La muerte de Jesús José Vega, “Johnny” para quienes lo veían a diario cuidar autos y pasar las noches en la zona de Loma Santa Cecilia, expuso este jueves una cruel realidad atravesada por problemas de salud mental, consumos problemáticos y crisis económica, frente a un Estado que, en sus distintos niveles, aparece entre impotente y desatento ante un escenario cada vez más complejo. El fallecimiento, presuntamente por causas naturales, también funciona como una advertencia frente al invierno que se aproxima y a una trama urbana que muestra cada vez más personas viviendo a la intemperie.

El caso además dejó al descubierto otra faceta de una gestión municipal que, lejos de aquella “Ciudad del Sí” que supo pregonar Guillermo Montenegro, parece avanzar en piloto automático. Según relataron vecinos de la zona que prefieren mantener el anonimato, la respuesta oficial osciló entre intervenciones de la Patrulla Municipal cuestionadas por supuestos tratos deshumanizantes y una vocería paraoficial que buscó instalar en medios locales los aparentes antecedentes penales de Johnny. Más allá de su eventual certeza, un recurso habitual para etiquetar a quienes viven en la calle y atraviesan severos cuadros de vulnerabilidad, como si existieran vidas más valiosas que otras.

Mientras tanto, los “marplatenses de bien” observan cómo la inseguridad continúa profundizándose. La expresión más extrema del fenómeno, los homicidios dolosos, ya muestra cifras preocupantes: los 21 asesinatos registrados en lo que va de 2026 contrastan con los 34 contabilizados durante todo 2025. Los delitos contra la propiedad también reflejan un deterioro. El informe oficial del Centro de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed) advirtió que los robos a viviendas, comercios y en la vía pública crecieron un 18% en un año, mientras que el robo de autos aumentó un 35% y el de motos un 10%.

En paralelo, el gobierno local insiste con el reclamo para administrar el complejo de Punta Mogotes mientras los problemas cotidianos de gestión se multiplican. Desde vecinos que intentan sacar turno para renovar la licencia de conducir y se encuentran con sistemas imposibles de utilizar, hasta conductores obligados a esquivar baches pese al pago de una Tasa Vial que encarece el combustible entre los más caros del país. También aparecen las quejas por el estado de abandono del Cementerio Parque y por la proliferación de microbasurales tanto en zonas céntricas como en los barrios periféricos.

En ese contexto, la gestión municipal parece carecer de herramientas o decisión política para avanzar sobre algunas de las grandes cuentas pendientes de la ciudad. Las licitaciones del servicio de recolección de residuos y del transporte público acumulan prórrogas permanentes, mientras miles de usuarios del colectivo acaban de atravesar un paro de tres días en medio de uno de los temporales más intensos de los últimos años.

La “Ciudad del Sí” que prometía un estadio José María Minella remodelado y adaptado al siglo XXI tampoco muestra avances concretos. A más de seis meses del anuncio de privatización, persisten las dudas sobre las condiciones del contrato y crecen las incógnitas a partir de las noticias que llegan desde Brasil sobre la delicada situación de los empresarios vinculados a la concesión.

El escenario político, además, atraviesa una situación inédita: Mar del Plata parece tener dos intendentes. Por un lado, Agustín Neme, al frente de la intendencia de manera interina y condicionado por el sector que responde a Montenegro; por otro, el propio senador provincial, que continúa manejando el pulso político local pese a estar formalmente de licencia. La pregunta sobre por qué el exjuez federal nunca renunció definitivamente al cargo vuelve a repetirse en el círculo político y empresarial de la ciudad, donde de vez en cuando toma fuerza la versión de un eventual regreso tras una incursión nacional que no terminó de concretarse con un cargo ministerial.

En medio de ese cuadro, la sensación que empieza a extenderse entre muchos vecinos no es solamente la de una ciudad con problemas estructurales —algo histórico en Mar del Plata—, sino la de una administración que dejó de ofrecer respuestas, prioridades y horizonte. Y cuando una gestión entra en piloto automático, el riesgo es que las urgencias cotidianas terminen naturalizándose hasta convertirse en paisaje. 

El bloque de AM-MDF rechazó la rendición de cuentas en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante y apuntó contra la gestión municipal por la situación financiera del distrito.

La concejal Eva Ayala sostuvo que el Municipio presenta un déficit de 21 mil millones de pesos y una caída de 10 mil millones en la recaudación, lo que —según afirmó— impacta directamente en la capacidad de respuesta a los vecinos.

“Cada vez más recursos se destinan a sostener el funcionamiento y menos a resolver problemas estructurales. No hay planificación ni prioridades claras”, señaló la edil durante su exposición.

Además, cuestionó la falta de avances en obras anunciadas, como el Estadio Mundialista y el Parque de los Deportes, y advirtió que no hay información clara sobre los proyectos en marcha. 

“Las cuentas no están claras: Montenegro le mintió a los vecinos y se fue. La ciudad necesita respuestas concretas, no anuncios que no se cumplen”, concluyó.

El senador provincial Guillermo Montenegro presentó un proyecto para reformar el régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de adecuarlo a la Ley Nacional 27.801, que estableció la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. 

El proyecto no plantea derogar la normativa vigente, sino modificar la Ley Provincial 13.634 para crear un esquema más moderno, con especialización de jueces y equipos interdisciplinarios. 

Entre los principales puntos, se establece la responsabilidad penal desde los 14 años, la incorporación de medidas cautelares más estrictas —como restricciones de contacto o arresto domiciliario— y un mayor protagonismo de la víctima, que podrá acceder a asistencia psicológica y patrocinio jurídico. Además, se prevé que la privación de la libertad sea el último recurso y por el menor tiempo posible, con una pena máxima de 15 años.