruebas suficientes de que la gestión lo puede hacer”, sostuvo.

Desde la oposición surgieron cuestionamientos vinculados principalmente a la convivencia en zonas residenciales y al impacto acústico que podría generar la ampliación horaria. El concejal de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, advirtió que la actualización normativa no puede avanzar sin contemplar a quienes viven cerca de corredores gastronómicos y nocturnos. “Las reglas tienen que ser claras también para el vecino que eligió un barrio residencial y quiere dormir tranquilo”, afirmó el exintendente.

Pulti cuestionó especialmente la posibilidad de permitir música amplificada hasta las 4 de la mañana y planteó dudas sobre el impacto en zonas como Alem y Playa Grande. “¿Quieren los vecinos de Alem música hasta las 4 am?”, preguntó. Además, informó que presentó un proyecto para incorporar una instancia de consulta pública antes de habilitar este tipo de cambios normativos.

En la misma línea se expresó el concejal de Unión por la Patria, Pablo Obeid, quien sostuvo que la inclusión de DJs “entra por fórceps” dentro de una ordenanza vinculada a gastronomía. “El problema hacia afuera es el sonido en un horario extendido”, señaló el edil, quien consideró que el debate implicará resolver un “conflicto de intereses” entre empresarios, consumidores y residentes.

Durante la comisión también expusieron vecinos de Playa Grande, quienes días atrás habían presentado una nota formal manifestando su rechazo al proyecto y alertando por un posible aumento de ruidos, conflictos de convivencia y afectación del descanso en áreas residenciales cercanas a corredores gastronómicos.

Según lo expresado por los concejales, para la próxima reunión de comisión se trabajará en la posibilidad de convocar a cámaras empresariales, representantes culturales, artistas, usuarios y organizaciones vecinales antes de avanzar hacia una definición legislativa. 

El Concejo Deliberante aprobó una nueva prórroga para que los edificios completen la modernización de sus ascensores, en un contexto donde cerca del 50% de los equipos todavía no cumple con las exigencias tecnológicas y de seguridad establecidas por la ordenanza vigente.

La medida extiende por otros 18 meses el plazo original fijado por la Ordenanza 22.663, sancionada en 2016, que obligó a los propietarios a incorporar nuevos sistemas de seguridad, controles de maniobra y cerraduras electromecánicas en el transporte vertical. Se trata de la segunda prórroga otorgada por el Concejo: la primera había sido aprobada en 2024.

El pedido había sido impulsado por la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, que argumentó dificultades económicas y técnicas para completar las obras pendientes. Desde el Municipio también señalaron problemas vinculados a la importación de insumos y a la alta demanda simultánea de adecuaciones.

Según datos oficiales incorporados al expediente, el nivel de avance ronda actualmente el 50% del parque de ascensores del distrito, utilizado diariamente por más de 360 mil personas.

Durante el debate legislativo también surgieron discusiones sobre posibles modificaciones regulatorias vinculadas a inspecciones, controles y actualización tecnológica, en medio de diferencias técnicas entre representantes del sector y funcionarios municipales.

Con la nueva extensión, los propietarios y consorcios tendrán tiempo hasta noviembre de 2027 para completar las adecuaciones exigidas. En esta oportunidad, el Concejo estableció que el nuevo plazo tendrá carácter “improrrogable”.

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante propone rebautizar el actual Paseo Jesús de Galíndez como “Paseo Guillermo Vilas”, en homenaje al mejor tenista argentino de la historia y a su estrecho vínculo con Mar del Plata.

La propuesta fue presentada en las últimas horas por la concejala Gabriela Azcoitía, del bloque UCR + Nuevos Aires, y apunta a modificar la denominación del corredor costero ubicado entre Cabo Corrientes y Las Toscas, en uno de los sectores más representativos del frente marítimo marplatense.

Entre los considerandos del proyecto se pondera la trayectoria deportiva de Guillermo Vilas, considerado el máximo referente del tenis argentino, ganador de cuatro títulos de Grand Slam y uno de los deportistas más relevantes del país. También se remarca su estrecha relación con Mar del Plata, ciudad donde creció, estudió y comenzó su formación deportiva.

Aunque nació en Buenos Aires en 1952 porque su familia se encontraba allí, Vilas pasó su infancia y adolescencia en Mar del Plata. Asistió al Instituto Peralta Ramos y dio sus primeros pasos en el tenis en el Club Náutico Mar del Plata. Este no sería el primer homenaje local, ya que en 2007 fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad.

El expediente sostiene que el paseo costero representa un espacio adecuado para homenajear a una figura “de reconocimiento internacional y profundamente identificada con la identidad deportiva y turística de Mar del Plata”. La ordenanza propuesta también prevé actualizar la señalética urbana y habilita al Ejecutivo municipal a instalar una reseña biográfica sobre Vilas en algún punto del paseo.

Actualmente, el sector lleva el nombre de Jesús de Galíndez, abogado y dirigente vasco exiliado durante el franquismo, secuestrado y asesinado en 1956 en un caso atribuido al régimen de Rafael Trujillo.

El proyecto deberá ahora ser tratado en las distintas comisiones del Concejo Deliberante antes de llegar al recinto para su votación. 

El Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó este jueves una ordenanza para distinguir como “Hijo Dilecto” de la ciudad al tenista Horacio Zeballos, uno de los deportistas marplatenses más destacados de los últimos años.

La decisión busca reconocer la trayectoria internacional del tenista, que alcanzó un lugar histórico para el deporte argentino al convertirse en el primer jugador del país en llegar a la cima del ranking ATP de dobles. La iniciativa fue impulsada por el bloque de La Libertad Avanza.

Nacido en Mar del Plata el 27 de abril de 1985 y formado deportivamente en el Edison Lawn Tenis, Zeballos construyó una carrera con destacados resultados tanto en singles como en dobles. Entre los momentos más recordados aparece el ATP de Santiago de Chile conquistado en 2013, cuando derrotó en la final a Rafael Nadal, que en ese momento ocupaba el primer puesto del ranking mundial.

En los últimos años, sin embargo, su mayor consolidación llegó en la especialidad de dobles junto al español Marcel Granollers. La dupla logró posicionarse entre las más fuertes del circuito, logrando llegar a la cima del ranking ATP y durante 2025 obtuvo títulos de Grand Slam en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

En los fundamentos de la ordenanza, el Concejo sostuvo que la carrera del deportista “ha contribuido significativamente a difundir y prestigiar el nombre de la ciudad de Mar del Plata en el ámbito deportivo internacional”.

El reconocimiento también repasó otros premios obtenidos por Zeballos a lo largo de su carrera, entre ellos el Olimpia, el Lobo de Mar y el Premio al Deporte y la Cultura de Oro entregado en Mar del Plata.

La distinción será entregada oficialmente en una ceremonia cuya fecha y lugar todavía no fue definido.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la transferencia de facultades para que el intendente Agustín Neme establezca por decreto las tarifas del transporte público de pasajeros hasta el 31 de diciembre, en medio de la discusión por un nuevo aumento del boleto y tras el reciente paro de la UTA.

La sanción contó con los votos del oficialismo integrado por Pro, UCR, La Libertad Avanza. En contra votaron Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador.

Con la delegación ya aprobada, el Ejecutivo quedó habilitado para avanzar en las próximas horas con una actualización tarifaria. Según el estudio de costos elaborado por el área municipal de Transporte, el boleto plano debería ubicarse en $1.922,56, un 24% por encima de los $1.550 vigentes desde diciembre.

Aunque el Concejo Deliberante tiene, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, la atribución formal de fijar las tarifas del servicio, el cuerpo volvió a replicar el esquema utilizado durante la gestión de Guillermo Montenegro, delegando esa decisión en el Ejecutivo municipal.

El debate se dio en un contexto de creciente presión de las empresas del sector. A comienzos de abril, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) había solicitado llevar el boleto a $2.569 y advirtió sobre una “crisis terminal” del sistema.

Entre los argumentos planteados por las empresas aparece el retraso en el envío de fondos nacionales correspondientes a los llamados Atributos Sociales Nacionales, las compensaciones que cubren los descuentos otorgados a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales.

Según expuso Cametap, el gobierno de Javier Milei acumula más de tres meses de demora en esos pagos, que representan el 55% del valor de cada pasaje subsidiado. Las compañías sostienen que esa situación afectó seriamente su capacidad financiera y derivó en dificultades para afrontar salarios, un conflicto que terminó desencadenando el paro de colectivos que se extendió desde el viernes por la tarde hasta la mañana del lunes.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la Rendición de Cuentas 2025 de la Administración Central, entes descentralizados y Osse, con los votos del interbloque oficialista integrado por Pro, La Libertad Avanza, UCR y Coalición Cívica. En contra votaron Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador.

El respaldo validó un ejercicio económico marcado por un fuerte deterioro de las cuentas municipales. Según los datos oficiales, el consolidado entre la Administración Central y los entes descentralizados cerró con un déficit financiero de $16.268 millones, mientras que Osse fue el único organismo con superávit, de $8.831 millones.

En la Administración Central, el rojo financiero ascendió a $10.286 millones, más del doble que en 2024. Además, el Municipio perdió el ahorro corriente: los ingresos habituales ya no alcanzaron para cubrir los gastos de funcionamiento.

Desde el oficialismo atribuyeron el resultado a la caída de la recaudación, la inflación y la baja de transferencias nacionales y provinciales. La oposición, en cambio, apuntó contra el aumento de la deuda flotante y la baja ejecución de obra pública.

Según la ejecución presupuestaria, la Municipalidad gastó menos del 20% de los fondos previstos para infraestructura y la inversión en obras cayó cerca de un 60% en términos reales respecto de 2024. Entre los proyectos sin ejecución aparecieron iniciativas financiadas tanto por Nación como por fondos municipales.

Las rendiciones de cuentas de la Administración Central y los entes descentralizados ahora deberán ser revisadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

La reunión conjunta de las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación del Concejo Deliberante aprobaron este martes un dictamen para transferir al Ejecutivo la facultad de aumentar el boleto del transporte público de pasajeros, por lo que el incremento pedido por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), por lo que será responsabilidad del intendente interino Agustín Neme.

La decisión tomada finalmente confirmó los rumores de las últimas horas respecto a que el Concejo Deliberante no avanzaría con el tratamiento del estudios de costos presentado por el propio Ejecutivo, donde se estableció una tarifa de $1.922, sino que en cambio volvería a tomar la decisión de transferir la responsabilidad al Ejecutivo, tal y como ocurrió en los seis años del gobierno de Guillermo Montenegro.

El concejal Julián Bussetti tuvo a su cargo notificar la postura, a través de un dictamen donde se fija que la transferencia de facultades se extenderá por “siete meses”, es decir, hasta fin de año. El edil expuso un informe crítico sobre la situación financiera del transporte público, aunque también dejó un declaración de peso al manifestar su repudio al “paro extorsivo de las empresas”.

La referencia es al paro formalmente realizado por la UTA ante la falta de pago de salarios, que dejó sin servicio a miles de marplatenses desde el viernes a las 18 hs hasta el lunes a primera hora. La declaración de Bussetti apuntó directamente contra las concesionarias, exponiendo que se trató de  un look out empresarial más que de una medida sindical.

El dictamen fue aprobado por el Pro, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza, mientras que la oposición se manifestó completamente en contra de la transferencia de facultades. Tanto Unión por la Patria, Acción Marplatense como el Frente Renovador formularon encendidos discursos, donde responsabilidad al gobierno municipal por la situación, además de recordar que la propia Cametap indicó que el gobierno nacional adeuda compensaciones equivalente a la masa salarial de tres meses.

“Si fue un paro extorsivo, tuvo resultado si ahora habilitan el aumento”, le reprochó Horacio Taccone (AM), a Julián Bussetti, recalcando que el estudio de costos lo elevó el Ejecutivo minutos después de iniciado el paro el pasado viernes.

El dictamen ahora será tratado en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante prevista para este jueves. Tras ello, restará la promulgación de la ordenanza y un posterior decreto de Neme oficializando el nuevo cuadro tarifario.

La discusión entre los sectores de choferes y aplicaciones y los taxistas y remises es históricamente áspera, pero ayer durante el debate de la Comisión Ordinaria de Movilidad Urbana en el recinto deliberativo del Concejo la situación escaló hasta llegar a los insultos, los empujones y los golpes entre representantes de ambas partes. Pasado el calor de la jornada, desde la Asociación Civil de Conductores Unidos, Facundo Setzes lamentó lo sucedido y señaló que espera que se reinicie el debate, esta vez con medidas de seguridad acordes. Y aseguró: “No queremos beneficios extra, simplemente queremos trabajar en un marco legal”.

En diálogo con QZ Noticias, Setzes se mostró afectado tras los incidentes en el Concejo y confesó sentirse “un poquito desanimado con respecto a cómo sucedieron los hechos y cómo se desarrolló la comisión”, remarcando de forma tajante que de ninguna manera apaña ni avala “ese tipo de comportamientos ni de situaciones que se vivieron”.

El dirigente relató que a unos compañeros suyos “los empezaron a amenazar y hasta los escupieron” y resaltó que esto provocó una trifulca y un conflicto que derivó en amenazas directas hacia su persona por parte de sectores de los taxistas, culminando en lo que quedó registrado en las filmaciones: “Los hechos de violencia, las agresiones físicas hacia mí y el avasallamiento de algunos integrantes de los sindicatos de taxis”.

Setzes aclaró que siempre han manifestado públicamente estar abiertos al diálogo y que no buscan la confrontación. “Entendemos que somos todos colegas, que estamos trabajando para llevar un sustento a nuestras casas y no tenemos una rivalidad”, sostuvo. Asimismo, diferenció el comportamiento general de lo que consideró el accionar de “algunos inadaptados sociales, como siempre pasa, comandados por algunos referentes que no creen en el diálogo ni en el debate”.

Setzes explicó que el problema no proviene de los taxistas, sino de los propietarios de licencias y la dirigencia sindical, movilizados por intereses particulares. De hecho, estimó que “más de un 80% de las personas que son choferes de taxis y remises trabajan con aplicaciones de forma complementaria” a su jornada laboral tradicional, usándolo como una herramienta que suma.

Respecto a si la resistencia a las aplicaciones es una constante en todo el país, Setzes aclaró que, si bien puede haber un marco provincial, la potestad regulatoria del transporte es puramente municipal. Mencionó que existen normativas muy diversas en distritos como Tres Arroyos, Bahía Blanca o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respondiendo a distintas realidades.

En General Pueyrredon, la situación se encuentra estancada por una normativa restrictiva vigente desde hace siete años. “Acá particularmente rige una ordenanza del año 2019 que prohíbe realizar esta actividad sin habilitación municipal”, explicó, señalando que la meta de su asociación es derogar esa prohibición para lograr una ordenanza de habilitación legal. En ese sentido, remarcó que lo que buscan es una regulación justa e igualitaria con los taxis en cuanto a condiciones: “No queremos beneficios extra, simplemente queremos trabajar en un marco legal, no ser perseguidos por transporte municipal ni provincial, ni tampoco ser tratados como criminales”.

Al evaluar las propuestas que se discuten en el plano legislativo local, Setzes destacó que su espacio forma parte activa del proceso y presentó un proyecto propio. Esta propuesta busca garantizar parámetros de seguridad vial y para los usuarios, exigiendo una antigüedad máxima del vehículo de 15 años, registro profesional, seguro comercial y que los conductores residan en Mar del Plata.

Además, destacó el trabajo en conjunto que vienen realizando con el concejal Guido García, de la Coalición Cívica, bloque al que definió como “el pionero en estos asuntos” desde 2019. Por el contrario, cuestionó la propuesta de La Libertad Avanza porque se basa en una lógica excesivamente regulatoria -lo cual consideró una contraposición a los lineamientos libertarios que predican- y fundamentó su rechazo en que plantea un “régimen unificado de transporte que comprende regulaciones de forma general para taxis, remises y aplicaciones... eso claramente desconoce nuestro concepto de servicio privado de transporte”.

Sobre la posibilidad de retomar las negociaciones tras los episodios de violencia, el dirigente confirmó que la predisposición para sesionar y debatir sigue en pie. Indicó que actualmente el Ejecutivo y el cuerpo deliberativo coordinan cómo llevar adelante el próximo encuentro, el cual se pretende que vuelva a ser a puertas abiertas. No obstante, admitió que el plazo para que esto ocurra -estimado en dos semanas o más- es todavía una incógnita. “Esperemos que los hechos de violencia no se vuelvan a suscitar, que nos podamos sentar a dialogar y entender que somos todos trabajadores, que queremos llevar el pan a nuestras casas y trabajar de manera bien legal”, señaló Setzes.

El Concejo Deliberante declaró “de interés” el 75° aniversario del Club Biguá de Mar del Plata, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte al desarrollo deportivo y social de la comunidad. “Esto demuestra lo importante que son los clubes y el secreto es su gente”, dijo su vicepresidente, Sebastián Garro.

Participaron del encuentro el propio Garro; el presidente del EMDER, Sebastián D’Andrea; los concejales Marcelo Cardoso y Ricardo Liceaga Viñas; la presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Patricia Garciarena; además de autoridades, socios y deportistas de la institución. El acto se realizó impulsado por la concejal Vilma Baragiola.

Tras recibir la distinción, el dirigente agradeció en nombre de la institución: “Esto demuestra lo importante que son los clubes y el secreto es su gente, trabajando ad honorem gracias al poder de la identificación con una entidad. Por los que pasaron, por los que están y por los que vendrán, muchas gracias”.

El Club Biguá fue fundado el 5 de mayo de 1951 por Jorge Alvear, profesor de Educación Física del Instituto Peralta Ramos, quien impulsó la creación de un espacio independiente para practicar rugby junto a sus alumnos. Ese mismo año, la institución se incorporó a la Unión de Rugby de Mar del Plata y adoptó como distintivo un trébol de cuatro hojas con los colores rojo, verde, celeste y azul, representativos de los clubes fundadores.

Desde entonces, Biguá se consolidó como una institución deportiva y social de referencia, un espacio de contención, encuentro e integración para generaciones de niños, jóvenes y familias marplatenses.

Un proyecto presentado por Unión por la Patria propone ampliar la ordenanza antitabaco que rige en General Pueyrredon, para a partir de ahora prohibir explícitamente los vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos similares en los mismos espacios públicos y de acceso público donde no se permiten los cigarrillos tradicionales.

El expediente iniciado este jueves por el concejal Diego García se centra en actualizar la Ordenanza 20.104 que data originalmente de 2010, si bien en los años tuvo incorporaciones de nuevos espacios a la prohibición. La norma actualmente prohíbe fumar en bares, restaurantes, oficinas, espacios culturales, medios de transporte y distintos sectores recreativos de la ciudad, principalmente plazas y parques con juegos infantiles.

De acuerdo a los fundamentos vertidos en el proyecto, la norma quedó desactualizada frente al crecimiento del uso de dispositivos alternativos como los cigarrillos electrónicos, vaporizadores y los llamados Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN). Es que la ordenanza solo contiene la prohibición en cuanto a "fumar o sostener tabaco encendido o similar", lo que no alcanza estas modalidades modernas.

Así entonces, para proteger la salud no no fumadores, el proyecto propone sumar dentro de las prohibiciones a cigarrillos electrónicos, vaporizadores y cualquier otro dispositivo destinado a liberar nicotina u otras sustancias mediante aerosol o vapor.

De ser sancionada, la nueva ordenanza pondría en pie de igualdad al cigarrillo tradicional con estos elementos, por lo que la restricción alcanzaría tanto a espacios cerrados de acceso público como a plazas con juegos infantiles, circuitos aeróbicos, balnearios y unidades turísticas fiscales, tal como ya ocurre con el cigarrillo tradicional.

Además del factor prohibitivo, la iniciativa también incorpora campañas de prevención y concientización dirigidas especialmente a adolescentes y jóvenes, uno de los grupos donde más creció el consumo de vapeadores durante los últimos años.

En los fundamentos del expediente, García remarcó que “los cigarrillos electrónicos no son inofensivos” y advirtió que todavía “no conocemos los efectos a largo plazo del consumo de vaporizadores y cigarrillos electrónicos”, más allá que distintas investigaciones científicas alertan sobre los peligros en la salud que generan estos dispositivos.

El proyecto para crear áreas de trabajo compartido en bibliotecas municipalescomenzó a tratarse en comisión. Concejales solicitaron informes técnicos antes de avanzar con la iniciativa.

La idea de convertir bibliotecas municipales y otros edificios públicos en espacios de coworking empezó a dar sus primeros pasos concretos dentro del Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Dos meses después de su presentación, el expediente ingresó esta semana al debate en la Comisión de Industria, donde los concejales resolvieron pedir informes al Ejecutivo para determinar si existen condiciones reales para implementar la propuesta.

El proyecto, impulsado por el concejal del Pro Julián Bussetti, plantea la creación de un programa municipal de espacios de coworking y estudio orientado a estudiantes, freelancers, emprendedores y trabajadores remotos. La iniciativa busca aprovechar inmuebles municipales “subutilizados”, con foco principalmente en las bibliotecas públicas de la ciudad.

Hoy mantenemos estructuras públicas vacías que ya no tienen sentido. Eso tiene que cambiar.Coworking, espacios de estudio para estudiantes y emprendedores, con internet y hasta cafetería para encontrarse y trabajar.Que el Estado vuelva a servirle a la gente. ☕️📚🚀 pic.twitter.com/HYJjA3MSOZ

Sin embargo, antes de avanzar con el tratamiento político del expediente, la comisión acordó solicitar información a las secretarías de Obras de Desarrollo Local. El objetivo es conocer qué espacios podrían adaptarse, cuáles son las condiciones de infraestructura disponibles y qué tipo de inversión demandaría el proyecto.

La propuesta apunta a incorporar servicios habituales en este tipo de ámbitos compartidos: conexión wifi, áreas comunes, puestos individuales de trabajo y sectores de estudio. Incluso, el expediente contempla la posibilidad de sumar cafeterías o servicios complementarios para fomentar la permanencia y el uso cotidiano de esos espacios.

En los fundamentos de la iniciativa, Bussetti sostiene que muchas bibliotecas públicas atraviesan una caída en la cantidad de usuarios y considera que la incorporación de nuevos formatos de uso podría ayudar a revitalizarlas. El planteo también se apoya en el crecimiento del trabajo remoto y de la economía del conocimiento en Mar del Plata, un sector que en los últimos años expandió su peso dentro del mercado laboral local.

El expediente continuará ahora en análisis a la espera de las respuestas técnicas del Ejecutivo, que serán clave para definir si la propuesta avanza o queda limitada a una expresión de intención dentro del Concejo.