El Departamento de Estado de los Estados Unidos eliminó la advertencia especial de viaje que pesaba sobre Rosario y la incorporó al Nivel 1 de riesgo -“Tome las precauciones normales”- en su informe oficial actualizado hoy, una medida que alcanza a toda la República Argentina y que representa un beneficio directo para la ciudad santafesina.

Con esta modificación, Rosario dejó de figurar de manera aislada en el Nivel 2, categoría que instaba a “extremar precauciones” y que había generado inquietud en ámbitos diplomáticos y económicos. La decisión fue celebrada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, quienes interpretaron el cambio como un respaldo internacional a las políticas de seguridad implementadas en los últimos meses.

Desde el gobierno provincial atribuyeron la mejora al trabajo coordinado entre la Provincia, el Gobierno nacional -a través de fuerzas federales-, el municipio, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal, en el marco de una estrategia integral contra el crimen organizado. La actualización se conoció un mes después de la reunión bilateral entre Pullaro y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, donde se analizaron esquemas de cooperación en materia de seguridad.

“Es un reconocimiento muy importante al camino que decidimos recorrer desde el primer día de gestión. Rosario está saliendo del lugar en el que la habían dejado y comienza a ser reconocida por esa transformación”, afirmó Pullaro al valorar el impacto de la medida.

En el plano económico y reputacional, Javkin destacó que la nueva clasificación permitirá mejorar las condiciones para la llegada de inversiones, facilitar la organización de eventos internacionales y fortalecer la estrategia de seguridad en curso. Según evaluaron las autoridades, el nuevo estatus abre un escenario más favorable para la radicación de empresas, el turismo corporativo y la consolidación de políticas públicas orientadas al control territorial.

Diversas fuerzas de seguridad nacionales y áreas municipales llevaron adelante operativos de control y saturación vehicular en distintos barrios de Mar del Plata, con el objetivo de prevenir delitos, fiscalizar documentación y reforzar la seguridad urbana.

Los procedimientos se concentraron en sectores estratégicos como Sarmiento, Parque Primavesi, Los Troncos, San Carlos y Don Bosco, donde se desplegaron puestos fijos y móviles en accesos y avenidas principales.

Las tareas contaron con la participación de la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Tránsito y Movilidad Urbana del Municipio de General Pueyrredon, en un esquema articulado que busca incrementar la presencia disuasiva en la vía pública.

Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de motocicletas que no cumplían con la normativa vigente, principalmente por falta de seguro obligatorio, licencias habilitantes o elementos de seguridad. Además, se labraron decenas de actas de infracción.

En paralelo, se realizaron patrullajes dinámicos mediante motovehículos oficiales, lo que permitió una cobertura más ágil y una respuesta rápida ante situaciones de emergencia en sectores de difícil acceso.

Desde la comuna y las fuerzas intervinientes confirmaron que este tipo de operativos continuará replicándose de forma sorpresiva y en distintos horarios en otras zonas de la ciudad durante las próximas semanas.

Ingresó a la legislatura provincial un proyecto que propone modificar la Ley 13.482, que regula la organización y actuación de las policías de la provincia de Buenos Aires, con el fin de incorporar formalmente la autorización y definición del uso de armas no letales en las fuerzas de seguridad provinciales.

El articulado presentado por el diputado Carlos J. Puglelli de Fuerza Patria, introduce dos nuevos artículos. El 14 bis autoriza a las policías de la Provincia a utilizar armas no letales, estableciendo que sólo podrán emplearse por personal activo que haya aprobado capacitaciones técnicas y evaluaciones psicofísicas dictadas por la Autoridad de Aplicación. El 14 ter define normativamente estas armas como dispositivos diseñados para producir efectos temporales en el organismo humano sin causar lesiones permanentes, ya sean de índole electrónica o neumática.

En los fundamentos, el proyecto retoma antecedentes legislativos previos y se apoya en un informe técnico elaborado en marzo por la investigadora Natasa Loizou, centrado en dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea utilizados en Argentina. Puglelli sostiene que la denominación “armas no letales” es más adecuada que “armas electrónicas”, ya que permite incluir tecnologías diversas, como herramientas de propulsión neumática.

El texto argumenta que la iniciativa respeta el marco federal vigente: la legislación nacional -Ley de Armas 20.429 y decretos reglamentarios- ya clasifica y permite dispositivos electrónicos que generan efectos pasajeros, por lo que corresponde a la Provincia definir cuáles de estos medios adopta para sus fuerzas policiales.

El proyecto también incorpora una distinción técnica y de derechos humanos. Señala que estos dispositivos no deben confundirse con una picana eléctrica, diferenciando entre herramientas de contacto directo -asociadas al dolor y con mayor riesgo de abuso- y los dispositivos conductores de energía por proyectil (CED), que actúan a distancia mediante incapacitación neuromuscular temporal. La propuesta busca privilegiar estos últimos.

Puglelli sostiene que las armas no letales cubren una brecha operativa entre la persuasión verbal y el uso de armas de fuego, alineándose con las directrices de la ONU sobre gradualidad en el empleo de la fuerza, reduciendo la probabilidad de muertes o lesiones graves. No obstante, advierte que estos dispositivos no son inocuos y requieren condiciones estrictas de uso, capacitación obligatoria y sistemas de registro y trazabilidad posteriores a cada intervención.

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una red dedicada al narcomenudeo que operaba en distintas localidades del Partido de La Costa. El operativo, que incluyó tres allanamientos simultáneos, culminó con la aprehensión de un ciudadano argentino mayor de edad y el secuestro de diversas sustancias estupefacientes acondicionadas para su venta directa al público.

La investigación penal preparatoria se había iniciado en febrero de este año, bajo la conducción de la División Unidad Operativa Federal Pinamar y con el apoyo estratégico de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata. Mediante tareas de campo, vigilancias encubiertas y análisis criminal, los agentes federales lograron detectar la existencia de un aceitado punto de venta de drogas que afectaba a la región balnearia.

Con las pruebas recolectadas, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 3 del Departamento Judicial de Dolores ordenó profundizar las tareas de constatación. El avance de la pesquisa permitió determinar que los tres domicilios investigados no solo funcionaban como residencia del principal sospechoso, sino que también eran utilizados de manera activa para el acopio, fraccionamiento y posterior comercialización de los estupefacientes.

Finalmente, el Juzgado de Garantías Nº 6 de Villa Gesell libró las órdenes de irrupción para las tres fincas. Durante el despliegue de las fuerzas de seguridad, se logró incautar una importante cantidad de clorhidrato de cocaína y marihuana fraccionada, teléfonos celulares, balanzas de precisión y material de corte indispensable para el fraccionamiento de las sustancias.

Tanto el hombre detenido como todo el material secuestrado durante los procedimientos fueron trasladados a la sede de la DUOF Pinamar, donde quedaron formalmente a disposición de las autoridades judiciales correspondientes bajo los cargos de infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas).

La discusión sobre el uso del espacio público y las actividades informales vinculadas al estacionamiento y limpieza de vehículos sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Y con aroma marplatense. Es que un proyecto de ley presentado por Guillermo Montenegro en el Senado bonaerense propone incorporar al Código de Faltas una serie de sanciones específicas contra los denominados trapitos y limpiavidrios, con penas de arresto y que varían según la gravedad de cada caso.

La iniciativa impulsada por el intendente en uso de licencia busca establecer un marco sancionatorio para quienes ofrezcan o presten, sin autorización legal, servicios de cuidado de vehículos, reserva de espacios para estacionar o limpieza de parabrisas en la vía pública, de acuerdo al texto al que accedió QZ Noticias.

De acuerdo a lo expresado por el senador Montenegro en los fundamentos, estas prácticas dejaron de ser situaciones aisladas para convertirse en una problemática presente en distintos municipios bonaerenses. El texto sostiene que, en numerosos casos, la actividad se desarrolla en las inmediaciones de estadios, recitales, hospitales, centros comerciales, estaciones de trenes y terminales de transporte, donde algunas personas exigen pagos o administran espacios públicos sin contar con habilitación.

La propuesta incorpora un nuevo artículo al Código de Faltas bonaerense y prevé penas de arresto de entre cinco y quince días para quienes desarrollen estas actividades. Además, establece el doble de días de arresto ante la existencia de agravantes tales como amenazas, intimidaciones, hostigamiento a conductores, actuación coordinada de varias personas o antecedentes por hechos similares.

También se contemplan sanciones más severas cuando la actividad se realice en el marco de espectáculos deportivos, culturales o eventos masivos; como así también si las personas individualizadas se desempeñan ocultando su rostro o portando las llamadas "armas impropias", como palos, botellas o cuchillos, entre otros elementos.

El proyecto de ley de Montenegro, presentado este martes en el Senado, prevé sanciones más graves para quienes organizan o explotan económicamente estas prácticas. Para esos casos se prevén arrestos de entre 30 y 45 días, mientras que las sanciones podrían llegar hasta los 90 días cuando la actividad se vincule con eventos masivos, como recitales o partidos de fútbol. 

Asimismo, el texto incorpora además un régimen de multas para clubes, instituciones y organizadores de eventos cuando se compruebe una participación directa o indirecta en la explotación de cuidacoches o trapitos en las inmediaciones de los espectáculos. Según la propuesta, las sanciones económicas podrían llegar hasta el 10.000% del haber mensual de un agente de la Policía Bonaerense cuando estas prácticas se desarrollen dentro de un radio de hasta 50 cuadras del lugar donde se realice la actividad.

Una investigación policial permitió identificar al presunto autor de un robo cometido días atrás en un comercio del centro de Mar del Plata y avanzar con un allanamiento en el que fueron secuestrados diversos elementos considerados de interés para la causa. Aunque el sospechoso no fue hallado en el domicilio allanado, la Justicia avaló las medidas realizadas y dispuso la continuidad de las actuaciones.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Primera, a partir de tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros de cámaras de seguridad y otras diligencias. Con los elementos reunidos, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°14 solicitó una orden de registro para una vivienda ubicada en el barrio La Perla.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un revólver de utilería, un barbijo y una cinta de embalar. Según los investigadores, estos objetos habrían sido utilizados durante la comisión del delito que se encuentra bajo investigación.

Tras ser informado de los resultados del procedimiento, el fiscal Fernando Berlingeri convalidó los secuestros y dispuso la notificación de formación de causa al imputado por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego.

La causa se originó a raíz de un hecho ocurrido el pasado 20 de junio en un comercio ubicado sobre la calle Santa Fe al 1700. De acuerdo con la denuncia, un hombre ingresó al local, exhibió un arma que llevaba en la cintura y sustrajo dinero en efectivo de la caja registradora antes de escapar.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas en los días posteriores, los investigadores lograron identificar al presunto responsable y avanzar con la medida judicial concretada este miércoles. La búsqueda del sospechoso continúa mientras la fiscalía reúne nuevas pruebas para el avance de la causa.

Un proyecto ingresado en el Concejo Deliberante de Balcarce busca abrir el debate sobre la creación de una Guardia Urbana Municipal, un cuerpo destinado a desarrollar tareas preventivas y de acompañamiento en materia de seguridad sin reemplazar las funciones que actualmente desempeña la Policía Bonaerense.

La iniciativa fue presentada por la concejal Sol Di Gerónimo, del bloque Fuerza Patria, y plantea que el Ejecutivo municipal evalúe la viabilidad de implementar este esquema, utilizado en distintos municipios del país como herramienta complementaria para el monitoreo, la prevención y la asistencia en el espacio público.

Entre los fundamentos del proyecto se señala que la seguridad figura entre las principales preocupaciones de la comunidad y que resulta necesario incorporar nuevas herramientas de gestión para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que afectan la convivencia urbana. En ese marco, la propuesta apunta a incrementar la presencia territorial del Estado mediante patrullajes preventivos y tareas de observación en plazas, establecimientos educativos y eventos de concurrencia masiva.

Según el texto impulsado por la edil, la futura Guardia Urbana tendría un rol complementario y de apoyo, sin interferir en las competencias propias de las fuerzas policiales. La intención es fortalecer la articulación institucional y sumar recursos para las acciones de prevención y control en la ciudad.

La presentación del proyecto se produce además en un contexto en el que distintos municipios bonaerenses vienen impulsando discusiones vinculadas a una mayor participación local en las políticas de seguridad y a la posibilidad de contar con estructuras municipales específicas para tareas preventivas.

La iniciativa deberá ahora ser analizada por las comisiones del Concejo Deliberante antes de avanzar hacia una eventual votación en el recinto.

Un allanamiento realizado este jueves en el barrio Las Heras permitió el secuestro de un arma de fuego y municiones, en el marco de una investigación vinculada a actuaciones por protección contra la violencia familiar.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Decimosexta y efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), en cumplimiento de una orden de allanamiento, registro y secuestro dispuesta por la Justicia.

Durante la diligencia, los policías encontraron y secuestraron un revólver calibre .38 Special marca Taurus junto a cinco municiones del mismo calibre. Tanto el arma como los proyectiles quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

La causa es tramitada por el Juzgado de Familia N° 2, a cargo de la jueza Lazcano, con intervención de la UFI de Flagrancia.

Tras tomar conocimiento del resultado del procedimiento, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro formal del arma y las municiones, la intervención de Policía Científica y la notificación de formación de causa al morador de la vivienda, un hombre de 54 años, por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Fuentes oficiales indicaron que no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad respecto del imputado, aunque continuará vinculado a la investigación judicial.

Con la reciente promulgación de la Ley 27.805, comenzó a regir un régimen excepcional que permitirá regularizar la situación de armas de fuego no registradas en todo el país. La norma establece un plazo de 360 días para que quienes posean armamento sin la documentación correspondiente puedan declararlo ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), con el objetivo de incorporar esas armas al sistema legal de control y trazabilidad.

La nueva legislación apunta a incorporar al sistema formal miles de armas que actualmente se encuentran fuera de los registros oficiales. Según estimaciones citadas durante el debate parlamentario, existen más de 800.000 armas en situación irregular en todo el país, una realidad que las autoridades atribuyen, entre otros factores, a trámites burocráticos complejos, costos elevados y dificultades para acceder a los procedimientos de registración.

El régimen establece que las personas que posean armas de uso civil, uso civil condicional o sus principales componentes sin la documentación correspondiente podrán iniciar un proceso de regularización ante la ANMAC dentro de los 360 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley. El objetivo es mejorar la trazabilidad del armamento en circulación y fortalecer los mecanismos de control estatal sobre estos materiales.

La normativa también contempla una alternativa para quienes no deseen conservar el arma. En paralelo al régimen de regularización, el Congreso prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite entregar armamento de manera anónima para su destrucción, a cambio de un incentivo económico y sin consecuencias penales por la tenencia irregular.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la iniciativa no modifica los requisitos de fondo para convertirse en legítimo usuario, sino que busca simplificar y digitalizar los trámites para facilitar que los propietarios de armas puedan mantenerse dentro de la legalidad. En ese sentido, remarcaron que la regularización no será automática: cada caso deberá ser evaluado por la ANMAC, que verificará antecedentes, origen del arma y eventuales restricciones judiciales antes de otorgar la registración correspondiente.

Durante el tratamiento legislativo, las autoridades del organismo destacaron que "las armas no desaparecen" y que el Estado necesita contar con información precisa sobre el material existente para fortalecer las políticas de seguridad y prevención del delito.

Un integrante de la Patrulla Municipal fue apartado de su cargo luego que las autoridades evaluaran negativamente su desempeño durante el período de prueba y detectaran, entre otras situaciones, que se quedó dormido mientras cumplía tareas de vigilancia.

La medida fue oficializada por el intendente Agustín Neme mediante un decreto que dispuso la baja del ahora exagente, de unos 40 años, quien había ingresado a la planta permanente municipal en diciembre de 2025 con carácter provisional como inspector inicial del Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad.

Según surge del acto administrativo al que accedió QZ Noticias, la Secretaría de Seguridad impulsó la desvinculación tras recibir un informe de la jefatura del área que cuestionó severamente el desempeño del agente. Entre los argumentos señalados se mencionan una supuesta falta de compromiso con las tareas asignadas, dificultades para adaptarse al trabajo en equipo y problemas para acatar directivas impartidas por sus superiores.

El hecho más grave consignado en la evaluación ocurrió el 4 de febrero de este año. De acuerdo con la documentación oficial, el agente fue encontrado durmiendo durante un turno de vigilancia activa. El Municipio remarcó que el propio trabajador reconoció esa conducta en su descargo, por lo que consideró acreditada la situación.

Desde la Secretaría de Seguridad sostuvieron que el desempeño general del inspector evidenciaba una "conducta persistente de apatía y desinterés" que afectaba la operatividad del servicio y justificaba su desvinculación antes de que adquiriera estabilidad laboral.

Ante el avance del trámite, el agente apuntado presentó un escrito en el que cuestionó el procedimiento. Sostuvo que no se le había iniciado ningún sumario administrativo ni se le había informado adecuadamente el marco normativo bajo el cual se analizaba su situación. 

Sin embargo, el gobierno municipal rechazó esos planteos. En el decreto se argumenta que, al encontrarse dentro del período de prueba previsto por la Ley 14.656 de empleo municipal, no era necesario tramitar un sumario disciplinario para disponer la oposición fundada a su continuidad. La normativa establece que los agentes adquieren estabilidad recién después de doce meses de servicio, siempre que no exista una objeción formal por parte de la administración.

Finalmente, el decreto dispuso la baja definitiva del agente a partir de la fecha de notificación, aunque autorizó el acceso al expediente para que pueda consultar las actuaciones administrativas vinculadas con su caso.

El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Oscar Alende se convirtió en el primer hospital público de la provincia de Buenos Aires en implementar un sistema de identificación segura de pacientes mediante pulseras obligatorias. La medida, pionera en el ámbito estatal, lo posiciona a la par de instituciones privadas que ya aplican este estándar internacional de seguridad hospitalaria.

La iniciativa, impulsada por la dirección del hospital en línea con las políticas de calidad asistencial del Ministerio de Salud bonaerense, tiene como objetivo reducir al mínimo los errores en la atención. Desde su puesta en marcha, la pulsera se transformó en la herramienta crítica y obligatoria para validar la identidad de cada paciente que ingresa al área interna de urgencias.

El nuevo protocolo exige la participación coordinada de todo el personal: desde el registro inicial en admisión, hasta la verificación visual obligatoria por parte de médicos, enfermeros y camilleros antes de realizar procedimientos, administrar medicación o efectuar traslados internos.

Para Matías Maciel, director asociado del HIGA, la implementación marca un avance significativo: “Refleja el compromiso de los equipos del HIGA con la mejora continua de la calidad asistencial y la construcción de entornos cada vez más seguros para pacientes y trabajadores”.

La jefa del Servicio de Admisión de Emergencias, Raquel Córdoba, destacó el impacto operativo del nuevo sistema asegurar que “representa una mejora fundamental en nuestros procesos de admisión, fortaleciendo la seguridad del paciente desde el mismísimo momento de su ingreso. Es un cambio cultural en la recepción de la urgencia”.

Dado el alcance de la innovación, la Dirección dispuso una prueba piloto con monitoreo diario, destinada a acompañar al personal en la adaptación a los nuevos flujos de trabajo. Con esta implementación, el HIGA no solo refuerza la seguridad del paciente, sino que también protege el ejercicio profesional de sus trabajadores, consolidándose como un hospital público moderno, eficiente y de referencia regional.

Se compartieron esta semana los datos más destacados del reporte trimestral del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), elaborado en base a registros policiales y llamados al 911. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 8736 delitos y contravenciones en Mar del Plata, casi la mitad correspondiente a delitos contra la propiedad y el 40% contra las personas.

El robo de automotores fue uno de los datos más salientes: 655 vehículos sustraídos en solo tres meses, con Volkswagen, Chevrolet y Fiat como las marcas más afectadas. En viviendas se contabilizaron 397 hechos, y en el 72% de los casos la propiedad estaba desocupada. Los barrios con mayor cantidad de robos domiciliarios fueron Fray Luis Beltrán, San José, Área Centro, Faro Norte y Parque Luro.

Respecto a los horarios, el informe señala que el pico máximo de robos y hurtos ocurre entre las 20:00 y las 21:00. Y en materia de violencia, el trimestre cerró con 16 homicidios dolosos y 172 heridos por arma -94 por arma blanca y 78 por arma de fuego-.

“Los datos los publica el Municipio y están disponibles para cualquier vecino. Conocerlos es el primer paso para tomar mejores decisiones sobre cómo proteger la familia, el hogar o el negocio”, expresó Franco Borzani, directivo de Segumar Seguridad.

Las estafas virtuales se convirtieron en el delito de mayor crecimiento en los últimos años y, paradójicamente, en el menos denunciado. El clásico “cuento del tío” mutó: hoy llega por WhatsApp, por llamadas de números desconocidos o simulando ser el banco. La lógica es la misma: crear urgencia para que la víctima actúe antes de pensar.

Uno de los esquemas más frecuentes comienza con un mensaje de un número desconocido que se hace pasar por un familiar: “Mamá, se me rompió el teléfono, este es mi número nuevo, necesito plata urgente”. Breve, sin respiro, sin tiempo para verificar. Si la persona pregunta algo, los estafadores tienen respuesta para todo.

La variante bancaria funciona distinta. Llaman diciendo ser del sector de fraudes, alertando por un movimiento sospechoso en la cuenta. Piden que el cliente “confirme” datos para frenar la operación y, en algunos casos, convencen a la víctima de instalar una aplicación de acceso remoto bajo el pretexto de brindar “asistencia técnica”. Desde ese momento pueden ver todo lo que se escribe en la pantalla.

“Lo que más me inquieta de estas estafas es que están diseñadas para atacar donde somos más vulnerables: el miedo a que algo le pasó a un familiar, la confianza ciega en el banco, la presión de los minutos. No hace falta ser descuidado para caer. Hace falta estar apurado o asustado, que es exactamente cuando todos funcionamos peor”, comentó Franco Borzani, CEO de Segumar Seguridad.

Al respecto, recomendó tres medidas concretas que reducen el riesgo: si un familiar escribe desde un número nuevo pidiendo dinero, llamarlo al número que se tiene antes de mover un peso; ningún banco llama para pedir claves o datos personales: si alguien lo hace, cortar y llamar al número oficial; no instalar aplicaciones que indique alguien por teléfono, sin importar el motivo: esas apps entregan el control del dispositivo.

Borzani recomienda hablar del tema en casa, especialmente con adultos mayores, no por ingenuidad sino porque suelen ser el blanco elegido: más ahorros, menos experiencia digital y mayor disposición a confiar en quien llama con autoridad.

El oversharing, la tendencia a compartir en redes sociales mucha más información de la necesaria, se instaló como un hábito cotidiano sin que casi nadie lo cuestione. Vacaciones en tiempo real, ubicación activada en cada historia, fotos del auto nuevo con la patente visible, comprobantes de compras o imágenes del frente de la casa: todo eso conforma un mapa detallado de la vida privada que queda disponible para cualquiera.

Desde el punto de vista de la seguridad, Franco Borzani, CEO de Segumar, explicó que este es hoy uno de los puntos más débiles en las familias que asesora. El problema no es la red social en sí, sino la cantidad de datos sensibles que los usuarios dejan expuestos. “Una persona común que mira un perfil abierto durante diez minutos puede saber dónde vivís, qué auto tenés, a qué hora salís a entrenar, cuándo te vas de viaje y hasta cuándo volvés. Esa información, junta, tiene valor para alguien que la quiera usar mal”, advirtió.

Entre las pautas básicas que sugiere Borzani se destacan: publicar las fotos del viaje al regresar, no en tiempo real; revisar la configuración de privacidad: muchos creen tener el perfil cerrado y no es así; evitar historias en vivo desde el auto, el gimnasio o el trabajo, ya que permiten reconstruir rutinas; hablar con los adolescentes, quienes suelen compartir más y dimensionar menos el riesgo; no publicar fotos de llaves, patentes, frentes de viviendas o comprobantes con datos visibles.

La tecnología de seguridad protege lo que ocurre puertas adentro, pero lo que se publica en redes pertenece a otro plano: el de la prevención personal, que depende de cada usuario. Ambas dimensiones -la protección física y la digital- deben complementarse para reducir vulnerabilidades.

Durante la jornada de este lunes, se llevó adelante un importante operativo de seguridad y prevención en el barrio La Herradura, con la participación conjunta de efectivos de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.

El procedimiento contó con la presencia de personal motorizado, móviles de apoyo y canes rastreadores especializados en la detección de estupefacientes, quienes realizaron recorridas y controles en distintos puntos estratégicos del sector.

Según se informó, el despliegue tuvo como objetivo reforzar la prevención de delitos de índole federal, además de intervenir ante posibles hechos vinculados a delitos comunes. En ese marco, se efectuaron chequeos de documentación vehicular, identificación de personas y patrullajes preventivos en la zona.

Vecinos del barrio observaron un importante movimiento de fuerzas de seguridad durante gran parte del operativo, que se desarrolló bajo estrictas medidas de control y vigilancia.

Las autoridades destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones coordinadas destinadas a fortalecer la seguridad y la presencia federal en distintos sectores de la ciudad.

Tras los datos arrojados por el informe de delitos y contravenciones del último trimestre de 2025 elaborado por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, se pudo comprobar que el año cerró con un aumento del 9%, y si se observa el período de los últimos tres años, el incremento asciende al 23%. “Se percibe en la calle que la situación está complicada”, alertó Franco Borzani, de Segumar.

En diálogo con QZ Noticias, Borzani señaló que al desglosar los datos el área Centro es el sector con más hechos denunciados en comercios, mientras que el Bosque Peralta Ramos encabeza los robos a viviendas. Aun así, remarcó que “todo Mar del Plata en general está complicado”, aunque algunos barrios presentan indicadores más críticos que otros.

Frente a este escenario, recomendó reforzar las medidas de seguridad domiciliaria y comercial, como cámaras y alarmas, pero también insistió en la importancia de la conducta preventiva cotidiana. Y aclaró que su intención no es generar miedo: “Sé que no es la idea entrar en una paranoia, pero sí es la idea de cuidarse y estar prevenidos”.

En ese sentido, el especialista en temas de seguridad sostuvo que si bien los datos “no son alentadores”, sirven para tomar decisiones que reduzcan riesgos y eviten convertirse en víctimas de un delito.

La Red Mar del Plata Entre Todos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS – CONICET/UNMDP) lanzaron la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Seguridad 2026, un relevamiento destinado a conocer cómo se vive y se percibe la seguridad en el Partido de General Pueyrredon.

Según indicaron, la iniciativa busca reunir información confiable y sistematizada que permita comprender la realidad local y aportar insumos estratégicos para el diseño de políticas públicas.

El objetivo central del estudio es incorporar la mirada directa de la comunidad, sumando experiencias cotidianas que contribuyan a una lectura integral del territorio y a un análisis más profundo de las problemáticas vinculadas a la seguridad. 

Desde las instituciones impulsoras destacaron que la participación ciudadana resulta fundamental para enriquecer el diagnóstico y fortalecer la toma de decisiones.

La encuesta es anónima, confidencial y de rápida respuesta, y ya se encuentra disponible para toda la población interesada en participar.

Para completar el cuestionario, se puede ingresar al enlace www.es.research.net/r/PERCEPCION_CIUDADANA_2026 o acceder a través de la página web de Mar del Plata Entre Todos (www.mardelplataentretodos.org).

Un operativo municipal permitió desarticular una ocupación ilegal en la zona de Juan B. Justo y Champagnat, donde dos personas utilizaban el lugar de manera irregular, generando preocupación entre los vecinos.

La intervención se llevó adelante tras una serie de denuncias que advertían sobre situaciones de riesgo en el sector. Al llegar al lugar, los agentes constataron que el espacio estaba siendo ocupado y utilizado como punto de permanencia, con prácticas que afectaban la convivencia y la seguridad en el área.

Como resultado del procedimiento, se dispuso el desalojo del sitio y el retiro de los dos individuos. Además, se realizó la remoción de los elementos utilizados para sostener la ocupación, con el objetivo de evitar que la situación vuelva a repetirse.

El operativo contó con la participación de distintas áreas municipales, en línea con intervenciones similares que se vienen realizando en distintos puntos de la ciudad para recuperar espacios públicos y responder a reclamos vecinales.

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de acciones buscan reducir focos de conflicto, prevenir situaciones de riesgo y garantizar el uso adecuado de los espacios comunes en los barrios.

El caso se suma a una serie de procedimientos recientes en Mar del Plata en los que se desalojaron ocupaciones ilegales, en un contexto de controles más intensos sobre el uso del espacio público.