El Gobierno nacional dispuso hoy el desplazamiento del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Geuna. Fuentes oficiales confirmaron que la salida del funcionario ya está definida y que el Poder Ejecutivo trabaja en la designación de un reemplazante para conducir el área científico‑tecnológica.

El alejamiento de Geuna -un dirigente con estrecha relación con el asesor presidencial Santiago Caputo- se precipitó luego de que perdiera el manejo de tres organismos clave para el sector de telecomunicaciones y servicios públicos: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la empresa estatal Arsat y Correo Argentino.

La pérdida de centralidad quedó expuesta esta semana con la publicación de un decreto que dispuso el traspaso del Enacom a la órbita directa del jefe de Gabinete, Diego Santilli. En paralelo, las conducciones operativas de Arsat y Correo Argentino pasaron a depender del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, mano derecha de Santilli en la nueva estructura de control estatal.

La salida de Geuna se inscribe en un proceso de reordenamiento interno del Gobierno, que busca reforzar el control político sobre los organismos estratégicos vinculados a comunicaciones, infraestructura tecnológica y servicios postales.

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó hoy el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en una jornada marcada por la ausencia de la vicepresidente Victoria Villarruel. 

El mandatario llegó al templo tras recorrer a pie el trayecto desde la Casa Rosada, acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el resto de su equipo de Gobierno, en una señal de cohesión interna.

Durante la ceremonia, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, instó a la dirigencia política a dejar de lado las mezquindades y a promover el diálogo social. Su mensaje se centró en la necesidad de unidad frente al contexto actual, en un llamado que resonó en la primera fila del acto oficial.

Al ingresar a la Catedral, Milei saludó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, gesto que evidenció un clima de distensión entre ambas administraciones luego de semanas de tensiones públicas.

Finalizado el oficio religioso, el Presidente regresó a la Casa Rosada, donde encabezó una reunión de Gabinete enfocada en el diseño del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los ejes centrales de la agenda económica del Gobierno.

El presidente Javier Milei encabezará esta noche en Tucumán la vigilia oficial por el Día de la Independencia, acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con la presencia prevista de al menos doce gobernadores aliados, en un gesto de respaldo político e institucional al Gobierno nacional.

Desde la Casa Rosada destacaron una mejora en los canales de diálogo con las provincias tras la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de consolidar una imagen de unidad federal similar a la alcanzada durante la firma del Pacto de Mayo en 2024.

En ese marco, no se descarta la realización de encuentros previos entre funcionarios nacionales y mandatarios provinciales en territorio tucumano, replicando la dinámica aplicada durante la jura del nuevo jefe de Gabinete, que reunió a una amplia representación de gobernadores.

El oficialismo prioriza un esquema de negociaciones bilaterales y audiencias individuales, con el foco puesto en garantizar respaldo legislativo para avanzar en proyectos clave, entre ellos la reforma electoral que impulsa la eliminación de las PASO, y en la construcción de alianzas de cara a las elecciones de 2027.

No obstante, desde el entorno gubernamental advirtieron que los acuerdos políticos futuros estarán condicionados al nivel de apoyo efectivo que brinden los gobernadores y sus bloques en el Congreso, estableciendo una diferenciación en la relación con aquellos espacios que acompañen la agenda legislativa del Ejecutivo.

El Gobierno nacional formalizó la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, restituyendo la gestión privada de la principal ruta fluvial del comercio exterior argentino. El esquema prevé el inicio inmediato de operaciones bajo un nuevo marco regulatorio.

Como parte del proceso, se dispuso la creación de la sociedad Vía Navegable Argentina S.A., la transferencia de activos tecnológicos desde la órbita estatal y la incorporación de personal técnico especializado para ejecutar tareas de dragado, balizamiento y control hidrométrico.

El nuevo modelo incluye una reducción del 13,5% en los peajes fluviales y el comienzo de obras de profundización del canal, junto con la incorporación de tecnología avanzada para optimizar la seguridad operativa. Según el Ministerio de Economía, estas mejoras permitirán aumentar la capacidad de carga de los buques, reducir tiempos logísticos y mejorar la competitividad exportadora.

Desde la cartera económica destacaron que el proceso licitatorio concluyó sin impugnaciones y que incluyó instancias de participación con sectores productivos, industriales, portuarios y académicos, además del acompañamiento técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Si bien la operación quedará en manos del sector privado, el Estado nacional mantendrá el control y la fiscalización mediante un Consejo de Control integrado por provincias con litoral fluvial y usuarios del sistema, encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó hoy la eliminación del Ministerio del Interior y la transferencia de sus funciones a la Jefatura de Gabinete de Ministros, conducida por Diego Santilli, mediante el Decreto 571/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida redefine el organigrama estatal y centraliza la gestión política del Gobierno.

Con la modificación, la Jefatura de Gabinete asume de manera directa la coordinación general de la administración diaria y el vínculo institucional con las provincias, incluyendo negociaciones con gobernadores y actores territoriales.

La nueva estructura contará con dos vicejefaturas. A través del Decreto 574/2026, el presidente Javier Milei y Santilli designaron a Guillermo Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete, responsable de la articulación parlamentaria, el seguimiento legislativo y áreas como Asuntos Estratégicos, Innovación, Ciencia, Turismo, Ambiente y Deportes.

En paralelo, el Decreto 575/2026 oficializó a Gustavo Javier Coria como vicejefe de Gabinete del Interior, con competencias sobre Asuntos Políticos, la relación con provincias y municipios, la Reforma Política y organismos como la Dirección Nacional Electoral, el Renaper, el INAI, la AABE, la Corporación Puerto Madero y la Administración de Parques Nacionales.

La reconfiguración reduce a ocho los ministerios nacionales: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; Desregulación y Transformación del Estado.

Asimismo, mediante los decretos 572/2026 y 573/2026, el Gobierno trasladó el área comunicacional a la órbita de la Presidencia. En ese esquema, Adrián Osvaldo Ravier fue ratificado como secretario de Vocería Presidencial, mientras que Fabián Horacio Fernández asumió como titular de la Secretaría de Comunicación y Medios.

La medida se inscribe en el proceso de reorganización administrativa impulsado por la gestión libertaria, con el objetivo de optimizar recursos y redefinir la estructura del Estado.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, gestionó un adelanto de coparticipación federal por $20.000 millones ante el Gobierno nacional, durante una reunión con el ministro de Economía Luis Caputo. El objetivo central fue garantizar el pago de los salarios de junio a los trabajadores estatales de la provincia.

La asistencia fue otorgada bajo la modalidad de anticipo de coparticipación, por lo que los fondos deberán ser devueltos mediante descuentos automáticos en futuras transferencias nacionales. El monto representa un alivio financiero inmediato, aunque cubre sólo una parte de las necesidades provinciales, dado que la masa salarial mensual ronda los $120.000 millones.

Desde la administración provincial señalaron que la medida busca sostener el funcionamiento del Estado y brindar previsibilidad en el cumplimiento de las obligaciones salariales, en un contexto de paritarias abiertas y presión fiscal creciente.

Especialistas advierten que el recurso a este tipo de asistencia expone las dificultades estructurales de las finanzas provinciales, afectadas por la caída de ingresos y un escenario complejo en materia de financiamiento de obras públicas, lo que obliga a recurrir a mecanismos de auxilio para evitar tensiones en el pago de sueldos.

El Gobierno nacional explicó las razones detrás de la desvinculación de 61 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en medio de un conflicto sindical que derivó en protestas e incidentes en la sede central del organismo, ubicada en el barrio porteño de Núñez. Según fuentes oficiales, no se trató de despidos sino de la finalización de contratos a plazo fijo firmados en 2023, que no fueron renovados en el marco de un proceso de revisión administrativa.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ejecutivo, 42 de los 61 casos corresponden a personal con formación primaria o secundaria que realizaba tareas administrativas. Aseguraron que la medida no alcanzó a ingenieros nucleares, investigadores ni personal técnico especializado.

El vocero presidencial Adrián Ravier había señalado previamente que la estructura jerárquica del organismo se redujo un 57,83%, pasando de 645 a 272 cargos, en línea con el ajuste del gasto público y los programas de retiro voluntario implementados en distintos organismos estatales. Entre ellos mencionó procesos similares en Casa de la Moneda, Administración Nacional de Aviación Civil, Fábrica Argentina de Aviones y el INTA.

El conflicto se intensificó tras una jornada de protesta encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que incluyó la ocupación de la sede de la CNEA y motivó la intervención de la Gendarmería Nacional Argentina. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, rechazó la versión oficial y denunció un “avasallamiento” a los derechos laborales, al sostener que las desvinculaciones afectan a trabajadores con años de antigüedad y comprometen áreas estratégicas del organismo. Además, afirmó que la medida vulnera las garantías de estabilidad laboral previstas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Durante la protesta se registraron incidentes cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar a oficinas del organismo. La situación derivó en la rotura de elementos de seguridad, contusiones leves en un efectivo y un operativo para evacuar al presidente de la CNEA, Martín Porro.

El economista Adrián Ravier encabezó su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada como vocero presidencial, en el marco de la reconfiguración del Gabinete del gobierno de Javier Milei. Durante su exposición ante los periodistas acreditados, fijó la postura oficial respecto de la política energética y los aumentos en los servicios públicos, al señalar que el objetivo central es que las tarifas reflejen los costos reales del sistema.

“Este Gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, digamos, por lo menos para cubrir los costos”, afirmó.

En ese sentido, reconoció el impacto directo de las medidas sobre los usuarios y admitió que se trata de decisiones complejas: “Eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata que este gobierno tiene que hacer, de decir: ‘Te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad’”.

Ravier también se refirió a las consecuencias en la economía doméstica y planteó que el encarecimiento de los servicios modifica los hábitos de consumo: “Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias de decir: ‘Bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas’”. En su argumentación apeló a principios de la teoría económica clásica y citó al economista Milton Friedman: “Esto de ‘no hay almuerzo gratis’... alguien lo tiene que pagar”.

El vocero explicó además la lógica detrás de la reducción de subsidios estatales y sostuvo que el costo de los servicios debe recaer en los usuarios: “Esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camuzzi, o Edenor, o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar. Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa”.

De este modo, el Gobierno ratificó su estrategia de avanzar hacia un esquema de tarifas sin subsidios generalizados, en línea con su objetivo de ordenar las cuentas públicas y reducir la intervención estatal en la economía.

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, introdujo modificaciones en el sistema de subsidios al transporte público mediante la reformulación de la Tarifa Social asociada a la tarjeta SUBE. La medida fue oficializada hoy mediante la Resolución 40 publicada en el Boletín Oficial.

El nuevo esquema establece un desacople entre las bonificaciones destinadas a usuarios vulnerables y los aumentos del boleto definidos por provincias y municipios. De esta manera, el subsidio dejará de ajustarse automáticamente según las variaciones tarifarias locales.

Si bien el beneficio del 55% de descuento continuará vigente para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, su cálculo sufrirá una modificación central: ya no se aplicará sobre el valor actual del pasaje, sino sobre una base fija denominada “tarifa de referencia”, que será determinada por el Gobierno nacional.

Este cambio implica que, ante eventuales aumentos en el transporte público, el monto subsidiado no crecerá en la misma proporción, lo que podría impactar en el costo final que afrontan los usuarios alcanzados por la Tarifa Social.

Según la normativa, el objetivo del nuevo esquema es estabilizar el gasto público destinado a subsidios y centralizar los criterios de actualización de las partidas, reduciendo la incidencia de las variaciones de costos locales sobre el presupuesto nacional.

La estructura política del Gobierno nacional abrirá una nueva etapa institucional hoy a las 17:30, cuando Diego Santilli asuma formalmente como jefe de Gabinete de Ministros en un acto de juramento encabezado por el presidente Javier Milei en Casa Rosada. La ceremonia marcará el cierre definitivo de la gestión de Manuel Adorni, quien deja el cargo en medio de un clima de tensión política y cuestionamientos judiciales.

Adorni se retira de la Jefatura de Gabinete atravesado por presiones parlamentarias y el avance de causas judiciales que investigan un presunto enriquecimiento ilícito, situación que debilitó su posición en las últimas semanas y aceleró su salida del equipo presidencial.

El desembarco de Santilli cuenta con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor presidencial Santiago Caputo, quienes impulsaron su incorporación para reordenar la conducción administrativa del Gobierno. En sus primeras declaraciones públicas, el dirigente del PRO expresó su alineamiento con el proyecto político de La Libertad Avanza y anticipó una etapa de reorganización interna.

Entre los desafíos inmediatos aparece la reactivación operativa de la Jefatura de Gabinete, que según críticas internas de distintas carteras habría atravesado una parálisis administrativa durante el último trimestre, atribuida a la concentración de la agenda de Adorni en su estrategia de defensa judicial.

En paralelo, se prevén cambios en la segunda línea del área de coordinación. Fuentes oficiales anticipan el desplazamiento de funcionarios cercanos al ex jefe de Gabinete, entre ellos Aimé “Meme” Vázquez, Federico Sicilia e Ian Lionel Vignale. La nueva conducción también deberá enfrentar cuestionamientos gremiales impulsados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En ese marco, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, denunció que durante la gestión de Adorni se habrían concretado 249 designaciones discrecionales de allegados y familiares en dependencias públicas, lo que derivaría en auditorías internas destinadas a revisar el funcionamiento administrativo y la eficiencia del gasto estatal.

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 50% en los estipendios del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, a través de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. La medida quedó formalizada hoy mediante la Resolución 431/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a estudiantes universitarios y de tecnicaturas de todo el país.

A partir de la liquidación correspondiente a junio de 2026, el monto mensual de la beca pasará de $81.685 a $122.527. La actualización responde a los lineamientos establecidos en el Acta‑Acuerdo General del 10 de junio de 2026, que definió la necesidad de recomponer las partidas destinadas al sostenimiento estudiantil.

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias, autoridad de aplicación del programa, confirmaron que el incremento no modificará el cupo vigente, que se mantendrá en 36.000 becarios activos, tal como fue establecido para la Convocatoria 2026 mediante la Resolución 159/2026.

El programa está orientado a estudiantes de carreras vinculadas al desarrollo productivo y tecnológico, con prioridad para jóvenes provenientes de contextos de vulnerabilidad socioeconómica. La estructura de financiamiento continuará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, mediante partidas específicas destinadas a garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior.

El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de un régimen de retiro voluntario destinado exclusivamente al personal de la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida fue establecida mediante la Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La convocatoria está dirigida a los agentes que integran la planta permanente y cuentan con estabilidad laboral bajo el artículo 8° de la Ley 25.164, que regula el empleo público nacional. Según el texto oficial, el programa se enmarca en las directrices del Poder Ejecutivo orientadas a centralizar, agilizar y reducir la estructura administrativa del Estado.

La Dirección General de Recursos Humanos de la APN será la encargada de implementar el esquema operativo: coordinar los circuitos internos, elaborar las declaraciones juradas, gestionar los formularios de adhesión y canalizar la información correspondiente a los trabajadores que opten por desvincularse.

La APN funciona como un ente autónomo regulado por la Ley 22.351, con responsabilidad sobre la preservación y administración de parques, reservas y monumentos naturales del país.

El reglamento del plan establece un sistema de control administrativo recíproco dentro del Gabinete nacional. Cada acta de desvinculación deberá ser remitida de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

La medida se inscribe en el proceso de reorganización estatal impulsado por el Ejecutivo, que busca reducir estructuras, optimizar recursos y reordenar funciones dentro de los organismos nacionales.

Fuente: TN.com

Las dos centrales de la CTA, la de los Trabajadores y la Autónoma, se movilizarán hoy hacia Plaza de Mayo en el marco de una Jornada Nacional de Protesta contra el plan económico del presidente Javier Milei, según confirmaron sus secretarios generales, Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky. La convocatoria se suma al cierre de la Semana de ayuno para el despertar de las conciencias, impulsada por la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común junto a Adolfo Pérez Esquivel.

Entre los principales reclamos se encuentran la derogación de la Ley de Modernización Laboral, aumentos de salarios y jubilaciones “para alcanzar haberes dignos”, la denuncia del crecimiento del hambre en el país y el rechazo a los recortes en salud y educación aplicados por el Gobierno nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración comenzará a las 13:00 en la intersección de Piedras y Avenida de Mayo, desde donde las columnas marcharán hacia Casa Rosada. La jornada culminará con un acto unitario frente al Ministerio de Economía, donde las centrales sindicales expresarán su rechazo a “las políticas de ajuste y entrega”.

La protesta se enmarca en una escalada de tensiones entre el Gobierno y los gremios, que vienen cuestionando la reforma laboral aprobada por el Congreso y las medidas económicas que, según sostienen, profundizan la pérdida del poder adquisitivo y la precarización del empleo.

Fuente: Noticiasargentinas.com

La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a criticar con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que no descarta avanzar con un nuevo paro general. El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, sostuvo que los cambios en la legislación “no generaron empleo” y que forman parte de una estrategia para “quitar derechos a los trabajadores y desfinanciar a los sindicatos”.

“Desde que este gobierno planteó la reforma laboral lo único que vimos fue desinversión, salida de empresas y pérdida de puestos de trabajo. Esta reforma no generó ni un puesto de trabajo”, afirmó Jerónimo en declaraciones radiales.

Las críticas se producen días después de que el Ejecutivo reglamentara aspectos centrales de la reforma mediante el Decreto 407, que fija el alcance de artículos vinculados a la registración laboral, recibos digitales, licencias médicas, desvinculaciones y trámites jubilatorios.

Desde el Gobierno defendieron la norma al señalar que busca simplificar cargas administrativas, promover la transparencia y facilitar el cumplimiento de obligaciones mediante herramientas digitales. También justificaron los cambios sindicales como una forma de “fomentar la libertad gremial”.

La CGT, sin embargo, mantiene una postura abiertamente crítica. Jerónimo insistió en que la ley tiene “una carga maliciosa que quita derechos colectivos e individuales” y que apunta a “desfinanciar a las organizaciones sindicales”.

El dirigente también cuestionó la postura del Gobierno frente a otras leyes aprobadas por el Congreso. “Si el Gobierno no acata la ley de financiamiento universitario, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar una ley que tiene una carga negativa en la vida de los trabajadores?”, planteó.

Otro de los puntos de conflicto es el derecho de huelga. Jerónimo afirmó que existen antecedentes internacionales que respaldan la posición sindical: “La Corte de La Haya les dio la razón a los trabajadores: el derecho a huelga es un derecho adquirido”.

La discusión interna sobre la estrategia a seguir divide hoy a la conducción cegetista. Mientras algunos sectores priorizan la vía judicial, otros reclaman profundizar el plan de lucha. Consultado sobre la posibilidad de nuevas medidas, Jerónimo fue contundente: “No se descarta un paro general”.

En paralelo, una delegación de la CGT participa de la conferencia anual de la OIT en Ginebra, donde busca exponer sus críticas a la reforma laboral y denunciar lo que considera un avance sobre derechos laborales y sindicales.

Jerónimo sostuvo que el debate también debe proyectarse hacia el plano político: “Más allá de lo que podamos hacer, hay que construir una alternativa de cara a 2027”.

Fuente: TN.com

La vicepresidente Victoria Villarruel mantuvo hoy una reunión de casi una hora con la jueza María Verónica Michelli en su despacho del Palacio Legislativo, en medio de la creciente tensión entre el Gobierno nacional y el bloque oficialista del Senado por el intento de retirar su candidatura para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata.

El encuentro se produjo mientras el pliego de Michelli continúa generando controversia. La magistrada obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos, con el respaldo de nueve senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, lo que dejó su postulación en condiciones reglamentarias de ser tratada en el recinto.

Desde el entorno de Villarruel remarcaron que su postura se basa en el respeto a los procedimientos parlamentarios y a las mayorías expresadas en la Cámara alta. Señalaron que la vicepresidente no está dispuesta a desconocer una decisión ya adoptada por los senadores y que no acompañará iniciativas destinadas a modificar el curso de un expediente que superó una instancia clave del proceso legislativo.

La polémica escaló luego de que el Poder Ejecutivo impulsara el retiro del pliego, una decisión que sorprendió a distintos sectores parlamentarios y abrió un debate sobre los límites de las facultades presidenciales cuando una candidatura ya avanzó en el Senado.

El caso tomó mayor visibilidad tras conocerse que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, lo que derivó en cuestionamientos desde algunos sectores, aunque otros remarcaron que el vínculo familiar no afecta sus antecedentes profesionales.

La discusión también expuso diferencias dentro del propio oficialismo. La titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comunicó al presidente Javier Milei que no acompañará la estrategia para retirar el pliego y, según trascendió, incluso puso a disposición su renuncia a la conducción de la bancada. Argumentó una “objeción de conciencia” respecto de la decisión impulsada por la Casa Rosada y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde la Presidencia del Senado aclararon que la reunión entre Villarruel y Michelli no estuvo coordinada con Bullrich y que no debe interpretarse como una acción conjunta. La aclaración responde a los antecedentes de una relación que ya tuvo tensiones, especialmente durante la conformación de las comisiones permanentes.

Mientras tanto, fuentes parlamentarias confirmaron que el pliego no será tratado en la sesión prevista para este jueves. La Comisión de Acuerdos ya concluyó su actividad sin novedades adicionales sobre la candidatura.

Más allá de los tiempos legislativos, varios senadores sostienen que, una vez emitido el dictamen favorable, la definición deja de depender exclusivamente del Poder Ejecutivo y pasa a ser una atribución de la Cámara alta.

Fuente: TN.com

El Gobierno nacional oficializó hoy la reducción de las retenciones para distintos productos agrícolas y biocombustibles, mediante el Decreto 423/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida establece nuevas alícuotas para las cadenas de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol, además de determinados biocombustibles, en el marco de un esquema escalonado que -según explicaron las autoridades- busca promover y proteger al sector agroindustrial.

El decreto fija un sistema diferenciado según el ciclo productivo de cada cultivo. Para los cultivos de invierno, como trigo y cebada, las rebajas rigen de manera inmediata. En estos casos, la alícuota para los granos baja del 7,5% al 5,5%, mientras que productos industrializados de ambas cadenas -como harinas, sémolas, almidones y malta- quedan alcanzados por derechos de exportación de entre 1% y 3,5%.

En la soja se concentra uno de los cambios más relevantes: el poroto reducirá su alícuota del 24% vigente en 2026 al 21% en diciembre de 2027, y al 15% desde diciembre de 2028. El esquema también abarca aceites, harinas, pellets y otros derivados, que tendrán reducciones progresivas durante los próximos dos años.

El maíz y el sorgo también ingresan en el sendero de rebajas. Según la posición arancelaria, algunos productos quedarán exentos y otros verán reducciones escalonadas: en ciertos casos, las alícuotas pasarán del 8,5% al 7,5% en 2027 y al 5,5% hacia fines de 2028.

Para la cadena del girasol se dispuso un esquema similar: algunas variedades de semillas quedarán exentas, mientras que aceites y derivados tendrán reducciones graduales hasta ubicarse entre 1% y 3% hacia 2028.

El decreto también incluye una baja para productos del biodiésel, como los elaborados a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, con el objetivo de diversificar y ampliar mercados.

Fuente: DIB.com.ar

El Gobierno nacional anunció que desde este hoy se encuentra habilitado el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que permitirá que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La medida se oficializó tras el levantamiento de una cautelar judicial que frenaba su implementación y fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 32/2026, firmada por el secretario de Transporte, Mariano Plencovich.

Según informó la Secretaría de Transporte, el registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía, será público, gratuito y digital, y operará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Podrán inscribirse talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluidas concesionarias e importadores. El objetivo es descentralizar el sistema de VTV, ampliar la oferta de servicios y permitir que los usuarios elijan dónde realizar la revisión.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado la medida al afirmar que “se termina el monopolio de las plantas de VTV”. Desde Transporte confirmaron que la normativa se enmarca en el Decreto 196/2025, que modificó la Ley de Tránsito y creó el nuevo esquema de control vehicular.

El sistema permitirá que los talleres habilitados realicen inspecciones a vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales. La normativa mantiene los criterios técnicos y de seguridad vial vigentes: los establecimientos deberán contar con un director técnico, equipamiento adecuado y cumplir los procedimientos de inspección establecidos. La inscripción se realizará mediante declaración jurada.

En cuanto a los plazos, los vehículos particulares 0 km deberán realizar su primera revisión a los cinco años del patentamiento. Los rodados de hasta diez años deberán inspeccionarse cada veinticuatro meses, mientras que los de mayor antigüedad deberán hacerlo anualmente. La primera revisión deberá efectuarse dentro de los doce meses posteriores al patentamiento.

Desde Casa Rosada aseguraron que el nuevo sistema brindará “más opciones, mayor transparencia y un proceso más ágil y accesible” para los usuarios. Sin embargo, la implementación dependerá de que cada provincia adhiera al régimen nacional. La provincia de Buenos Aires ya anticipó que no acompañará el nuevo esquema.

Aún resta definir un protocolo específico para vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, que requieren controles adaptados a su tecnología.

Fuente: Infobae.com

Trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) llevan adelante una protesta en la entrada del organismo, ubicado en la Ruta 88 (km 1.5), para denunciar condiciones laborales precarias, reclamar salarios actualizados y visibilizar la vulneración de derechos de personas con discapacidad.

La jornada se desarrolla bajo el lema “Defendamos la salud y la dignidad”, en un clima de creciente preocupación por el funcionamiento del instituto. La protesta cuenta con el acompañamiento de trabajadores y allegados a pacientes que se atienden en el lugar, quienes exigen respuestas urgentes a las autoridades nacionales.

La movilización surge en respuesta a lo que los trabajadores describen como un deterioro sostenido de las condiciones laborales, con sueldos insuficientes, falta de recursos y un incumplimiento sistemático de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que establece medidas urgentes para garantizar la atención, la inclusión y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Según expresaron, la situación afecta tanto al personal como a los usuarios del INAREPS, y compromete la calidad de las prestaciones.

En la convocatoria, los organizadores remarcaron consignas como “Sin trabajadores dignos, no hay salud posible” y “Sin inclusión, no hay justicia social”, además de “Todos somos INAREPS”.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, cuestionó hoy la decisión del Gobierno nacional de pasar a disponibilidad al personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, medida oficializada a través de la Resolución 129/2026 de la Jefatura de Gabinete.

El funcionario afirmó a través de un posteo en redes que la Nación avanza en “un plan sistemático de privatización y vaciamiento” de los históricos complejos de turismo social y sostuvo que la Provincia reclama desde 2025 la transferencia de los hoteles y del patrimonio del Museo Evita para hacerse cargo de su gestión.

La resolución publicada en el Boletín Oficial dispuso que 58 trabajadores de Chapadmalal y 19 de Embalse pasen a situación de disponibilidad tras la eliminación de las áreas vinculadas a las unidades turísticas, en el marco de una reestructuración interna de la Secretaría de Turismo y Ambiente. Según la normativa, los empleados permanecerán entre seis y doce meses en esa condición mientras se evalúa una eventual reubicación; si no se concreta, la desvinculación será automática con derecho a indemnización. Gremios estatales denunciaron que la medida constituye un paso previo a despidos masivos y al vaciamiento de los complejos.

En respuesta, Costa advirtió: “La destrucción de un derecho. El Gobierno Nacional avanza con un plan sistemático de privatización y vaciamiento de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse. Más de 80 años de historia y conquista del turismo social están en riesgo”.

El ministro remarcó que el complejo de Chapadmalal se encuentra en territorio bonaerense y que, desde que se conoció el pase de los bienes a la AABE en 2025, la Provincia exige la transferencia para garantizar su continuidad. “Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, afirmó.

El funcionario también rechazó la posibilidad de concesionar los hoteles al sector privado, una alternativa que el Gobierno nacional viene evaluando en informes oficiales. “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios. La lucha se da en los frentes judicial, legislativo y territorial. Ante el abandono de la Nación, defendemos la soberanía popular. Chapadmalal y Embalse son de los argentinos”, expresó.

El conflicto se profundizó en los últimos días, cuando comenzaron a circular documentos internos que anticipaban el avance sobre el personal de los complejos. La decisión de Nación se enmarca en un proceso más amplio de reorganización administrativa y reducción del gasto estatal, mientras que la Provincia sostiene que se trata de un retroceso en materia de turismo social y de un intento de desmantelar un sistema histórico de acceso igualitario al descanso y la recreación.

El Gobierno nacional designó a la comisionado general (R) María Lorena Andersch como subdirectora nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según quedó establecido en el decreto 385/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La norma dispuso: “Desígnase, a partir del 1 de abril de 2026, en el cargo de subdirectora nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a la comisionado general (R) María Lorena Andersch”.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Susana Monteoliva, quienes fundamentaron la decisión en la necesidad de cubrir el cargo vacante para garantizar el normal funcionamiento del organismo.

Según se indicó, la designación busca fortalecer la conducción de la PSA en un contexto de reorganización interna y continuidad operativa.

Fuente: Noticiasargentinas.com