Intendentes, concejales y dirigentes de la Quinta Sección Electoral bonaerense resolvieron hoy realizar un “frazadazo” frente al Senado de la Nación el día en que se trate el proyecto de ley que reduce el régimen de zona fría, beneficio que subsidia el consumo de gas natural en 94 distritos de la provincia. La decisión fue consensuada durante una reunión realizada en el complejo Parque Bonito, en Villa Gesell, donde se analizaron acciones para intentar frenar la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Según expusieron los jefes comunales, la modificación del régimen implicaría aumentos de entre el 40% y el 100% en las facturas de gas para 1,3 millones de usuarios bonaerenses, que dejarían de recibir el subsidio. Tras el encuentro, los dirigentes difundieron un documento en el que califican la medida como “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista” y advierten que el impacto será “catastrófico” para la economía de las familias de las zonas afectadas.

El texto sostiene que el aumento no solo golpeará a los hogares, sino también a comercios, clubes, hoteles, centros de jubilados y a cada economía local. Además, remarca que el esquema de zona fría “reconoce una realidad concreta” de la región, caracterizada por bajas temperaturas, humedad y altos consumos de gas durante gran parte del año.

La convocatoria reunió a representantes de General Pueyrredon, Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea, entre otros distritos, y contó con la presencia de la diputada nacional Jimena López y del ex intendente Gustavo Pulti.

En paralelo, el gobierno de Axel Kicillof analiza la posibilidad de presentar una demanda judicial contra la medida, bajo el argumento de que invade competencias provinciales en materia tarifaria. No obstante, esa acción solo podría concretarse una vez que el proyecto sea aprobado por el Senado y promulgado por el Poder Ejecutivo.

Fuente: DIB.com.ar

El Senado de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley del senador Maximiliano Abad que propone la creación de una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con el objetivo de evitar el colapso del fuero en una jurisdicción que abarca gran parte del territorio bonaerense. La iniciativa fue tratada en una plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Durante el encuentro, que contó con la presencia del presidente de la Cámara Federal marplatense, Alejandro Tazza, Abad expuso los fundamentos del proyecto y advirtió sobre la situación crítica del fuero. “El desmedido incremento de causas en la justicia federal de la jurisdicción de los Juzgados Federales existentes en Mar del Plata, Dolores, Azul y del Juzgado Federal de Necochea ha generado una situación de sobrecarga y riesgo de colapso, poniendo en riesgo el correcto cumplimiento de la labor jurisdiccional”, señaló el legislador.

Y agregó: “Celebro que haya dictamen favorable. Es un paso muy importante para responder a una demanda concreta de la sociedad: una justicia no solamente justa, sino también rápida”.

Tazza, por su parte, sostuvo ante los senadores que “vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”. Explicó que la jurisdicción -que abarca cerca del 37% del territorio bonaerense- enfrenta un crecimiento sostenido de población y una amplia diversidad de materias: penales, civiles, comerciales, laborales, previsionales, de salud y administrativas. Recordó que la Cámara fue creada en 1992 y que actualmente funciona con dos jueces, pese al incremento exponencial de expedientes. “Contar con una nueva Sala es algo muy necesario”, afirmó, agradeciendo el acompañamiento unánime de los legisladores.

El proyecto (Expediente 1064/24) propone la creación de la Sala II, con dos Secretarías de Cámara y una estructura propia de magistrados, funcionarios y personal administrativo. En la actualidad, la Cámara Federal de Mar del Plata concentra apelaciones de ocho juzgados federales, atiende a más de dos millones de habitantes y funciona con una única sala integrada por dos magistrados. Solo en 2023 resolvió más de 7400 causas, con proyecciones que superan los 10.000 expedientes anuales.

“Este volumen de trabajo, que no fue acompañado por un crecimiento en la estructura del tribunal, hace imprescindible avanzar rápidamente en su ampliación para garantizar mayor eficiencia, celeridad y seguridad jurídica”, añadió Abad.

Con el dictamen favorable, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto del Senado.

El Gobierno nacional presentó en el Senado de la Nación el proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental N°26.657, en una jornada informativa conjunta de las comisiones de Salud y Legislación General, donde la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, expuso los principales lineamientos de la iniciativa y respondió consultas sobre su alcance e implementación.

Durante su intervención, González explicó que el proyecto fue elaborado a partir del aporte de pacientes, familias, organizaciones civiles, profesionales y referentes de las 24 jurisdicciones, quienes coincidieron en que la normativa vigente presenta obstáculos que dificultan una respuesta adecuada y homogénea en todo el país. “Pudimos concluir que la ley, tal como está planteada, no funciona adecuadamente y que es necesario modificar ciertos artículos que se han convertido en obstáculos para que los pacientes reciban un tratamiento oportuno y adecuado”, expresó.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación de los criterios de internación involuntaria, reemplazando el concepto de “riesgo cierto e inminente” por un criterio situacional que permita evaluar antecedentes y evolución previsible del paciente. Según González, esto facilitará “intervenciones preventivas que les garanticen el tratamiento que necesitan. Tenemos que buscar los antecedentes y no basarnos en la foto del momento, esa es nuestra responsabilidad profesional”.

La propuesta también incorpora un cambio terminológico: sustituir padecimiento mental por trastorno mental, con el fin de precisar criterios diagnósticos y evitar errores involuntarios. “El objetivo no es patologizar sino precisar las características diagnósticas para que los equipos no incurran en errores involuntarios, cuando se trate de problemáticas que no alteran el bienestar de los pacientes, las vamos a llamar afecciones, un término habitual dentro de la salud”, señaló.

Otro punto relevante es el fortalecimiento del rol del médico psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario para determinar internaciones involuntarias. En situaciones de urgencia sin disponibilidad de un psiquiatra, la intervención podrá ser indicada por un médico clínico y revalidada dentro de un plazo de 24:00 por un equipo interdisciplinario.

El proyecto incorpora además la evaluación interdisciplinaria previa al alta de pacientes internados voluntariamente, la obligación legal de los familiares de asumir el cuidado de los pacientes externados y un control judicial por 6 meses para mejorar la adherencia a los tratamientos ambulatorios y fortalecer el primer nivel de atención.

Por último, la iniciativa propone ampliar la red de instituciones, asignando a los hospitales generales la atención de casos leves y reservando los centros especializados para cuadros graves, con el objetivo de garantizar recursos adecuados para las necesidades más complejas.

El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo.

Fuente: Agencia NA