Un proyecto de ley busca crear Areas de Prevención y Asistencia en Violencia de Género en todos los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la atención integral de víctimas y mejorar la respuesta sanitaria ante situaciones de violencia.

Según el texto legislativo, presentado por la diputada provincial María Alejandra Lorden, estas áreas estarán integradas por equipos interdisciplinarios conformados por abogados, médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, organizados para intervenir tanto en la emergencia como en el seguimiento a largo plazo. El proyecto establece que su función será “lograr la asistencia de las diferentes lesiones, el cese de los actos de violencia, facilitar el acceso a la justicia y promover la recuperación emocional y social”.

Entre los objetivos fijados se destacan la capacitación del personal de salud con perspectiva de género, la adopción de protocolos de atención y derivación, la aplicación de un registro de personas asistidas, la asistencia especializada a hijos testigos de violencia, y la realización de campañas de prevención y sensibilización en hospitales y centros de salud.

El proyecto se apoya en un amplio marco normativo internacional y nacional, entre ellos la CEDAW, la Convención de Belem do Pará, la Ley 26.485, la Ley 12.569 y su modificatoria 14.509, además de normas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. En los fundamentos, Lorden señala que la violencia de género debe abordarse desde un enfoque multidisciplinario y multisectorial, y que el sistema de salud cumple un rol central en la detección, asistencia y acompañamiento de las víctimas.

El texto también recuerda que la OMS define la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder… que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”, y subraya que mujeres y niños son los grupos con mayor riesgo.

La iniciativa invita a los municipios a adherir a la ley y establece que el Poder Ejecutivo deberá determinar la autoridad de aplicación y elaborar los protocolos de actuación correspondientes.

Un hombre de 85 años murió luego de ser atropellado por una motociclista que circulaba sin licencia de conducir en la ciudad de La Plata. La víctima fue identificada como Hugo Mario Giménez, quien falleció a raíz de las graves heridas sufridas tras el impacto. El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cerca de las 16:00, sobre la avenida 7, entre 603 y 604, en la localidad de Villa Elvira.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Giménez cruzaba la calzada llevando su bicicleta de la mano cuando fue embestido por una moto Corven Triax 150, conducida por una mujer de 40 años. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, donde se observa al jubilado atravesando la avenida y a la motociclista impactándolo de lleno, lo que provocó que ambos cayeran violentamente sobre el asfalto.

Personal del SAME llegó rápidamente al lugar y trasladó a la víctima al Hospital San Martín, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, Giménez murió poco después debido a la gravedad de las lesiones. La motociclista sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro.

Durante las actuaciones, se comprobó que la conductora no tenía licencia de conducir, circunstancia que ahora forma parte de la investigación judicial. Los peritos secuestraron la moto y analizarán las imágenes de las cámaras, además de tomar declaración a testigos para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº12 del Departamento Judicial La Plata, que imputó a la mujer por homicidio culposo y ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima como parte de las medidas de prueba.

La Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito de la provincia de Buenos Aires dispuso una prórroga extraordinaria y automática de 60 días para todas las Licencias Nacionales de Conducir cuyos vencimientos se encuentren entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2026, ante las demoras operativas registradas en el nuevo sistema de emisión y renovación.

La extensión se aplicará de manera directa desde la fecha de caducidad indicada en cada licencia, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Con esta medida, los conductores podrán continuar circulando dentro del período de gracia sin enfrentar inconvenientes administrativos.

La decisión responde a las complicaciones surgidas tras la entrada en vigencia, el 6 de julio, del nuevo esquema para licencias profesionales interjurisdiccionales de las categorías C, D y E, articulado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno bonaerense. La implementación generó retrasos en la toma de exámenes, en la capacitación del personal y en las evaluaciones psicofísicas, lo que derivó en una fuerte saturación de turnos y demoras en los procesos administrativos.

Según explicaron las autoridades, estos inconvenientes afectaron especialmente a los conductores profesionales vinculados al transporte de cargas y pasajeros, quienes dependen de la renovación de su licencia para sostener su actividad laboral.

En este contexto, la prórroga busca garantizar la continuidad del trabajo en el sector y evitar la paralización de actividades esenciales mientras los centros de emisión se adaptan al nuevo sistema. Además, la normativa habilita la posibilidad de extender nuevamente el plazo por otros 60 días si las dificultades operativas persisten.

El sindicato SUTEBA convocó a un paro docente de 48 horas desde el 3 de agosto, coincidiendo con el regreso a las aulas tras el receso invernal en la provincia de Buenos Aires, en el marco de un plan de lucha nacional impulsado por la conducción encabezada por María Laura Torre.

La organización gremial informó que la medida se integra a una estrategia de alcance federal que contempla la realización de una nueva Marcha Federal Educativa y la articulación de un paro general junto a centrales obreras. Entre los reclamos, SUTEBA rechaza las reformas laborales y previsionales en debate, cuestiona la denominada Ley de Libertad Educativa promovida por el gobierno de Javier Milei y exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El anuncio se produce en un escenario de marcada interna sindical. La facción disidente SUTEBA Multicolor ya llevó adelante medidas de fuerza en distritos como La Plata, Berisso y Ensenada, tras rechazar el último acuerdo salarial del 7% bimestral aceptado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Este sector reclama un salario equivalente a la canasta familiar, la devolución de descuentos por días de paro y mayores inversiones en infraestructura escolar y asistencia alimentaria.

En relación con la escala salarial vigente, el acuerdo paritario establece que un maestro de grado con 10 años de antigüedad percibirá $990.793 en julio y $1.018.575 en agosto, mientras que un docente de jornada completa superará los $2 millones.

Un sector de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires inició hoy un paro por 48 horas que afecta el dictado de clases en distintos distritos, convocado por la Asociación de Maestros Bonaerenses en rechazo al acuerdo salarial alcanzado entre el gobierno de Axel Kicillof y los gremios mayoritarios.

La medida fue ratificada por este gremio de reciente conformación, que decidió diferenciarse del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), el cual aceptó la propuesta de recomposición salarial presentada por el Ejecutivo provincial. Desde la organización reclamaron un salario básico de 2.000.000 de pesos y consideraron insuficiente el incremento del 7% a liquidarse en dos tramos, cuestionando las condiciones de la paritaria oficial.

El acuerdo vigente establece que un preceptor con diez años de antigüedad percibirá 855.757 pesos en julio y 885.901 pesos en agosto; un maestro de grado cobrará 990.793 pesos en julio y 1.018.575 pesos en agosto; mientras que un docente de jornada completa alcanzará 1.982.586 pesos en julio y 2.037.149 pesos en agosto.

La medida generó incertidumbre en la comunidad educativa, especialmente en La Plata, donde varias instituciones advirtieron a las familias sobre posibles niveles de adhesión al paro. Desde la Dirección General de Cultura y Educación señalaron que la huelga no fue notificada en tiempo y forma, por lo que el ausentismo será considerado como “falta injustificada” y podrá derivar en descuentos salariales.

Ante esta advertencia, el gremio rechazó la postura oficial y la calificó como una “campaña sucia” orientada a desmovilizar a los docentes. Por su parte, el secretario general de la Asociación de Maestros Bonaerenses, Claudio Vigne, defendió la legalidad de la medida y sostuvo que el sindicato cumplió con las notificaciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Escuelas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, oficializó la designación de nuevos representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura bonaerense, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, completando así los casilleros correspondientes a su gestión en el organismo encargado de la selección de jueces.

La resolución establece el nombramiento de tres consejeros titulares y tres suplentes, conforme a lo dispuesto por la Ley provincial N°11.868, que otorga al Ejecutivo cuatro representantes en el cuerpo. Los titulares designados son Santiago Carlos Pérez Teruel, Carlos Lisandro Pellegrini y Santiago Eduardo Révora. Como suplentes fueron nombrados Gabriela Demaria (de Pérez Teruel), Ana Laura Ramos (de Pellegrini) y Gustavo Alberto Gamino (de Révora).

Estas incorporaciones se suman al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, quien ya integra el Consejo como representante del Ejecutivo, junto a su suplente Inti Nahuel Pérez Aznar, consolidando el bloque oficialista dentro del organismo.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó en su última sesión la designación de Mariano Cascallares como consejero titular y de Sofía Vanelli como suplente en representación de ese cuerpo legislativo. Con estas definiciones, el Consejo avanza hacia su integración definitiva, aunque aún resta que la Cámara de Senadores bonaerense designe a su representante vacante en la sesión prevista para este jueves.

La regularización del organismo es considerada una prioridad para la administración provincial, en un contexto marcado por la existencia de numerosas vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales. La conformación completa del Consejo resulta clave para reactivar concursos públicos y acelerar el envío de pliegos a la Legislatura, con el objetivo de cubrir cargos y atender un reclamo sostenido del Poder Judicial.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para modificar la Ley 15.131, con el fin de diseñar, implementar y coordinar políticas públicas destinadas a la prevención, detección temprana, asistencia y abordaje interdisciplinario del juego compulsivo en niños y adolescentes menores de 18 años, según establece el artículo 1 del texto ingresado.

La iniciativa incorpora nuevas obligaciones estatales, entre ellas el diseño de políticas específicas de prevención, concientización y asistencia frente al juego problemático en menores, incluyendo modalidades digitales y apuestas online. El documento señala que estas acciones deberán garantizar “el interés superior del niño, la protección integral de sus derechos y el acceso oportuno a dispositivos de acompañamiento, tratamiento y contención”.

El proyecto suma además un artículo 2° bis, que establece prioridad de atención para menores de 18 años en los dispositivos psicológicos y sociales previstos por la ley. La propuesta busca asegurar intervenciones tempranas que eviten la profundización de conductas problemáticas y reduzcan su impacto en la vida familiar, educativa y comunitaria.

En materia sanitaria, se incorpora el artículo 2° ter, que obliga a hospitales públicos, centros de atención primaria, centros de salud y servicios de salud mental infanto‑juvenil a aplicar instrumentos y criterios de detección temprana, orientación y evaluación inicial para identificar indicadores compatibles con juego compulsivo en menores. Estas prácticas deberán respetar la autonomía progresiva, privacidad y derecho a ser oído.

El proyecto también modifica el artículo 15 de la ley vigente y endurece las sanciones para quienes organicen, exploten o publiciten juegos de azar violando las limitaciones normativas. Las multas irán de 2 a 40 módulos, y cuando la infracción involucre participación de menores, el mínimo se elevará al doble y el máximo aumentará un tercio.

Asimismo, se incorpora la obligación de que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) garantice cobertura integral para prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del juego compulsivo en menores afiliados, de manera oportuna, continua y adecuada a la edad y grado de madurez.

El texto fundamenta la reforma en el crecimiento de las apuestas online, plataformas digitales y redes sociales, que generan nuevos escenarios de exposición para menores sin controles suficientes de edad o acompañamiento adulto. También destaca la necesidad de integrar la detección temprana en las prácticas habituales del sistema de salud y reforzar la protección estatal mediante sanciones agravadas y cobertura prestacional obligatoria.

La Policía de Seguridad Comunal de Cañuelas detuvo a dos nuevos sospechosos, de 16 y 19 años, en el marco de la investigación por el homicidio de Franco Depauli, ocurrido el martes durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Las capturas se concretaron tras tres allanamientos realizados en el barrio Libertad.

Según los peritajes, Depauli, de 46 años, murió como consecuencia de una hemorragia cerebral severa provocada por el impacto de una piedra en la cabeza. El ataque ocurrió cuando la víctima estaba junto a su vehículo en la vía pública, en medio de disturbios entre grupos enfrentados.

Los nuevos detenidos fueron identificados como Gonzalo Germán Ruiz, de 19 años, y un adolescente de 16 apodado “El Chaque”, quienes se suman al primer imputado arrestado el miércoles, Iván Nahuel Lebrero, de 20.

La investigación avanzó a partir del análisis de imágenes del Centro de Operaciones Municipales y registros aportados por vecinos, que permitieron reconstruir el enfrentamiento entre grupos de los barrios Libertad y Fonavi, quienes se arrojaban piedras y fragmentos de vereda en plena calle.

Depauli fue trasladado de urgencia al Hospital Angel Marzetti a las 16:40, donde ingresó inconsciente y en paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación, los médicos confirmaron su fallecimiento a las 17:20.

Los restos de la víctima serán velados hoy en la Cochería Rodríguez y luego inhumados en el cementerio parque La Oración.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires debatirá en el recinto un proyecto de ley que busca regular la transparencia en la comercialización minorista de combustibles, estableciendo la obligatoriedad de comunicar con antelación los aumentos en naftas y gasoil. La iniciativa, impulsada por la diputada Ayelén Rasquetti, obtuvo dictamen favorable por unanimidad en la Comisión de Legislación General y quedó habilitada para su votación con media sanción el próximo lunes.

El proyecto apunta a revertir la falta de previsibilidad generada tras la eliminación de normativas nacionales que exigían la comunicación previa de ajustes tarifarios. Según sus fundamentos, las petroleras aplican actualmente incrementos de manera directa en surtidores, sin aviso previo a los consumidores.

En su articulado, la propuesta establece que las empresas refinadoras deberán notificar cualquier modificación de precios con al menos 72 horas de anticipación a las autoridades y estaciones de servicio. A su vez, los expendedores deberán informar esos incrementos a los usuarios con un mínimo de 48 horas antes de su entrada en vigencia, mediante cartelería visible en los establecimientos.

Rasquetti remarcó que la norma no pretende intervenir en la fijación de precios ni alterar las reglas del mercado, sino garantizar el acceso a la información en un contexto de subas acumuladas en los combustibles y de incertidumbre para los consumidores.

Si el proyecto obtiene media sanción, será girado al Senado bonaerense para continuar el proceso legislativo y avanzar hacia su aprobación definitiva.

Un sargento de la Policía Federal Argentina (PFA), identificado como M.J.A., mató a un joven de 18 años y dejó herido a su cómplice tras repeler un intento de robo anoche en La Plata, sobre Camino Centenario, entre las calles 476 y 477.

Según el parte oficial, el efectivo se desplazaba en una motocicleta Honda Wave cuando fue interceptado por dos individuos que circulaban en una Honda GLH, quienes lo amenazaron con un arma de fuego con fines de robo. En ese contexto, el agente cayó al asfalto, se identificó como policía y efectuó varios disparos con su arma reglamentaria.

Como resultado, uno de los presuntos asaltantes, Axel Maximiliano Mancilla Obando, murió en el lugar. Su acompañante, Luciano Pereyra, de 25 años, fue herido y trasladado al Hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internado bajo custodia policial.

De acuerdo con la investigación, Mancilla Obando registraba antecedentes penales y había sido liberado el 29 de enero por disposición del juez Nicolás Villafañe. En el lugar se secuestraron la pistola Glock calibre 9 mm del efectivo y una réplica de arma de fuego utilizada por los atacantes.

La causa fue caratulada como tentativa de robo y homicidio en legítima defensa, y quedó a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la Fiscalía Nº17 del Departamento Judicial de La Plata.

Un hombre de 46 años, identificado como Franco Daniel Depauli, murió ayer tras recibir un piedrazo en la cabeza durante disturbios registrados en Cañuelas, en el marco de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.

El hecho ocurrió en la intersección de Libertad y 25 de Mayo, donde vecinos se habían concentrado para celebrar. Según testimonios, la víctima se encontraba junto a su familia, ajena a los incidentes, cuando fue alcanzada por un objeto contundente mientras intentaba resguardarse.

Depauli fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel Marzetti, donde ingresó en estado crítico. Pese a los intentos de reanimación durante aproximadamente 50 minutos, los profesionales no lograron revertir el cuadro y se constató su fallecimiento. El director del centro de salud, Hernán Carpio, confirmó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado del traumatismo craneal.

La fiscalía ordenó la autopsia y la toma de testimonios para avanzar con la investigación. A partir del análisis de cámaras de seguridad, la policía identificó y detuvo a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien quedó imputado por homicidio simple y permanece alojado en una dependencia policial.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, aseguró que el Gobierno de Axel Kicillof podría alcanzar esta semana un acuerdo salarial con los gremios docentes y estatales, en el marco de las paritarias que continúan abiertas en la provincia de Buenos Aires.

El funcionario destacó el canal de diálogo con las organizaciones sindicales, aunque atribuyó las dificultades de la negociación al “ahogo financiero y económico” que, según afirmó, impulsa el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Correa sostuvo que los gremios participan activamente de las mesas técnicas y conocen las restricciones presupuestarias que enfrenta la administración provincial.

La propuesta oficial bajo análisis contempla un incremento del 7% no acumulativo sobre los haberes de junio, distribuido en 5% para julio y 2% para agosto, junto con el compromiso de reabrir la discusión en septiembre. En paralelo, se evalúa el pase a planta permanente de unos 8000 trabajadores estatales incorporados hasta diciembre de 2025.

Mientras el Frente de Unidad Gremial Docente define en asambleas la aceptación o rechazo de la oferta, Correa también se refirió a la interna del peronismo, respaldó la conducción política del gobernador Kicillof y minimizó las diferencias con sectores vinculados a Cristina Fernández.

Los bloques parlamentarios de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense presentaron de forma conjunta una serie de pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de obtener precisiones administrativas sobre una licitación pública millonaria impulsada por el Ministerio de Comunicación Pública, encabezado por la ministra Jesica Rey. El proceso, con un presupuesto oficial de $2.278.171.592,43, prevé la contratación semestral -con prórroga opcional- de servicios técnicos y operativos de producción y distribución satelital de contenidos audiovisuales oficiales, con inicio proyectado para el 1 de octubre de 2026.

El reclamo legislativo se centra en el destino de las partidas presupuestarias y en la decisión política de reactivar la señal estatal de streaming “ViBra Bonaerense”, que había interrumpido sus transmisiones a fines de febrero tras registrar bajos niveles de audiencia, con producciones que no superaban las 300 visualizaciones promedio. La oposición solicitó detallar qué medios recibirán la señal satelital, cuál será la línea editorial, y qué mecanismos de auditoría se implementarán para garantizar transparencia y evitar un eventual uso partidario de los recursos públicos.

Los bloques libertarios también expresaron dudas sobre la transparencia y la libre competencia del proceso de compra. Señalaron que la exigencia de acreditar capacidad satelital en banda Ku con un ancho de banda mínimo de 4 MHz durante las 24 horas funcionó como una barrera técnica excluyente, limitando la concurrencia de oferentes. Esto quedó reflejado en el acta de apertura del 25 de junio, donde -pese a la compra de dos pliegos- se registró una única oferta válida, presentada por La Corte S.A., por $1.995,9 millones. El pliego incluye además un despliegue logístico significativo: un estudio de televisión de 16 m², 80 unidades móviles, sistemas de transmisión 4G y cámaras robóticas de alta complejidad.

El pedido de informes fue acompañado por críticas severas de los referentes del espacio. El presidente de la bancada de diputados, Juan Osaba, calificó la medida como un “delirio insostenible”, acusando al gobernador de financiar una “trinchera ideológica” en medio de la crisis de seguridad, del IOMA y la pérdida de días de clases. En la misma línea, el senador Carlos Curestis consideró una “vergüenza” el montaje de una estructura de comunicación de tal magnitud económica, mientras que el dirigente provincial Sebastián Pareja denunció un “despilfarro” de fondos públicos.

La iniciativa busca forzar al Gobierno provincial a fundamentar los criterios de asignación presupuestaria en el área de comunicación institucional, en un contexto de delicada coyuntura socioeconómica.

Un proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires propone incorporar la educación vial como contenido obligatorio y transversal en todos los niveles del sistema educativo bonaerense, tanto en instituciones estatales como privadas, con el objetivo de formar conductas responsables y reducir la siniestralidad.

La iniciativa define la educación vial como un proceso formativo continuo orientado a la adquisición de conocimientos, valores y conductas que garanticen una circulación responsable y solidaria en la vía pública. También prevé su incorporación obligatoria en los institutos de formación docente, en línea con la Ley Nacional 27.214.

Entre los objetivos principales se destacan el desarrollo de conductas responsables en peatones, conductores y pasajeros; la promoción del conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito; el fomento de la convivencia y la movilidad segura; y la incorporación de nociones básicas de primeros auxilios y actuación ante emergencias viales.

En cuanto a su implementación, la futura Autoridad de Aplicación, a designar por el Poder Ejecutivo, será la encargada de definir los contenidos mínimos y progresivos en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación. Además, se prevé la articulación con municipios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos especializados en seguridad vial.

El proyecto se fundamenta en datos que reflejan la magnitud del problema. A nivel global, los siniestros viales provocan 1,19 millones de muertes anuales. En Argentina, durante 2024 se registraron 3.357 hechos fatales con 4.027 víctimas, mientras que en la provincia de Buenos Aires hubo 833 siniestros con 910 fallecidos, lo que equivale a un promedio de dos muertes por día.

El informe señala que el 90% de los siniestros se originan por fallas humanas, como exceso de velocidad, consumo de alcohol o uso del celular al volante. A su vez, los motociclistas representan el 46% de las víctimas fatales a nivel nacional, en un contexto de fuerte crecimiento del parque de motos, que superó las 8 millones de unidades en 2024.

En este marco, los legisladores sostienen que el Estado debe asumir un rol activo en la formación temprana de los ciudadanos, incorporando la educación vial como herramienta estructural para prevenir accidentes y promover una cultura de movilidad segura.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes y estatales a retomar la paritaria salarial hoy mediante reuniones virtuales, con encuentros programados a las 14:30 y 15:30, en un contexto de reclamos por recomposición de ingresos.

El primer turno corresponderá al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a las 14:30, mientras que a las 15:30 se desarrollará la reunión con los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública central encuadrados en la Ley 10.430.

La convocatoria se produce tras la última mesa de diálogo realizada el 12 de junio, en la que el Ejecutivo provincial no presentó una propuesta salarial y sólo adelantó un incremento del 30% en las asignaciones familiares, junto con un plan de desendeudamiento.

En este escenario, los gremios llegan a la negociación con fuertes expectativas y condicionan la continuidad de la paz social a la presentación de una oferta concreta que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

La reactivación de las paritarias se da luego de una serie de medidas de fuerza y huelgas realizadas en establecimientos educativos de la provincia durante los días previos, en reclamo de mejoras salariales.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualizó el cuadro tarifario de multas de tránsito para el bimestre julio-agosto, luego de fijar el valor de la Unidad Fija (UF) en $2271, lo que representa un aumento del 2,5% y eleva las sanciones máximas por infracciones graves por encima de los $2.000.000.

La UF -calculada en base al precio del litro de nafta premium en la sede del Automóvil Club Argentino de La Plata- es el parámetro que determina el monto de las multas en toda la provincia.

Con los nuevos valores, infracciones como exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo, circular a contramano, realizar giros indebidos o conducir bajo los efectos del alcohol tendrán multas que van desde $681.300 hasta $2.271.000, equivalentes a entre 300 y 1000 UF.

En la misma escala se ubican faltas como circular sin Verificación Técnica Vehicular (VTV), sin licencia habilitante o sin seguro obligatorio vigente.

La normativa también establece sanciones más severas para quienes se nieguen a realizar controles de alcoholemia, con multas que oscilan entre $1.135.500 y $2.725.200.

En tanto, las infracciones consideradas leves -como mal estacionamiento, exceso de ocupantes, no uso de casco o falta de documentación- tendrán valores que irán de $113.550 a $227.100.

El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires aprobó el Plan Estratégico Anual (PEA) 2026 para la conservación, restauración y manejo sostenible de los bosques nativos, en cumplimiento de la Ley Nacional de Bosques Nativos y con financiamiento del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

El plan abarca 969.752 hectáreas distribuidas en distintas ecorregiones y establece la asignación de recursos en cinco ejes de intervención: un 25% para manejo forestal sostenible y regularización de la actividad leñera; 25% para restauración y control de especies invasoras; 20% para manejo con ganadería integrada; 15% para uso sustentable de la biodiversidad; y 15% para prevención de incendios.

Las acciones previstas alcanzarán regiones como el Caldenal y el Monte en el sur provincial, los Talares del Este, los Talares de Barranca en el norte, los Bosques Ribereños y el Delta del Paraná, con intervenciones orientadas a la preservación y recuperación de estos ecosistemas.

Entre los objetivos del ciclo 2026 se destacan el fortalecimiento de los controles contra desmontes ilegales, la aprobación de nuevos planes de manejo para propietarios rurales y el impulso a investigaciones científicas aplicadas a la regeneración de suelos y la conservación ambiental.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció los resultados de la convocatoria Proyectos Bonaerenses de Federalización de la Ciencia y la Tecnología, una iniciativa destinada a fortalecer la articulación entre universidades de distintas regiones del país y promover investigaciones en áreas estratégicas para la Provincia y la Argentina. La inversión total asciende a $313 millones, según informó la administración bonaerense.

Impulsada por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el Ministerio de Gobierno, la convocatoria seleccionó siete proyectos integrados por 25 universidades ubicadas en 12 provincias. Cada red recibirá $40 millones para su ejecución, además del financiamiento semilla otorgado en la etapa preparatoria. Los resultados están disponibles en el sitio oficial de la CIC.

El objetivo central es constituir redes federales de investigación, fomentar la interacción entre universidades bonaerenses y de otras jurisdicciones, y dar continuidad a líneas de trabajo que habían quedado interrumpidas por el desfinanciamiento del sistema científico nacional. La Provincia destacó que la iniciativa expresa su decisión de sostener la inversión pública en ciencia y tecnología como herramienta estratégica para el desarrollo y la construcción de capacidades federales.

Los proyectos seleccionados abordan problemáticas prioritarias como energía y transición energética, recursos hídricos, estudios del mar, salud, cambio climático y ambiente, federalismo, y empleo y juventud. La convocatoria estuvo dirigida a redes conformadas por entre tres y cinco universidades, con participación obligatoria de al menos una institución bonaerense y otra de una provincia con convenio de cooperación vigente.

El proceso de evaluación se desarrolló en dos etapas. En la primera instancia se recibieron 19 postulaciones, de las cuales un jurado preseleccionó 11 proyectos integrados por 39 nodos universitarios. Estas iniciativas recibieron financiamiento semilla para perfeccionar sus propuestas antes de la evaluación final.

Como resultado, las redes seleccionadas consolidan una amplia cooperación científica entre instituciones de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Neuquén, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Jujuy, Tierra del Fuego y Río Negro, fortaleciendo capacidades estratégicas con perspectiva federal.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará hoy las 16:00 un acto conmemorativo en la Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. La actividad se desarrollará en el predio donde descansan los restos del tres veces presidente y tendrá lugar en un contexto de creciente reconfiguración interna dentro del peronismo bonaerense.

La agenda oficial contempla una recorrida previa por el centro de formación laboral que funciona en el complejo, junto al intendente Nicolás Mantegazza y el dirigente Mariano Cascallares. Luego se realizará el acto central con la presencia de referentes del Partido Justicialista.

Sin embargo, la convocatoria será más acotada que la prevista inicialmente. La intención de reunir a los 135 dirigentes distritales del PJ bonaerense quedó limitada por dificultades de articulación política y diferencias internas, lo que derivó en una participación focalizada en intendentes y dirigentes regionales.

La conmemoración llega en un momento de fuerte debate dentro del peronismo, atravesado por tensiones entre distintos espacios, entre ellos La Cámpora y sectores alineados con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), cercano a la figura del mandatario provincial. Las diferencias también se expresan en torno a la situación judicial de Cristina Fernández y las estrategias de conducción partidaria hacia los próximos años.

En ese marco, recientes declaraciones de Kicillof sobre la necesidad de evitar “mezquindades y chiquitajes” para enfrentar al gobierno de Javier Milei generaron cruces con el diputado Máximo Kirchner, quien cuestionó a los sectores que plantean unidad sin acompañamiento orgánico.

Las tensiones también tuvieron su correlato en la Legislatura bonaerense, con intercambios entre el senador Sergio Berni y la vicegobernadora Verónica Magario, además de reclamos del senador Mario Ishii para declarar la emergencia alimentaria en el conurbano.

Las dificultades financieras que atraviesan los hogares de la provincia de Buenos Aires se reflejaron en los indicadores de cumplimiento crediticio de mayo, que mostraron un aumento sostenido de la mora. Según datos del Banco Central de la República Argentina procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el 28,5% de los bonaerenses con financiamiento activo presenta atrasos o irregularidades en sus pagos, por encima del promedio nacional, que se ubicó en 27,9%.

El informe, coordinado por el economista Hernán Letcher, detalla que a nivel país unas 5,8 millones de personas físicas y jurídicas no lograron cumplir con sus obligaciones en los plazos establecidos.

En el caso del crédito destinado al consumo, la morosidad en la Provincia alcanzó el 17,8%, superando en 2,5 puntos porcentuales la media nacional (15,3%) y ubicando a Buenos Aires entre las jurisdicciones con mayor vulnerabilidad financiera, detrás de La Rioja, San Luis y Catamarca.

Los especialistas vinculan este deterioro con cambios en los patrones de financiamiento de los hogares. En particular, advierten un fuerte crecimiento del uso de proveedores no financieros de crédito, como billeteras virtuales, plataformas fintech y empresas de financiamiento comercial.

En este segmento, el nivel de irregularidad a nivel nacional trepó al 27,9%, muy por encima del 12,3% registrado en el sistema bancario tradicional.