Ingresó a la legislatura provincial un proyecto de ley que busca prevenir, sancionar y erradicar el negacionismo vinculado al terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura militar (1976-1983). La iniciativa propone una definición legal del concepto, establece sanciones y crea herramientas educativas e institucionales para reforzar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

El texto define como negacionismo a toda expresión o conducta que niegue, minimice o justifique los crímenes de la dictadura; que reivindique a sus responsables; que equipare la violencia estatal con la ejercida por actores no estatales; o que desacredite los juicios de lesa humanidad y el proceso histórico de reparación.

Entre las medidas centrales, el proyecto prevé la creación de una base de datos pública con documentos clave, como el informe Nunca Más, la sentencia del Juicio a las Juntas y fallos de causas por delitos de lesa humanidad. En el plano educativo, incorpora contenidos obligatorios sobre dictadura y derechos humanos, y contempla sanciones para docentes que incurran en expresiones negacionistas.

La iniciativa también establece capacitaciones obligatorias en derechos humanos para todos los funcionarios públicos y crea un Consejo Provincial encargado de diseñar políticas contra el negacionismo, promover campañas, recibir denuncias y articular acciones con otros organismos.

En materia punitiva, el proyecto prevé multas económicas, decomiso de material propagandístico y la obligación de realizar capacitaciones como sanción alternativa o complementaria. Para los funcionarios públicos, se contemplan sanciones disciplinarias.

En sus fundamentos, la propuesta impulsada por la legisladora oficialista Malena Galmarini, señala que el negacionismo ya fue abordado legalmente en Europa tras el nazismo y que en Argentina no existe una tipificación específica. Sostiene que el terrorismo de Estado está probado por la CONADEP, el Juicio a las Juntas y numerosas sentencias judiciales, y que la normativa busca proteger el consenso democrático del Nunca Más.

La idea central del proyecto es combinar sanción, educación y preservación de la memoria histórica, con el objetivo de evitar retrocesos en materia de derechos humanos.

El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para eliminar el impuesto de sellos aplicado a las operaciones realizadas con tarjeta de crédito. La iniciativa fue impulsada por el diputado bahiense Oscar Liberman y acompañada por otros 16 legisladores del espacio.

La propuesta apunta a derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense, que establece una alícuota del 1,2% sobre los débitos o cargos formalizados mediante tarjetas de crédito. Según el autor del proyecto, este tributo “encarece el consumo formal y estimula la informalidad económica”.

Además de eliminar el gravamen, el proyecto contempla modificaciones al artículo 258 del Código Fiscal y a la Ley Impositiva vigente, en los apartados vinculados al impuesto de sellos sobre operaciones con tarjeta. Desde el bloque libertario sostienen que la medida representaría un alivio fiscal para los contribuyentes y contribuiría a incentivar el consumo registrado.

Uno de los principales argumentos de la iniciativa es de carácter jurídico. Liberman aseguró que el resumen de tarjeta de crédito no reúne las condiciones necesarias para ser considerado un instrumento alcanzado por el impuesto de sellos, según lo establecido por la Ley de Coparticipación Federal. En ese sentido, afirmó que el resumen no constituye un título jurídico suficiente para exigir judicialmente el pago de una deuda sin documentación complementaria.

El proyecto se enmarca dentro de la agenda de desregulación fiscal y reducción de impuestos que impulsa La Libertad Avanza en distintos ámbitos legislativos. La iniciativa fue acompañada, entre otros, por los diputados Agustín Romo, Francisco Adorni y Florencia Retamoso.