La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Educación, informó que el Programa Educativo Barrial (PEBa) continúa ampliando su alcance en la comunidad, con más de 6500 vecinos capacitados durante el primer semestre de 2026, consolidándose como una herramienta clave de formación accesible en los barrios de Mar del Plata y Batán.

El crecimiento representa un incremento del 20% en la participación respecto al año anterior, reflejando la expansión sostenida del programa y su impacto en la educación comunitaria. Entre marzo y julio, el PEBa ofreció 49 cursos virtuales y actualmente mantiene en funcionamiento 350 propuestas presenciales distribuidas en 140 instituciones barriales, a las que asisten semanalmente más de 4000 vecinos.

Los talleres, de carácter gratuito, están orientados a fortalecer la formación laboral, el desarrollo personal y la integración comunitaria. En total, la iniciativa alcanza a 86 barrios, con contenidos adaptados a las necesidades de cada territorio y una dinámica que busca acompañar procesos educativos a lo largo de toda la vida.

Desde el Municipio destacaron que la oferta educativa se renueva mensualmente y puede consultarse de manera online, reforzando el objetivo de garantizar el acceso a la educación mediante el trabajo articulado con organizaciones sociales, instituciones educativas y universidades.

Tras meses de debates, el Concejo Deliberante finalmente sancionó una ordenanza que restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas secundarias municipales. La propuesta presentada por Unión por la Patria fija un marco para limitar su utilización durante el horario de clases, aunque mantiene la posibilidad de emplearlos cuando formen parte de actividades con objetivos pedagógicos.

La norma impulsada por la concejala Mariana Cuesta busca promover un uso responsable de la tecnología en el ámbito escolar y reducir las distracciones que generan los dispositivos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, establece que los celulares no deberán permanecer disponibles para los estudiantes durante el desarrollo de las clases, salvo cuando el docente autorice su utilización como herramienta educativa.

Uno de los aspectos centrales de la ordenanza es que no impone un único mecanismo de implementación. En cambio, dispone que cada escuela elabore acuerdos institucionales para definir cómo se resguardarán los dispositivos durante la jornada escolar, de acuerdo con las características y necesidades de cada establecimiento.

Durante el tratamiento del proyecto en las comisiones del Concejo, la Secretaría de Educación municipal respaldó la propuesta y expresó su rechazo a una prohibición absoluta. Desde el Ejecutivo sostuvieron que los dispositivos digitales forman parte de la realidad cotidiana de los estudiantes y que, utilizados de manera adecuada, constituyen un recurso valioso para el aprendizaje. 

Si bien la norma se aprobó por unanimidad, el bloque de la Coalición Cívica se abstuvo, al considerar que la regulación debería depender de cada establecimiento.

El proyecto también recoge recomendaciones de organismos internacionales y experiencias implementadas en otros sistemas educativos, que promueven la regulación del uso de pantallas en las aulas para favorecer la concentración, mejorar la convivencia escolar y fortalecer los procesos educativos.

Un sector disidente de Suteba convocó a un paro docente para este martes 14 de julio en Mar del Plata en rechazo al acuerdo paritario alcanzado entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los sindicatos mayoritarios del Frente de Unidad Docente Bonaerense. La medida fue anunciada por la agrupación Suteba Multicolor, que además llamó a movilizarse el miércoles como parte de una jornada de protesta de 48 horas.

La convocatoria surge luego de que los gremios aceptaran la propuesta salarial de la Provincia, que establece un incremento acumulado del 7%, dividido en un 5% con los haberes de julio y un 2% en agosto. Las partes volverán a reunirse en septiembre para revisar la evolución de los salarios.

Desde Suteba Multicolor calificaron el acuerdo como "una verdadera vergüenza" y sostuvieron que el aumento resulta insuficiente frente al costo de vida. Según expresaron, el salario docente continúa perdiendo poder adquisitivo y permanece por debajo de la canasta familiar.

El plan de lucha contempla un paro para el martes y una movilización el miércoles 15 de julio, en reclamo de una recomposición salarial superior y de la reapertura de la negociación paritaria. Además, el sector cuestionó la decisión de la conducción provincial de Suteba de aceptar la oferta oficial.

Al tratarse de una medida impulsada por la agrupación Suteba Multicolor y no por la conducción oficial del sindicato ni por el resto de los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, el nivel de adhesión será dispar y dependerá de la decisión de los docentes de cada establecimiento educativo. Por ese motivo, se espera que algunas escuelas funcionen con normalidad mientras que otras podrían registrar interrupciones parciales o totales de las clases.

Un proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires propone incorporar la educación vial como contenido obligatorio y transversal en todos los niveles del sistema educativo bonaerense, tanto en instituciones estatales como privadas, con el objetivo de formar conductas responsables y reducir la siniestralidad.

La iniciativa define la educación vial como un proceso formativo continuo orientado a la adquisición de conocimientos, valores y conductas que garanticen una circulación responsable y solidaria en la vía pública. También prevé su incorporación obligatoria en los institutos de formación docente, en línea con la Ley Nacional 27.214.

Entre los objetivos principales se destacan el desarrollo de conductas responsables en peatones, conductores y pasajeros; la promoción del conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito; el fomento de la convivencia y la movilidad segura; y la incorporación de nociones básicas de primeros auxilios y actuación ante emergencias viales.

En cuanto a su implementación, la futura Autoridad de Aplicación, a designar por el Poder Ejecutivo, será la encargada de definir los contenidos mínimos y progresivos en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación. Además, se prevé la articulación con municipios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos especializados en seguridad vial.

El proyecto se fundamenta en datos que reflejan la magnitud del problema. A nivel global, los siniestros viales provocan 1,19 millones de muertes anuales. En Argentina, durante 2024 se registraron 3.357 hechos fatales con 4.027 víctimas, mientras que en la provincia de Buenos Aires hubo 833 siniestros con 910 fallecidos, lo que equivale a un promedio de dos muertes por día.

El informe señala que el 90% de los siniestros se originan por fallas humanas, como exceso de velocidad, consumo de alcohol o uso del celular al volante. A su vez, los motociclistas representan el 46% de las víctimas fatales a nivel nacional, en un contexto de fuerte crecimiento del parque de motos, que superó las 8 millones de unidades en 2024.

En este marco, los legisladores sostienen que el Estado debe asumir un rol activo en la formación temprana de los ciudadanos, incorporando la educación vial como herramienta estructural para prevenir accidentes y promover una cultura de movilidad segura.

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas volvió a colarse en la agenda política local y, en la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante aprobó una resolución en la que solicita al gobierno nacional garantizar el funcionamiento del sistema universitario y mantener abiertas las instancias de diálogo con la comunidad académica.

La iniciativa reunió el respaldo de Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador, como así también de dos bloques oficialistas, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. En contrapartida, el bloque de La Libertad Avanza rechazó la propuesta y los concejales del Pro optaron por la abstención.

El pronunciamiento se produce en medio de un conflicto que desde hace meses enfrenta a las universidades nacionales con la administración de Javier Milei por el financiamiento de las instituciones y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, una discusión que en los últimos días registró avances parciales tras una recomposición salarial anunciada por el Gobierno.

A través de la resolución, el Concejo expresó la necesidad de asegurar recursos para el sistema universitario nacional y garantizar condiciones salariales adecuadas para los trabajadores del sector. Asimismo, destacó el rol de las universidades públicas como herramienta de movilidad social y como motor del desarrollo científico, tecnológico y productivo.

Al momento de las exposiciones, la concejala Mariana Cuesta (Unión por la Patria) defendió el proyecto y reivindicó el impacto de la educación superior en la historia del país. La edil sostuvo que las universidades públicas forman parte del recorrido de millones de familias argentinas y remarcó que la producción científica generada en esas instituciones resulta clave para el desarrollo nacional.

También consideró que las movilizaciones protagonizadas por docentes y estudiantes en los últimos meses comenzaron a generar respuestas por parte del Ejecutivo nacional. En ese sentido, destacó el reciente aumento salarial otorgado al sector como una señal de que los reclamos tuvieron impacto.

Desde la vereda opuesta, el concejal Rolando Demaio, de La Libertad Avanza, sostuvo que la relevancia de la educación universitaria no está en discusión, aunque cuestionó los pedidos de mayores partidas presupuestarias en un contexto de restricciones fiscales. Según argumentó, las demandas de financiamiento deben analizarse dentro de las posibilidades económicas reales del Estado.

La situación del Jardín Municipal N°4 "Rita Latallada de Victoria" de Batán llegó al Concejo Deliberante a través de dos proyectos impulsados por bloques opositores que reclaman explicaciones al gobierno municipal por las condiciones edilicias del establecimiento y la interrupción del servicio de comedor escolar.

Las iniciativas fueron presentadas por la concejala Solange Flores, del Frente Renovador, y por Mariana Cuesta, de Unión por la Patria. Aunque con enfoques diferentes, ambas coinciden en solicitar información oficial sobre el estado de la institución educativa y las medidas previstas para resolver las problemáticas denunciadas por la comunidad educativa.

Uno de los principales puntos de preocupación es el deterioro de la infraestructura del jardín. Según plantean los expedientes, existen reclamos vinculados a filtraciones de agua, problemas en techos y cielorrasos, humedad en distintos sectores, daños en sanitarios y desprendimientos de mampostería.

El proyecto del Frente Renovador solicita un informe integral sobre las condiciones edilicias actuales del establecimiento, incluyendo el estado de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, además de techos, muros y aberturas.

La iniciativa también pide conocer si durante el último año se realizaron inspecciones técnicas, si existen informes o expedientes vinculados a los problemas denunciados y qué trabajos de mantenimiento o reparación fueron ejecutados en los últimos dos años.

Además, reclama precisiones sobre eventuales riesgos para estudiantes y trabajadores, posibles restricciones de uso en sectores del edificio y las partidas presupuestarias previstas para concretar las obras necesarias.

Por su parte, el proyecto presentado por Unión por la Patria incorpora otro aspecto que consideran prioritario: la interrupción del servicio de comedor escolar.

Según expone la iniciativa, el comedor se encontraría sin funcionamiento desde hace aproximadamente tres meses, situación que afectaría a más de 60 familias de una matrícula cercana a los 215 alumnos y alumnas.

La concejala Mariana Cuesta pidió que el Ejecutivo adopte medidas para restablecer el servicio o implemente alternativas que garanticen la asistencia alimentaria a los niños y niñas que concurren al establecimiento.

Asimismo, solicita explicaciones sobre las causas que motivaron la suspensión del comedor y requiere información sobre las intervenciones realizadas o proyectadas para solucionar los problemas de infraestructura denunciados por familias, docentes y miembros de la cooperadora.

Mar del Plata Entre Todos presentó una nueva plataforma digital que reúne en un solo lugar la oferta de formación académica y profesional disponible en Mar del Plata y el partido de General Pueyrredon. La herramienta funciona como un buscador de carreras universitarias, terciarias, cursos y capacitaciones, con acceso gratuito para toda la comunidad.

La iniciativa reúne, en una primera etapa, cerca de 1.500 propuestas educativas relevadas en 63 instituciones de distintos niveles y modalidades. El objetivo es facilitar el acceso a la información para estudiantes, familias y personas interesadas en continuar su formación o capacitarse en nuevas áreas.

La plataforma puede consultarse desde cualquier dispositivo a través del sitio web de Mar del Plata Entre Todos y permite realizar búsquedas por temática, área de interés o tipo de carrera.

Durante la presentación, la directora ejecutiva de Mar del Plata Entre Todos, Alejandra Cormons, destacó el trabajo realizado para recopilar y organizar la información. “Creemos que es un gran servicio que hoy se pone a disposición de toda la comunidad”, expresó.

Desde la organización señalaron que la base de datos continuará ampliándose con nuevas propuestas educativas y de formación profesional que puedan incorporarse en los próximos meses.

El desarrollo de la aplicación y el relevamiento de la información estuvieron a cargo de equipos de la Universidad Fasta y de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mar del Plata. Durante el acto, representantes de ambas instituciones remarcaron el trabajo conjunto realizado para construir una herramienta de consulta simple y accesible.

Melanie Markman y Alicia Zanfrillo, representando a las universidades que relevaron las propuestas y desarrollaron la web, expresaron que “fue un gran trabajo en equipo de relevamiento y programación para crear una herramienta sencilla que sirva a toda la comunidad”. Se destacó especialmente que el acceso a la información de esta plataforma es gratuito y que cualquiera que necesite información puede acceder a través de la web de Mar del Plata Entre Todos.

Según explicaron, la plataforma reúne opciones presenciales, virtuales e híbridas, y busca convertirse en una referencia para quienes deseen conocer la oferta educativa disponible en la ciudad y el distrito.

La herramienta puede consultarse de manera gratuita a través del sitio web de Mar del Plata Entre Todos y a través de este link.

Estudiantes y familias de la Escuela de Educación Secundaria Especializada en Arte (ESEA) N°1 Polivalente de Arte realizarán este jueves una medida de fuerza frente al establecimiento de Avenida Alberdi Sur y Santa Fe para denunciar una serie de situaciones que, aseguran, afectan la convivencia institucional y la seguridad de los alumnos.

La protesta fue convocada por el Centro de Estudiantes y comenzará a las 7.30. Según informaron, los alumnos no ingresarán a clases y llevarán adelante un corte de calle en la cuadra de la escuela hasta obtener una respuesta de las autoridades educativas.

El reclamo apunta contra el equipo directivo del Instituto de Profesorado de Arte (IPA), con el que el Polivalente comparte edificio, y también contra un inspector de Educación, quien además se desempeña como vicedirector del IPA.

De acuerdo con el comunicado difundido por los estudiantes, el conflicto se profundizó luego de que las autoridades del profesorado instalaran una microcámara en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del edificio. Los denunciantes sostienen que la decisión fue adoptada de manera unilateral, sin informar a la comunidad y cuestionan que el dispositivo haya sido colocado en un espacio utilizado por estudiantes de ambas instituciones para clases de danza y, en ocasiones, para cambiarse de vestimenta.

"Es una acción muy grave e ilegal en un instituto educativo, más aún cuando hay estudiantes menores de edad", señalaron desde el Centro de Estudiantes.

En el mismo comunicado, los organizadores de la protesta también reclamaron la destitución del directivo. Aseguran que el inspector acumula cuestionamientos por presuntos tratos indebidos hacia estudiantes y sostienen que existe un conflicto de intereses debido a su doble función dentro del sistema educativo.

"Desde hace tiempo viene generando problemas en la convivencia entre ambas instituciones, sin cumplir debidamente con su trabajo", expresaron.

La manifestación buscará visibilizar la situación y exigir la intervención del Consejo Escolar ante lo que calificaron como un hecho de extrema gravedad.

La Universidad FASTA y la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) firmaron un convenio de cooperación destinado a fortalecer la formación, la investigación y la difusión de conocimientos vinculados a la propiedad intelectual en toda América Latina.

El acuerdo fue suscripto durante el Encuentro de Propiedad Intelectual organizado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, realizado entre el 29 de mayo y el 2 de junio en la ciudad de Asunción, y busca profundizar el trabajo conjunto entre ambas instituciones en materia académica y profesional.

Por parte de la Universidad FASTA participó el director académico de la Diplomatura en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas, Adrián Luis Alveolite, en representación del rector Juan Carlos Mena. En tanto, el convenio fue firmado por el presidente de ASIPI, Matías Noetinger.

Desde las instituciones destacaron además el acompañamiento de los delegados argentinos ante ASIPI, José Vicetto y Marcelo García Sellart, quienes participaron de las gestiones que permitieron concretar la iniciativa.

El convenio contempla el desarrollo de programas de actualización profesional, actividades académicas, proyectos de investigación, intercambios institucionales, conferencias, publicaciones y otras acciones orientadas a fortalecer la capacitación especializada en propiedad intelectual en la región.

La firma del acuerdo se da en un contexto de crecimiento de la Diplomatura en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas que dicta FASTA. Según informaron, la cohorte 2026 reúne a 66 estudiantes provenientes de distintos países latinoamericanos, consolidando al programa entre las propuestas de formación especializadas de la región.Como parte de esta alianza, ambas instituciones anunciaron que durante el próximo encuentro de ASIPI, previsto para realizarse en Santiago entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, se habilitará la inscripción temprana para la cohorte 2027 de la diplomatura.

Además, se prevé la implementación de beneficios para asociados de ASIPI y un sistema de becas concursables destinado a facilitar el acceso de profesionales latinoamericanos al programa académico.

✨🇵🇾 Así cerramos #Asunción2026Fueron días de intercambio, aprendizaje y encuentro entre profesionales de toda la región, con una agenda que abordó algunos de los temas más relevantes y actuales de la Propiedad Intelectual. pic.twitter.com/7QwxuImj8m

Desde las entidades remarcaron que la propiedad intelectual se ha convertido en un activo estratégico para empresas, emprendimientos, industrias creativas, centros de investigación y organizaciones productivas, al permitir proteger innovaciones, agregar valor a bienes y servicios y mejorar la competitividad en un escenario cada vez más basado en el conocimiento y la tecnología.

Los interesados en obtener más información sobre las actividades conjuntas, beneficios académicos y futuras convocatorias podrán comunicarse a través de los canales institucionales de ASIPI o consultar información adicional en el siguiente enlace: https://www.ufasta.edu.ar/facultad-ciencias-juridicas-y-sociales-online/propiedad-intelectual-nuevas-tecnologias-fashionlaw-e-industrias-creativas/. Tambien pueden consultar por email a: extension.juridicas@ufasta.edu.ar

La discusión sobre el uso de celulares en las escuelas volvió a instalarse con fuerza en distintos puntos del país y también llegó a General Pueyrredon, donde avanza un proyecto para regular la utilización de teléfonos móviles y otros dispositivos digitales en las secundarias municipales.

La iniciativa de Unión por la Patria propone que los estudiantes mantengan guardados los celulares durante la jornada escolar y solo puedan utilizarlos cuando exista una autorización docente con fines pedagógicos específicos. A la vez, prevé jornadas de reflexión para familias y docentes y mecanismos de seguimiento sobre el impacto de la medida en el aprendizaje y la convivencia.

En ese contexto, la Secretaría de Educación municipal remitió un informe al Concejo Deliberante donde respaldó la idea de establecer reglas claras, aunque rechazó avanzar hacia una prohibición estricta. El secretario

Fernando Rizzi advirtió que, en muchos casos, el celular funciona como el principal recurso pedagógico para estudiantes que tienen acceso limitado a libros o materiales impresos.

Según un relevamiento realizado en escuelas secundarias municipales, del cual se dio cuenta en el informe,  el 91,7% de los alumnos no utiliza otros dispositivos tecnológicos, por lo que el teléfono concentra gran parte del acceso digital dentro y fuera del aula. Además, el 75% de los docentes afirmó utilizar herramientas tecnológicas en sus propuestas pedagógicas.

El debate no es exclusivo de Mar del Plata. En los últimos años distintas provincias y jurisdicciones comenzaron a avanzar con regulaciones similares, aunque con enfoques diferentes. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el gobierno porteño endureció las restricciones y este año avanzó hacia un esquema de “aulas libres de celulares”, limitando su uso durante las clases en todos los niveles educativos.

Otras provincias, como Catamarca y Neuquén, también sancionaron normas para restringir o prohibir el uso de dispositivos móviles en escuelas, aunque contemplando excepciones pedagógicas y situaciones de emergencia.

En paralelo, especialistas y docentes mantienen posiciones divididas. Mientras algunos sostienen que los celulares afectan la concentración, fragmentan la atención y perjudican la convivencia escolar, otros consideran que prohibirlos completamente profundiza desigualdades y desconoce que muchos estudiantes utilizan el teléfono como herramienta de estudio.

La propia experiencia en las escuelas muestra esa tensión. En algunos establecimientos ya existen acuerdos de convivencia que limitan el uso de dispositivos, aunque predominan esquemas intermedios: celulares guardados en mochilas, uso controlado y autorización puntual para tareas educativas.

El debate, además, excede el aula. Las discusiones sobre bienestar digital, adicción a las pantallas, socialización y acceso a la tecnología aparecen cada vez con más fuerza en las políticas educativas y en las familias, en un escenario donde las escuelas intentan encontrar equilibrio entre regulación, aprendizaje y convivencia. 

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación para pedir explicaciones al gobierno municipal por el memorándum de la Secretaría de Educación que establece que docentes, auxiliares y directivos deberán concurrir a los establecimientos aun cuando se suspendan las clases por alertas meteorológicas o sanitarias.

La iniciativa apunta directamente al Memorándum N°5/2026 firmado por el secretario de Educación, Fernando Rizzi, documento que en los últimos días generó fuerte polémica dentro de la comunidad educativa.

Tal como informó QZ Noticias, el memorándum establece que la suspensión de actividades pedagógicas no implica el cierre de los establecimientos educativos ni la interrupción de la jornada laboral del personal docente, auxiliar y administrativo. Además, dispone mecanismos de “reubicación temporal” para aquellos trabajadores que no puedan llegar a su escuela habitual y deban cumplir funciones en otra dependencia municipal.

En el proyecto presentado en el Concejo Deliberante, la oposición cuestionó que el criterio oficial contradice el espíritu preventivo de las normativas provinciales que regulan las suspensiones por contingencias climáticas.

“El objetivo de las suspensiones es precisamente desalentar desplazamientos y reducir riesgos”, sostuvieron desde Unión por la Patria al citar el Reglamento General de Instituciones Educativas bonaerense y distintas resoluciones de la Dirección General de Cultura y Educación.

Según remarcaron, la normativa provincial contempla la suspensión de actividades cuando existan factores climáticos, sanitarios o edilicios que impliquen riesgos para estudiantes, docentes y auxiliares, justamente para evitar situaciones derivadas de anegamientos, caída de árboles, interrupciones del transporte o problemas de transitabilidad.

En ese marco, el bloque opositor pidió al Ejecutivo que informe cuál es el encuadre normativo utilizado para implementar el memorándum y bajo qué fundamentos se sostiene la obligatoriedad de la presencialidad laboral aun cuando las actividades pedagógicas son suspendidas por prevención.

También solicitaron precisiones sobre los criterios para determinar “inaccesibilidad comprobable”, los protocolos de actuación frente a alertas meteorológicas, las condiciones de las reubicaciones temporales y las medidas de resguardo para trabajadores que deban trasladarse durante contingencias climáticas.

Otro de los cuestionamientos planteados en el expediente es que el memorándum no establece mecanismos claros para validar situaciones de imposibilidad de traslado ni detalla protocolos específicos frente a alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, Defensa Civil u otros organismos competentes.

Un comunicado de la Secretaría de Educación de General Pueyrredon generó malestar entre trabajadores del sector al establecer que, aun cuando se suspendan las actividades por alertas meteorológicas o sanitarias, el personal deberá presentarse en los establecimientos.

La disposición quedó plasmada en el Memorándum N° 5/2026, firmado por el secretario de Educación municipal, Fernando Rizzi, y dirigido al personal directivo, docente, auxiliar y administrativo dependiente del área.

En el texto, la Secretaría sostiene que “la suspensión de actividades de enseñanza no implica el cierre del establecimiento ni la suspensión de la jornada laboral ni de las obligaciones del personal como agentes estatales”. Además, remarca que las escuelas deben continuar funcionando como “receptoras y lugar de acogida de diversas consultas y demandas de la comunidad barrial”.

El documento también establece que directivos, docentes y auxiliares deberán garantizar la apertura y resguardo del edificio escolar, coordinar tareas de limpieza y mantenimiento derivadas de contingencias climáticas y asegurar prestaciones mínimas consideradas esenciales.

La medida despertó cuestionamientos y críticas en el ámbito educativo municipal, especialmente por el contexto de temporales y alertas meteorológicas que pueden dificultar la circulación y poner en riesgo la seguridad de trabajadores y alumnos.

Desde el comunicado se aclara que, en casos donde exista una “situación de inaccesibilidad comprobable” al establecimiento educativo, el agente deberá informar de inmediato a sus superiores y podrá ser reubicado temporalmente para cumplir tareas en otra dependencia.

El escrito lleva fecha del 15 de mayo de 2026 y comenzó a circular en las últimas horas entre trabajadores de la educación de Mar del Plata, generando fuerte debate en redes sociales y grupos docentes.

El próximo sábado 30, de 10:00 a 17:00, se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (25 de Mayo 2855) una nueva edición del Curso de Formación de Alfabetizadores, una propuesta que integra el Programa de Inclusión Educativa (PIE) y que ya formó a más de 200 voluntarios para trabajar en talleres comunitarios de alfabetización y acompañamiento escolar.

El PIE es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Bienestar de la UNMdP, encabezada por Alejandro Arcamone, y la Secretaría de Educación del Municipio, a cargo de Fernando Rizzi, que desde hace más de dos años desarrolla acciones educativas en distintos barrios de la ciudad.

Esta será la sexta edición del curso, dictado por el director del programa, Damián Fió, junto a la coordinadora general, María Paz De León. Los voluntarios formados participan semanalmente en talleres que se desarrollan en sociedades de fomento y espacios barriales.

Actualmente, el programa trabaja en los barrios Félix U. Camet, Dos de Abril, Camet, Las Canteras, Juramento y Dorrego, donde también se pondrán en marcha nuevas acciones territoriales. Además de los talleres de alfabetización y apoyo escolar, el PIE impulsa iniciativas de promoción de la lectura, como sueltas de libros y donaciones de material bibliográfico a escuelas, gracias a una reciente donación recibida.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse al 223 562-1158, por correo a programapiemdp@gmail.com o vía Instagram en @inclusioneducativamdp.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) acordaron la incorporación de nuevas carreras al Programa Puentes, durante una reunión realizada en Córdoba. El convenio fue suscripto por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el rector de la UTN, Rubén Soro, y refrendado por el gobernador Axel Kicillof, con el objetivo de ampliar la oferta académica en municipios bonaerenses.

Las nuevas propuestas formativas, que comienzan a dictarse en el primer cuatrimestre de 2026, incluyen diplomaturas en Desarrollo de Software, Instalación de Redes FTTH GPON, Tecnologías Agropecuarias, Industrias Alimentarias, Bromatología, Gestión de Riesgo, Energías Renovables, Inteligencia Artificial y Transformación y Marketing Digital.

Durante el acto, Kicillof destacó: “El Programa Puentes va a seguir llevando la universidad a las localidades del interior de la provincia para evitar el desarraigo y apoyar a los pibes que quieren forjar su futuro sin irse de sus hogares”.

Desde su puesta en marcha en 2022, la UTN ha dictado 83 carreras en centros universitarios de distintos municipios bonaerenses, consolidando su presencia territorial y su aporte a la formación técnica y profesional.

El Programa Puentes cuenta actualmente con 80 municipios integrados a la Red Bonaerense de Centros Universitarios, 51 centros inaugurados, 360 carreras provenientes de 25 universidades y cerca de 20.000 estudiantes inscriptos.

La Asociación Civil Encuentro y Comunidad (ACENCO) lanzó su convocatoria 2026 con una serie de actividades gratuitas destinadas principalmente a jóvenes de Mar del Plata. Las propuestas se desarrollarán en su sede ubicada en Castelli 3368, en el macrocentro de la ciudad.

La iniciativa incluye un taller de inteligencia artificial orientado a brindar herramientas para el estudio y la comunicación en entornos digitales, además de un espacio de debate juvenil, un club de ajedrez y encuentros de orientación vocacional para quienes buscan definir su futuro educativo o laboral.

También se ofrece asesoramiento jurídico gratuito, con atención personalizada y turnos previos, para consultas vinculadas a temas laborales, familiares, de vivienda y acceso a derechos.

Desde la organización señalaron que el objetivo es acercar oportunidades concretas a los jóvenes en un contexto complejo, promoviendo la formación, el acompañamiento y la construcción de comunidad.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera online a través del siguiente enlace. Los cupos son limitados.

La inclusión de una partida millonaria en el Presupuesto 2026 para comenzar a construir el nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 (ESMET Nº 1) no alcanzó para despejar las dudas. Este jueves, el Concejo Deliberante volvió a poner el tema en agenda y aprobó un pedido de informes dirigido a la Secretaría de Educación para que detalle la situación del inmueble actual y el estado real del proyecto.

La iniciativa, impulsada por Unión por la Patria, tiene origen a comienzos de 2025, en un contexto marcado por la incertidumbre: en ese momento, circulaba la versión de la venta del edificio donde funciona la institución, lo que encendió la preocupación de las familias. Con el correr de los meses, el Municipio logró firmar un nuevo contrato de alquiler por tres años, lo que llevó algo de alivio en lo inmediato.

Sin embargo, el panorama de fondo sigue sin definiciones claras. Desde marzo del año pasado, el Concejo espera respuestas formales de la Secretaría de Educación a pedidos similares, sin que hasta ahora haya precisiones oficiales sobre el rumbo del proyecto.

El expediente retoma ese punto de partida: fueron las familias las que advirtieron en su momento sobre la presunta venta del inmueble y plantearon la incertidumbre sobre la continuidad de la escuela. A partir de allí, los concejales buscan confirmar si esa operación se concretó y, de ser así, cuáles serían los plazos previstos para dejar el edificio de Juan B. Justo al 2900.

El pedido también apunta a aspectos clave del funcionamiento cotidiano. Se solicitan detalles sobre las medidas previstas para garantizar la continuidad pedagógica de los cerca de 300 estudiantes, así como las acciones de acompañamiento a la comunidad educativa en este escenario.

La ESMET ocupa un lugar particular dentro del sistema municipal: es la única escuela técnica de gestión local y cuenta con más de 30 años formando perfiles vinculados a la industria. Ese recorrido es el que, según se plantea en el proyecto, obliga a dar certezas frente a cualquier cambio que pueda afectar su funcionamiento.

En paralelo, el Concejo también requirió información a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano sobre el avance del edificio propio, una promesa que acumula años sin concretarse. Allí se incluyen pedidos de detalle sobre el proyecto, su financiamiento y la ubicación prevista.

Mientras tanto, el dato más reciente es la incorporación de una partida de 2 mil millones de pesos en el Presupuesto 2026 para iniciar la primera etapa de la obra, que tendría como posible ubicación un predio cercano al Cema. Pero, por ahora, ese número convive con una falta de definiciones que el Concejo volvió a dejar expuesta.

La Universidad Nacional de Mar del Plata vivió una de esas noches que quedan marcadas en la memoria: la entrega de medallas a los 201 nuevos médicos y médicas de la cuarta cohorte de su Facultad de Medicina.

El acto, que reunió a cientos de familiares, docentes y autoridades, simbolizó mucho más que un cierre académico. Fue la culminación de años de estudio, prácticas y formación en una carrera exigente que, desde su creación, se convirtió en una de las apuestas más fuertes de la universidad pública en la ciudad.

La ceremonia estuvo encabezada por el decano Adrián Alasino y el vicedecano Gabriel Angelini, junto a autoridades académicas y la rectora Mónica Biasone, quien destacó el esfuerzo de los graduados y el acompañamiento de sus entornos durante todo el recorrido.

Uno de los momentos centrales fue la toma del Juramento Hipocrático, un compromiso ético que marca el inicio del ejercicio profesional y que, generación tras generación, mantiene su vigencia como símbolo de responsabilidad frente a la sociedad.

La entrega de medallas también incluyó reconocimientos especiales, como distinciones al mejor promedio y menciones al perfil académico, en una ceremonia que puso en valor no solo el rendimiento, sino también la formación integral de los nuevos profesionales.

Se trata de la cuarta cohorte de egresados de una carrera relativamente joven —la Facultad de Medicina abrió sus puertas en 2017— pero que ya muestra un crecimiento sostenido: en pocos años superó los 500 graduados, consolidándose como un actor clave en la formación de profesionales de la salud en la región.

En ese contexto, la escena de los 201 médicos y médicas recibiendo sus medallas funciona también como una foto de época: la de una universidad pública que sigue produciendo profesionales en áreas críticas, en medio de un sistema de salud que demanda cada vez más recursos humanos calificados.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina informó que los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizaron nuevos valores para las cuotas en establecimientos con aporte estatal. 

En territorio bonaerense, la actualización habilitada por la Dirección General de Cultura y Educación es del 3,5%, mientras que en la Ciudad el ajuste podrá llegar hasta el 5%. Según explicaron desde las autoridades porteñas, la medida se tomó tras evaluar el impacto de la situación económica sobre las instituciones y las familias, en el marco del sistema de financiamiento vigente para la educación privada subvencionada.

La normativa también establece que los colegios deberán detallar de manera clara en las facturas el porcentaje de subsidio estatal que reciben, con el objetivo de garantizar mayor transparencia. Con los nuevos topes, en la Provincia una primaria con subvención total podrá cobrar hasta $34.030, mientras que con un 40% de aporte el valor asciende a $153.860. En secundaria, los montos alcanzan los $37.520 y $199.920, respectivamente.

Desde el sector, el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, advirtió que los aumentos no logran compensar completamente los costos operativos. Señaló que, si bien los salarios docentes acumulan una suba del 17,6%, solo una parte fue trasladada a las cuotas, lo que genera un desfasaje económico que podría impactar en la continuidad de servicios educativos

Tres estudiantes de 16 y 17 años fueron notificados en una causa por intimidación pública tras detectarse amenazas de tiroteo en el Colegio Nuestra Señora del Camino de Mar del Plata. El hecho se originó a partir de inscripciones halladas en baños del establecimiento y derivó en un operativo con intervención judicial.

El episodio salió a la luz este jueves, cuando autoridades del colegio ubicado en 1ro de Mayo y Juan B. Justo formalizaron la denuncia por la aparición de una inscripción en uno de los baños que advertía: “Lunes 20/4 tiroteo, los voy a matar a todos”. La amenaza, detectada días después de haber sido escrita, motivó la inmediata intervención del equipo directivo, que recorrió las aulas para alertar y reflexionar con los alumnos sobre la gravedad del hecho.

A partir del testimonio de un estudiante y del análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar a tres menores que habían estado en el lugar en el momento señalado. En una primera instancia, dos de ellos negaron su participación; sin embargo, uno de los implicados posteriormente reconoció su responsabilidad ante las autoridades escolares, manifestó arrepentimiento y asumió las consecuencias.

El caso no fue aislado. Según consta en el parte policial, el 15 de abril, en la sede primaria del mismo establecimiento se había registrado una inscripción similar en el baño de varones que advertía: “Mañana habrá tiroteo”, lo que también activó el protocolo institucional y la notificación a las familias.

Con intervención de la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, se dispuso la formación de una causa por intimidación pública. Los tres menores fueron notificados conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y se procedió al secuestro de sus teléfonos celulares para la investigación.

La fiscalía continúa con las actuaciones y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa, mientras se refuerzan los protocolos preventivos en la comunidad educativa ante este tipo de amenazas.

Las universidades públicas argentinas volverán a movilizarse con una nueva Marcha Federal Educativa, la cuarta desde el inicio del conflicto con el Gobierno nacional. La convocatoria fue fijada para el 12 de mayo, con epicentro en Casa Rosada, aunque tendrá réplicas en distintos puntos del país, en una jornada que buscará visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema.

La protesta se inscribe en un escenario de creciente tensión entre la comunidad universitaria y el Ejecutivo. El reclamo central apunta a la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, que contempla la actualización de partidas y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

La convocatoria fue oficializada este martes de parte de la Federación Universitaria Argentina (FUA), conjuntamente con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -el organismos que reúne a los rectores- y el Frente Gremial Universitario.

En las últimas semanas, el conflicto se profundizó con paros en distintas universidades del país y medidas de fuerza que afectan el normal dictado de clases. Los gremios advierten que los salarios perdieron poder adquisitivo y que el presupuesto actual resulta insuficiente para sostener el funcionamiento de las casas de estudio.

La nueva movilización se suma a una serie de protestas que comenzaron en 2024 y que ya tuvieron tres marchas federales masivas. Con este nuevo llamado, estudiantes, docentes y autoridades buscan reinstalar el reclamo en la agenda pública y presionar por una respuesta oficial en defensa de la universidad pública.