La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala 1 resolvió este martes revocar la excarcelación otorgada en diciembre a Juan Pablo Offidani, condenado en el marco del caso Lucía Pérez, asesinada en 2016 en Mar del Plata, al considerar improcedente su acceso anticipado al régimen de libertad.

El tribunal de alzada entendió que, si bien el imputado llevaba cumplidos más de nueve años de prisión -con cómputos de reducción por estímulo educativo- y se encontraba próximo a reunir el requisito temporal para avanzar hacia la libertad condicional, no se verificaban las restantes condiciones exigidas por la ley.

En ese sentido, los jueces ponderaron la gravedad de los hechos juzgados, vinculados al abuso sexual agravado y al suministro de estupefacientes que derivaron en la muerte de la víctima en octubre de 2016 en Mar del Plata.

Asimismo, destacaron la relevancia de la situación de la víctima desde una perspectiva de género y los informes del área psicológica, que evaluaron aspectos como la conciencia del daño, la capacidad de reflexión, la autocrítica y el reconocimiento hacia la víctima.

Según la resolución, estos elementos impiden, por el momento, un avance en el régimen progresivo sin el cumplimiento de la etapa de prueba.

El fallo también remarcó que la valoración de la gravedad del delito no solo incide en la determinación de la pena, sino que se proyecta sobre su ejecución.

A fines de diciembre, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata resolvió otorgarle la libertad asistida a Juan Pablo Offidani, uno de los condenados en el caso por el femicidio de Lucía Pérez, al considerar que ya cumplía con los requisitos legales para acceder al beneficio. Los jueces entendieron que había superado los dos tercios de la pena —fijada en 15 años—, en parte por la reducción de 13 meses aplicada por estímulo educativo, y valoraron informes favorables sobre su evolución durante el encierro.

La medida fue dispuesta pese a la oposición del fiscal y de la familia de la víctima, y establece una serie de condiciones estrictas para su cumplimiento fuera de prisión. Entre ellas, fijar domicilio en la provincia, someterse al control del Patronato de Liberados, abstenerse de consumir alcohol o drogas, realizar un tratamiento por adicciones, no cometer nuevos delitos y mantener restricciones de acercamiento y salida del país.