El fiscal federal Sergio Mola solicitó la detención de Martín Insaurralde en el marco de la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El pedido fue presentado ante el juzgado que interviene en el expediente.

La investigación tomó un fuerte impulso tras la reciente difusión de un videos pertenecientes a Jésica Cirio, ex pareja de Insaurralde, donde se ven varios fajos de dólares en un vestidor.

El expediente se originó en septiembre de 2023, tras las imágenes del ex funcionario a bordo del yate "Bandido" junto a la modelo Sofía Clerici durante un viaje por el Mediterráneo, episodio que derivó en su renuncia a la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y en el avance de la pesquisa judicial.

Difunden videos de Jesica Cirio junto a bolsas con dólares que quedaron bajo análisis en la causa contra Insaurralde pic.twitter.com/3629geXpoh

Ahora, el pedido formulado por el fiscal deberá ser analizado por el juez de la causa, Luis Armella, quien resolverá si hace lugar o no a la solicitud de detención del exfuncionario.

Hace cuatro días atrás, la Justicia allanó dos domicilios de Cirio y su expareja Elías Piccirillo, tras conocerse el video de los fajos de dólares dentro de bolsas plásticas transparentes.

El fiscal Mola solicitó un peritaje técnico sobre los videos de Cirio, que se difundieron el pasado fin de semana, para confirmar el monto de dinero que aparece en las imágenes.

Luego de los allanamientos que se llevaron a cabo en sus propiedades, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia y los peritos informáticos analizaron el dispositivo para intentar extraer los metadatos de los archivos originales, y así confirmar la fecha exacta de grabación y la procedencia de los mismos. 

La mediática Jésica Cirio entregó su celular y fijó domicilio por orden del juez federal Luis Armella, en el marco de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de su ex esposo, el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, confirmaron fuentes judiciales.

El abogado de Cirio, Claudio Caffarello, presentó el dispositivo y las claves ante Gendarmería, que quedó a cargo de la custodia y del procedimiento de resguardo. La medida se cumplió dentro del plazo de 24 horas dispuesto por el magistrado.

El juez busca determinar si en el teléfono se encuentran los videos viralizados en los últimos días, en los que se ve a Cirio grabándose en el vestidor que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente, mostrando fajos de dólares guardados en cajones, bolsas y valijas.

Tras la difusión de ese material, Armella ordenó allanamientos el pasado domingo en los domicilios de Cirio -donde no fue encontrada- y de Elías Piccirillo, otro de sus ex esposos. Piccirillo exhibió su celular y permitió su peritaje, que arrojó resultado negativo.

En un comunicado previo, Cirio sostuvo que el acceso a las grabaciones difundidas fue “producto de maniobras ilícitas” y denunció que sufrió una “vulneración” de sus archivos audiovisuales. Afirmó además que desde hace más de un año recibe intentos de extorsión con amenazas de difundir imágenes de contenido íntimo.

Ante la confirmación de que terceros tenían los videos, la conductora realizó la denuncia correspondiente. La causa continúa avanzando con nuevas medidas de prueba ordenadas por el juzgado.

Fuente: Noticiasargentinas.com

Un tribunal de Madrid dispuso que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, sea enviada a juicio por presunta corrupción y le prohibió abandonar el país, según una resolución judicial difundida en la capital española. La medida incluye la obligación de entregar su pasaporte y presentarse dos veces al mes ante la Justicia.

El magistrado Juan Carlos Peinado, a cargo de la instrucción, ordenó además alertar a “todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para impedir que la imputada abandone territorio europeo mientras avanza el proceso. La decisión se fundamenta en un extenso listado de presuntas irregularidades que, según la investigación, alcanzan al entorno familiar de la Moncloa.

En el fallo, Peinado procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La causa también alcanza a su asesora Cristina Alvarez, imputada por los mismos delitos, y al empresario Juan Carlos Barrabés, acusado de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La investigación penal se inició en abril de 2024, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, para esclarecer un presunto entramado de influencias y beneficios vinculados a una cátedra universitaria que Gómez codirigía. Los peritajes sobre convenios y financiamiento académico fueron determinantes para que la Fiscalía y el juzgado consideraran reunidos los elementos necesarios para elevar la causa a juicio.

Fuente: Noticiasargentinas.com

El ex financista Leonardo Fariña declaró hoy en el juicio de la denominada Causa Cuadernos, el proceso que tiene como principal imputada a la ex presidente Cristina Fernández, acusada de liderar una presunta asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

Durante su exposición, Fariña afirmó que el ex presidente Néstor Kirchner facilitó el “crecimiento exponencial” del conglomerado empresarial de Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones, y describió una relación de confianza personal y comercial entre ambos.

“Báez era amigo con todas las letras de Néstor Kirchner… era un depositario de confianza, lo cual le facilitó no solo el inicio de la empresa sino su crecimiento exponencial”, declaró.

El testigo también señaló que Báez tenía como interlocutor directo al entonces secretario de Obras Públicas, José López, dentro del Ministerio de Planificación Federal que encabezaba Julio De Vido. Según su testimonio, esa estructura le permitía a Austral Construcciones obtener celeridad en el cobro de certificados de obra. “Levantaba un teléfono, iba y cobraba”, afirmó Fariña ante el tribunal.

El juicio por la causa Cuadernos continúa con la declaración de testigos considerados clave para reconstruir el funcionamiento del presunto circuito de recaudación ilegal durante los gobiernos kirchneristas.

El Gobierno nacional enfrenta este miércoles un nuevo intento opositor para llevar al recinto de la Cámara de Diputados la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque en la Casa Rosada descartan que la convocatoria logre reunir el número necesario para habilitar la sesión especial.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, en Balcarce 50 consideran que la oposición no alcanzará los 129 diputados requeridos para iniciar el debate impulsado por el legislador de Provincias Unidas, Esteban Paulón, acompañado por sectores de Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y distintos monobloques.

En el oficialismo calculan que, aun con una asistencia completa de Unión por la Patria, el número apenas rondaría los 115 legisladores presentes. “Eventualmente hablarán en minoría”, sintetizó un operador legislativo cercano al Gobierno, que además relativizó el impacto político de la sesión. “Aunque lograran quórum, no tienen los votos para avanzar en comisión”, aseguró.

El temario previsto incluye pedidos de interpelación contra Adorni e incluso una moción de censura, aunque la falta de dictamen previo obliga a la oposición a intentar primero un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Desde el PRO tampoco habría intención de facilitar el inicio de la sesión. En el espacio argumentan que no acostumbran dar quórum en convocatorias impulsadas por otros bloques, aunque el vínculo con La Libertad Avanza atraviesa un momento de creciente tensión tras las recientes críticas del expresidente Mauricio Macri hacia la administración libertaria.

En paralelo, el Gobierno insiste en que la situación judicial que involucra a Adorni debe resolverse exclusivamente en los tribunales. La causa se originó hace dos meses, luego de que se conociera la participación de Bettina Angeletti —esposa del funcionario— en la delegación oficial que viajó a Nueva York durante la denominada “Argentina Week”.

Pese a la controversia, tanto el presidente Javier Milei como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantienen un respaldo explícito al jefe de Gabinete, quien continúa en funciones.

La defensa política llegó incluso a generar cortocircuitos internos dentro del oficialismo. El mandatario salió al cruce de la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, una de las pocas voces dentro del espacio que reclamó públicamente que Adorni adelante la presentación de su declaración jurada para aclarar la compra de propiedades y los viajes cuestionados.

En su marco de la presentación del Informe 145 al Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación que viajó junto al presidente Javier Milei en el ARG 01 rumbo a Nueva York durante el informe de gestión que brinda en el Congreso Nacional, y rechazó la existencia de “delito” para justificar su patrimonio.

“Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, expresó, y completó: “Se concluyó que la documentación vinculadas al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”.

Asimismo, el funcionario destacó que la causa fue archivada por la justicia y subrayó que “la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado y que no existió incumplimiento en su invitación”, aseveró.

“Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, añadió desde Diputados, y completó: “Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Estas disculpas han sido utilizadas por algunos como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno, lo cual no me sorprende”.

Por otra parte, Adorni pidió dividir sus gastos privados del público y diferenciar las actividades de su vida privada con “actos de gobierno”. “Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, expresó.

“El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas. Tendenciosas y falsas”, aseveró además.

Asimismo, se comprometió a presentar la nueva declaración jurada, con fecha de vencimiento el 31 de julio, en la detalla su patrimonio integral. “Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas. También, las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la Justicia”, especificó.

“Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, se expidió el funcionario, y rechazó contrataciones entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío.

Por último, desmintió la existencia de contratos entre el Estado y Bettina Angeletti, “ni directa ni indirectamente”, y sostuvo que “no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la Ley de Ética Pública o en sus reglamentaciones”.

“Nunca un Gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario, los funcionarios anteriores hoy cuentan con condenas firmes y participan de un espacio político que hoy quiere simular una igualdad de condiciones”, afirmó, y concluyó: "Han sacado conclusiones equivocadas y quiero ser más claro todavía: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción, sobreprecios, cartelización y desvío de fondos dentro del organismo. Citado por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, optó por no declarar.

La causa involucra a 34 imputados, entre ex funcionarios y empresarios, y se centra en un presunto esquema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas. Según la resolución del juez Lijo, un conjunto reducido de firmas habría simulado competir entre sí para asegurar adjudicaciones previamente acordadas, en connivencia con funcionarios del organismo.

Las indagatorias continuarán con el ex segundo de la ANDIS, Daniel María Garbellini. También están citados Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, según el cronograma judicial.

El magistrado dispuso además la inhibición general de bienes de las personas y empresas involucradas, ante la posibilidad de maniobras destinadas a desprenderse de activos que podrían constituir instrumentos o productos de delitos.

La investigación avanzó en los últimos meses sobre un segundo circuito de desvíos dentro de la ANDIS. De acuerdo con el fiscal Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, se detectaron más de $75 mil millones devengados en favor de un reducido grupo empresarial mediante acuerdos indebidos entre funcionarios y proveedores de insumos de alto costo y baja incidencia.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que la ANDIS dependía del Ministerio de Salud de la Nación.

Fuente: con información de TN

En un clima político cargado, el gobierno nacional decidió postergar la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios y movió el calendario en un momento incómodo: en paralelo a las dudas que rodean al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La resolución de la Oficina Anticorrupción fijó una nueva fecha límite: el 31 de julio de 2026. El plazo original vencía a fines de mayo y correspondía a la actualización anual de los datos patrimoniales del período 2025.

Aunque desde el organismo argumentaron razones técnicas -principalmente la necesidad de contar con información impositiva consolidada, como las presentaciones de Ganancias y Bienes Personales-, la decisión no pasó desapercibida por el contexto en el que se tomó.

El nombre de Adorni aparece en el centro de la escena desde hace semanas, a partir de cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio. En ese marco, la prórroga fue leída por distintos sectores como una señal que, al menos en términos políticos, suma ruido en lugar de despejarlo.

La obligación de presentar declaraciones juradas alcanza a todos los funcionarios comprendidos en la Ley de Ética Pública, que establece informes al inicio y al final de la gestión, además de actualizaciones anuales. Se trata de una herramienta clave para el control ciudadano sobre los bienes de quienes ocupan cargos públicos.

La Sala IV de Casación Federal dispuso avanzar con la ejecución de bienes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La decisión se inscribe en la etapa de recuperación de activos y apunta a cubrir el monto del perjuicio económico determinado en la sentencia, vinculado a irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

El alcance de la medida no se limita a la ex mandataria, sino que también comprende a otros condenados en el expediente. De esta manera, el proceso judicial avanza sobre el patrimonio de los involucrados con el objetivo de resarcir al Estado por los fondos considerados desviados, en monto superior a los 684.000 millones de pesos.

En ese contexto, la resolución judicial habilita avanzar sobre propiedades, empresas y otros activos vinculados a la ex mandataria y al resto de los implicados, entre ellos el empresario Lázaro Báez. La decisión también abarca a bienes transferidos a los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia. 

El hijo de una de las jubiladas que le vendió un departamento en Caballito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró ante la Justicia que se acordó un pago de 65 mil dólares por fuera de la operación inmobiliaria formal, los cuales aún no fueron saldados, según informaron fuentes judiciales.

La afirmación se dio en el marco de la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, centrada en la compra de un inmueble en el barrio porteño de Caballito. El testigo, identificado como Pablo Martín Feijoo, es señalado como una de las personas que intervino en la negociación y en la organización de la transacción.

De acuerdo a la declaración de dos horas del hijo de Beatriz Viegas -una de las vendedores-, el acuerdo incluyó ese monto adicional no registrado dentro de la escritura. La operación había sido formalizada por un valor declarado cercano a los 230 mil dólares, con 30 mil dólares abonada al contado y los restantes 200 mil dólares financiados por las vendedoras.

La investigación judicial a cargo del fiscal Gerardo Policita intenta reconstruir cómo se concretó la compra y si los términos del pago se corresponden con los ingresos declarados por Adorni. En ese marco, distintos testimonios coinciden en que el hijo de la jubilada tuvo un rol central como nexo entre las partes involucradas.

Las dos mujeres que vendieron el inmueble ya habían declarado previamente y señalaron que no tenían trato directo con el funcionario y que la operación fue manejada por sus familiares.

El expediente, que tramita en la Justicia federal, continúa sumando pruebas y testimonios para determinar si existieron irregularidades en la operación inmobiliaria y en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.