Un proyecto de ley que propone modificar el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires para incorporar una exención específica del Impuesto a los Ingresos Brutos a quienes prestan servicios de transporte exclusivo para personas con discapacidad fue presentado ante la Legislatura bonaerense.

La iniciativa surge en un contexto de creciente crisis del sector, que afecta la continuidad de traslados esenciales hacia terapias, centros educativos, talleres protegidos y espacios de rehabilitación.

Según fundamenta el proyecto, firmado por la diputada Margarita Recalde, la actividad carece de un marco jurídico específico en la provincia, lo que deja a transportistas y usuarios en una situación de vulnerabilidad. Sostiene que el servicio está amparado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la Ley 24.901, que reconoce el derecho al transporte como parte de las prestaciones básicas.

La legisladora remarca que se trata de una tarea sostenida por vínculos de confianza y cotidianeidad con las familias, y que cumple un rol social decisivo para derribar barreras que históricamente afectan al colectivo.

El texto advierte que, desde 2024, el sector atraviesa un escenario crítico debido al ajuste presupuestario del Gobierno nacional, la estigmatización pública y la aplicación de medidas administrativas que deterioran la vida de las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores del sistema. En ese marco, Recalde subraya que el transporte especializado es una actividad económica, pero sobre todo una función social indispensable, hoy afectada por la imposibilidad de sostener costos básicos de operación.

El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo.

Fuente: Agencia NA