La Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, con el apoyo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación, lleva adelante el taller de reparación y reacondicionamiento de sillas de ruedas y otros elementos ortopédicos, como andadores, bastones y trípodes.

La actividad se realiza en el Area de Emprendimientos de Integración Social y está dirigida a personas con discapacidad de tipo mental, con el objetivo de fortalecer su inserción laboral mediante la capacitación en refacción de prótesis y órtesis.

Además de la reparación, el espacio municipal coordina préstamos en comodato de los elementos reacondicionados y trabaja de manera articulada con instituciones públicas como CEMA, INAREPS, el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende, y con la comunidad en general. Para consultas y solicitudes de sillas de ruedas en préstamo, está disponible el Whatsapp 223 577-4705.

Gracias a los conocimientos adquiridos, los participantes también intervienen en la reparación de las bicicletas del Programa UNMDP en Bicicleta, desarrollado junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esta tarea les permite ampliar su campo de saberes y devolver a la casa de estudios los rodados en condiciones óptimas para continuar con los préstamos a estudiantes y extender su vida útil.

El Juzgado Federal Nº3 de Córdoba resolvió hacer lugar a una acción de amparo colectiva y ordenó al programa Incluir Salud y al PAMI regularizar de manera inmediata el pago de prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas. La medida alcanza a miles de beneficiarios en todo el país y busca garantizar la continuidad de servicios esenciales brindados por instituciones y profesionales del sector.

La resolución judicial establece que ambos organismos deberán normalizar y mantener al día la cadena de pagos, luego de constatarse demoras que, en algunos casos, se extendieron por hasta cinco meses. El amparo fue promovido por la abogada Marta Lastra y tiene alcance colectivo, por lo que también protege la sustentabilidad económica de hogares, centros de día y prestadores independientes afectados por la interrupción del flujo de fondos.

El fallo aborda además un conflicto estructural derivado del corte en las transferencias estatales desde fines de 2025, situación vinculada al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El juez federal Miguel Vaca Narvaja cuestionó con dureza la conducta del Estado Nacional: “No puede el Estado esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado, desatendiendo derechos fundamentales de un colectivo sumamente vulnerable”, sostuvo. Y advirtió que persistir en esa omisión podría generar responsabilidades civiles y penales para los funcionarios involucrados.

En su argumentación, el magistrado remarcó que la asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública prioritaria y que el derecho a la salud no puede quedar reducido a una declaración formal. Consideró que las demoras injustificadas en los pagos configuran un accionar arbitrario e ilegal por parte del Ministerio de Salud, afectando directamente la continuidad de tratamientos y apoyos indispensables para las personas con discapacidad.

El Ministerio de Salud dispuso, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, una actualización del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a junio. La medida quedó oficializada hoy mediante la Resolución 1297/2026, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y publicada en el Boletín Oficial.

Según el texto de la resolución, el incremento se aplicará sin distinción por tipo de prestación y fue calculado en base a la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. La actualización se suma a los valores aprobados previamente mediante la Resolución 517/2026.

El documento señala: “Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de junio del año en curso, consistente en un incremento del 2,10 %, sin diferencia por tipo de prestación”.

Además, la normativa incorpora un adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia, tal como prevé el régimen vigente.

La actualización impacta en instituciones, profesionales y servicios que integran el sistema de atención integral para personas con discapacidad, y forma parte del esquema mensual de revisión de aranceles basado en la evolución inflacionaria.

Fuente: Noticiasargentinas.com

El Gobierno nacional anunció que, a partir del próximo viernes 19, las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin necesidad de presentar de forma física el Certificado Unico de Discapacidad (CUD). La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X.

Según explicó el funcionario, los usuarios beneficiarios podrán acceder a una bonificación del 100% en el transporte público utilizando directamente la tarjeta SUBE, siempre que previamente realicen el trámite de vinculación del certificado en la plataforma oficial del sistema. De esta manera, los validadores reconocerán automáticamente el beneficio al momento de apoyar la tarjeta.

Adorni señaló que la nueva modalidad convivirá con el sistema actual, por lo que quienes deseen seguir utilizando el CUD en formato físico podrán hacerlo sin inconvenientes. La digitalización se implementará inicialmente en las líneas de transporte de jurisdicción nacional, aunque el objetivo del Gobierno es extenderla progresivamente al resto de las provincias y municipios.

La medida se enmarca en el proceso de modernización del sistema SUBE y busca simplificar el acceso al beneficio, evitando que los usuarios deban exhibir documentación ante choferes o inspectores.

Fuente: Noticiasargentinas.com

Un proyecto de ley que propone modificar el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires para incorporar una exención específica del Impuesto a los Ingresos Brutos a quienes prestan servicios de transporte exclusivo para personas con discapacidad fue presentado ante la Legislatura bonaerense.

La iniciativa surge en un contexto de creciente crisis del sector, que afecta la continuidad de traslados esenciales hacia terapias, centros educativos, talleres protegidos y espacios de rehabilitación.

Según fundamenta el proyecto, firmado por la diputada Margarita Recalde, la actividad carece de un marco jurídico específico en la provincia, lo que deja a transportistas y usuarios en una situación de vulnerabilidad. Sostiene que el servicio está amparado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la Ley 24.901, que reconoce el derecho al transporte como parte de las prestaciones básicas.

La legisladora remarca que se trata de una tarea sostenida por vínculos de confianza y cotidianeidad con las familias, y que cumple un rol social decisivo para derribar barreras que históricamente afectan al colectivo.

El texto advierte que, desde 2024, el sector atraviesa un escenario crítico debido al ajuste presupuestario del Gobierno nacional, la estigmatización pública y la aplicación de medidas administrativas que deterioran la vida de las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores del sistema. En ese marco, Recalde subraya que el transporte especializado es una actividad económica, pero sobre todo una función social indispensable, hoy afectada por la imposibilidad de sostener costos básicos de operación.

El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo.

Fuente: Agencia NA