El gobierno nacional concretó este viernes la adjudicación de la concesión de la Ruta Nacional 226 y otros corredores viales estratégicos de la provincia de Buenos Aires a un consorcio integrado por las empresas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y la marplatense Coarco SA, en el marco del nuevo esquema de concesiones impulsado por la gestión de Javier Milei.

La decisión fue plasmada en la Resolución 706/2026 del ministro de Economía Luis Caputo en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504-0013, correspondiente al tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, uno de los paquetes licitados por el Ejecutivo nacional para transferir a operadores privados la explotación y mantenimiento de rutas nacionales durante un plazo de 20 años.

El subtramo Atlántico incluye la Ruta 226 entre Mar del Plata y Bolívar, mientras que el tramo Sur comprende corredores de las rutas nacionales 3, 205 y 253. El Acceso Sur abarca autopistas clave de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires, como Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

Según el dictamen de la Comisión de Evaluación de Propuestas al que accedió QZ Noticias, la propuesta del consorcio fue seleccionada por presentar la tarifa de peaje más conveniente. El valor unitario ofertado fue de $997 sin IVA, calculado sobre valores de mediados de 2025 y sujeto a actualización antes de la adjudicación definitiva.

“Corresponde destacar que la tarifa correspondiente a la oferta más baja para los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur resulta levemente superior a la tarifa actualmente vigente”, sostuvo la Comisión evaluadora al justificar la recomendación.

La definición también implicó el rechazo definitivo de la impugnación presentada por Aubasa, la empresa estatal bonaerense que buscaba quedarse con la operación de los corredores nacionales en territorio provincial. La oferta había sido descartada durante la etapa de precalificación bajo el argumento de que la firma no acreditaba experiencia directa en ejecución de obra pública.

Desde el gobierno de Axel Kicillof cuestionaron esa decisión y denunciaron que el Ejecutivo nacional modificó criterios del pliego una vez iniciada la licitación. El conflicto podría derivar en una disputa judicial.

Las cuatro empresas adjudicadas tienen antecedentes en infraestructura y obra pública, aunque no experiencia directa en administración de concesiones viales. El pliego, precisamente, priorizaba antecedentes en construcción de obras de gran escala.

Entre las firmas aparece Coarco SA, empresa marplatense con participación en proyectos como el Museo MAR, el Paseo Aldrey, obras hidráulicas y el Acueducto Sur. Su titular es Patricio Gerbi, empresario involucrado en la conocida como Causa de los Cuadernos y donde figura como "imputado colaborar", más como conocido como “arrepentido”, quien reconoció haber pagado sobornos para obtener la concesión del COrredor Vial N° durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En cambio, negó la segunda acusación que pesa sobre él, sobre sobornos en la asignación de otras obras públicas nacionales.

También integran el consorcio Concret Nor SA, especializada en obras viales e hidráulicas; Pose SA, con actividad en infraestructura y energía; y Marcalba SA, dedicada a obras públicas y producción asfáltica.

Hasta el momento, la concesión de la Ruta 226 está a cargo de la empresa estatal Corredores Viales, una de las firmas sujetas a privatización en el marco de la Ley Bases.

El gobierno nacional avanzó con la apertura de sobres de la licitación para concesionar distintos corredores viales y, dentro de ese esquema, uno de los tramos clave es el denominado Sur–Atlántico – Acceso Sur, que incluye rutas nacionales en territorio bonaerense, entre ellas la Ruta 226 que conecta Mar del Plata con el interior de la provincia.

El proyecto contempla la operación, mantenimiento y administración de estos corredores bajo un modelo de gestión privada. Según lo previsto, las empresas que resulten adjudicatarias deberán hacerse cargo tanto del estado de las rutas como de la ejecución de obras, en un esquema basado en inversión privada y sin aportes directos del Estado.

En este contexto, se conocieron las ofertas económicas presentadas por las compañías interesadas, centradas principalmente en la tarifa de peaje que aplicarán a los usuarios. Para el tramo Sur–Atlántico – Acceso Sur quedaron en carrera seis empresas, con propuestas que, en todos los casos, se ubican por debajo de los valores actuales.

La oferta más baja corresponde a la firma Concret Nor SA, con una tarifa base cercana a los $997 sin IVA, calculada a valores de mediados de 2025. El resto de las propuestas se mueve en un rango que va desde los $1.057 hasta los $1.322, todas por debajo del peaje vigente en el paraje El Dorado, entre Mar del Plata y Balcarce, que hoy ronda los $1.500.

El esquema de concesión incluye, además del mantenimiento, la obligación de realizar mejoras y sostener estándares de servicio, con foco en la seguridad vial y la conectividad. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de reorganización del sistema de rutas nacionales impulsada por el Gobierno.

El proceso de evaluación de las ofertas continuará en las próximas semanas y definirá qué empresa quedará a cargo de un corredor clave para el tránsito hacia la costa atlántica. En paralelo, la licitación sumó polémica luego de que Vialidad Nacional declarara inválida la propuesta de Aubasa, la empresa estatal bonaerense, una decisión que fue apelada y que podría tener impacto en el resultado final del proceso.