El Senado abrirá hoy el debate en comisión sobre el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca limitar la intervención estatal en la conformación y funcionamiento de las empresas. El funcionario expondrá a partir de las 15:30 ante la comisión de Legislación General, presidida por la senadora libertaria Nadia Márquez, en una reunión informativa destinada a detallar los alcances de la propuesta.

El proyecto plantea un cambio estructural en el régimen societario vigente desde 1972. Según los fundamentos, la reforma apunta a “terminar con la tutela del Estado” sobre la organización interna de las sociedades, de modo que las normas legales pasen a ser supletorias y prevalezca lo que establezca cada estatuto. Sturzenegger estará acompañado por la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica, Paula Taddei Farfán, y por el titular de la Inspección General de Justicia, Alejandro Ramírez.

Uno de los puntos más novedosos es la creación de la figura de la Sociedad Automatizada, que podrá operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de empleados para su funcionamiento ordinario. También se incorpora el reconocimiento de las DAO, organizaciones total o parcialmente autónomas basadas en tecnología blockchain y con participaciones tokenizadas.

La iniciativa establece que las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley habilita, y se eliminan diversas trabas burocráticas. El objeto social podrá ser amplio y sin obligación de conexidad entre actividades, lo que flexibiliza la estructura tradicional de las sociedades.

Otro aspecto relevante es que las empresas podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional, y pactar cláusulas arbitrales en sus estatutos para resolver controversias sin depender de los tiempos de la justicia local.

El proyecto también habilita la digitalización plena de las sociedades: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución mediante firma digital o electrónica y un legajo digital público para cada empresa. La incorporación del domicilio y la sede electrónica busca adecuar el régimen legal a modelos de operación remota, plataformas digitales y equipos distribuidos.

Además, se amplían las alternativas de aportes societarios, permitiendo bienes, derechos, créditos, activos digitales y prestaciones susceptibles de valoración económica. Según el texto, esto permitirá reconocer el valor de activos intangibles y tecnológicos que hoy son centrales en la actividad empresarial.

El oficialismo buscará avanzar en las próximas semanas con el tratamiento del proyecto, que forma parte del paquete de reformas orientado a desregular distintos sectores de la economía.

Fuente: Noticiasargentinas.com

Un fuerte cruce entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) marcó la participación argentina en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, donde ambos sectores expusieron posiciones opuestas sobre la nueva ley de modernización laboral.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, defendió la norma aprobada por el Congreso y la calificó como “un paso concreto hacia la modernización”. Sostuvo que la Argentina necesita adaptarse a las nuevas tecnologías, mejorar la productividad y generar condiciones para la inversión. “La tecnología por sí sola no genera bienestar; lo hace cuando aumenta la productividad y se transforma en inversión, empleo y salarios mejores”, afirmó. Recordó además que el país lleva 15 años sin crecimiento del empleo privado y que la informalidad ronda el 43%.

Rappallini destacó que la ley 27.802 promueve la contratación, refuerza el sistema de riesgos del trabajo y otorga previsibilidad jurídica. También subrayó que la estabilidad macroeconómica debe complementarse con acceso al crédito productivo, capacitación continua y sistemas educativos alineados con las nuevas habilidades laborales.

La postura de la CGT fue diametralmente opuesta. En su intervención, Gerardo Martínez (Uocra) acusó al Gobierno de profundizar la precarización laboral y de aprobar “en connivencia” con las provincias una ley “propatronal”. “El mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o trabaja en la informalidad”, afirmó. También denunció desfinanciamiento en salud y educación, y cuestionó que la reforma “elimina derechos celebrados por empresarios oportunistas”.

Durante el tratamiento del caso argentino -a partir de una denuncia de la CGT por presuntas violaciones a derechos laborales-, la delegación sindical adoptó una postura confrontativa y llegó a entonar la Marcha Peronista, lo que generó sorpresa entre representantes de otros países por el clima inusual en las deliberaciones de la OIT.

Otros dirigentes sindicales, como Jorge Sola y Roberto Baradel, también denunciaron “graves violaciones a los derechos laborales”, deterioro institucional y debilitamiento de los mecanismos estatales de control. En un gesto inédito, la delegación de la CGT decidió no asistir a la recepción ofrecida por el embajador argentino en Ginebra, Carlos Foradori, una tradición habitual en este tipo de encuentros.

Fuente: Infobae.com

La disputa judicial por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo con resultado favorable para el Gobierno nacional. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa impulsada por la CGT deberá continuar en ese fuero y no en la Justicia del Trabajo, como pretendía la central sindical.

El fallo, firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, avaló la postura de la Casa Rosada y determinó que el expediente siga su curso en el ámbito contencioso administrativo, lo que representa un golpe para la estrategia judicial del sindicalismo.

El conflicto se había generado a partir de un cruce de competencias entre distintos juzgados. Mientras un tribunal del fuero contencioso administrativo se había declarado competente, desde la Justicia laboral intentaron atraer la causa. Finalmente, la Cámara intervino para zanjar la disputa y fijó el criterio definitivo.

En su resolución, los magistrados cuestionaron el accionar del juzgado laboral al considerar que se apartó de los procedimientos previstos y generó demoras innecesarias. Además, remarcaron que el caso excede el plano estrictamente laboral, ya que pone en discusión la validez de una ley nacional, lo que justifica su tratamiento en el fuero federal.

La decisión fue leída como un revés para la CGT, que apuesta a declarar la inconstitucionalidad de la reforma. En el sector sindical admiten que el escenario en ese fuero es menos favorable, aunque descuentan que la disputa terminará en la Corte Suprema.

Mientras tanto, el Gobierno suma respaldo en los tribunales y consolida su estrategia para sostener la vigencia de la reforma, en medio de un conflicto que promete seguir escalando en el plano judicial y político.

El presidente Javier Milei celebró la revocación de la medida cautelar resuelta este que había frenado parcialmente la Ley de Modernización Laboral y afirmó que “no podrán detener el crecimiento que se viene para el país”.

En ese marco, a través de sus redes sociales sostuvo que la norma sancionada el 27 de febrero “sigue vigente” y destacó la novedad replicando un mensaje de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien a su vez había citado al titular de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

No podrán detener el crecimiento que se viene para el País.VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! https://t.co/45AXyOYIXM

Estas declaraciones surgieron este jueves al mediodía, cuando se dio a conocer la suspensión de la cautelar emitida por el juez Raúl Ojeda respecto a los 82 artículos que la CGT pretendía eliminar porque, tal como sostenía el triunvirato conformado por Jorge Sola; Octavio Arguello; y Cristian Jerónimo, “atentaban contra los derechos adquiridos de los trabajadores”. 

El fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo permitió que los artículos cuestionados de la Ley 27.802 sigan vigentes, incluyendo cambios en la jornada laboral, indemnizaciones y periodo de prueba. Previamente, la cartera de Pettovello, había expresado su rechazo sobre los intentos de “obstaculizar las reformas necesarias” por parte de la central obrera.

A pesar de las celebraciones, la CGT busca mantener los cuestionamientos judiciales sobre la constitucionalidad de la normativa vigente.