Tras los hechos de violencia ocurridos ayer en el recinto del Concejo Deliberante durante una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana en la que se debatía la regulación de las aplicaciones de transporte, desde los diferentes bloques manifestaron en diálogo con QZ Noticias su desazón sobre lo sucedido, a la vez que pidieron celeridad para avanzar con una regulación acorde y que contenga a todos los sectores.

El concejal de Unión por la Patria, Diego García, consideró como “lamentable” lo que sucedió en la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante y lamentó las dilaciones del Ejecutivo a la hora de dar una respuesta al tema de las aplicaciones de transporte: “Eso hace a que también se genere un clima tenso, una situación muy sensible”.

El edil opositor calificó como “irresponsable” al Ejecutivo por “no contestar los expedientes y no ponerse al frente de cómo hacer para regular las aplicaciones en un marco que le convenga a todos”.

Por su parte desde el PRO, Julián Busetti señaló que fue “muy triste lo que pasó ayer, aunque recordó que “no es la primera vez que pasa”. En ese sentido, reiteró su pedido de reforzar la seguridad en el recinto: “Más cuando se están tratando temas tan delicados como este que afecta a un montón de vecinos de la ciudad”.

Con relación al tema que motivó la confrontación entre sectores, el edil dijo que “hay que seguir con este debate y llevar a Mar del Plata al Siglo XXI”. Busetti indicó que “no puede ser que las aplicaciones de transporte sigan prohibidas” y aseguró que es trabajo de los concejales “legislar y dar un marco adecuado para una ciudad moderna y que apueste al futuro”.

Desde el bloque de la UCR – Nuevos Aires, Ariel Martínez Bordaisco repudió los hechos de violencia y señaló que es “imposible que un espacio de diálogo como tiene que ser un parlamento termine con agresiones, piñas o discusiones entre los que están ni más ni menos que buscando una regulación para sus distintas actividades, para discutir o plantear su mirada sobre una ordenanza que puede involucrar sus intereses”.

Por otro lado, el edil radical pidió “celeridad” para avanzar con la regulación de las aplicaciones y exigió “una norma que contemple la realidad de la movilidad urbana en la ciudad y que busque salidas, equilibrios en la competitividad”. Se mostró “a favor de la regulación y de darle transparencia a las actividades que se desarrollan en la ciudad” y solicitó que la misma “proteja tanto a los al trabajador como al usuario”.

La delegación marplatense de la Federación Nacional de Conductores de Taxis volvió a reclamar el tratamiento urgente de la ordenanza que busca extender a 15 años la vida útil de los vehículos afectados al servicio. Según señalaron, actualmente cientos de trabajadores atraviesan una situación de incertidumbre por el vencimiento de las prórrogas vigentes y la imposibilidad económica de renovar las unidades.

El secretario local de la Federación, Miguel González, explicó que actualmente el límite permitido es de 10 años y sostuvo que la mayoría de los vehículos ya se encuentran vencidos. “Nosotros necesitamos la tranquilidad que nos van a dar los 15 años, porque la situación económica y la competencia ilegal nos está complicando muchísimo”, afirmó.

Desde el sector aseguraron que unas 440 unidades quedarían fuera de circulación si no prospera la modificación de la ordenanza. “En una ciudad atravesada por la desocupación, lo que buscamos es que más de 400 compañeros puedan seguir trabajando”, remarcaron tras mantener reuniones con funcionarios municipales.

González detalló además que renovar un vehículo hoy representa una inversión prácticamente inaccesible para muchos choferes. “Tenés que contar con más de 25 millones de pesos para comprar un auto y después vienen todos los gastos de habilitación, reloj, tapicería, GPS y trámites. Es todo plata”, describió.

El dirigente también apuntó contra las aplicaciones de transporte no reguladas y reclamó igualdad de condiciones. “Si quieren reglamentarlas, que lo hagan, pero que paguen lo mismo que nosotros. Hoy cualquiera baja una aplicación y sale a trabajar, mientras nosotros tardamos 45 días para habilitar un coche”, cuestionó.

Mientras esperan el tratamiento legislativo, desde la Federación insistieron en que la extensión solicitada busca dar una respuesta “realista y urgente” a la crisis que atraviesa el sector. “No queremos vivir de prórroga en prórroga. Queremos una solución definitiva”, concluyó González.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que los conductores de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify deberán contar con licencia profesional y seguros específicos para poder operar, en una decisión que apunta a equiparar las condiciones con taxis y remises tradicionales.

El fallo fue dictado por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña, en el marco de una causa impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis contra el Gobierno de la Ciudad y representantes de las plataformas digitales. Según la resolución, mientras no exista una ley específica para regular la actividad, las apps deberán ajustarse a las mismas reglas y controles que rigen para el transporte tradicional de pasajeros.

Entre los principales cambios, los jueces dispusieron que los choferes de plataformas deberán tramitar una licencia de conducir profesional, además de contratar seguros específicos para pasajeros y responsabilidad civil. El objetivo, según remarcaron, es terminar con la “desigualdad regulatoria” que existía entre los distintos sistemas de transporte.

La sentencia también cuestionó al gobierno porteño por la falta de regulación durante casi una década y consideró que existió una “omisión ilegítima” en los controles sobre las aplicaciones. En paralelo, ordenó avanzar con medidas para que las plataformas comiencen a pagar tributos e impuestos, como así también limitar beneficios regulatorios hasta que exista un esquema igualitario para todo el sector.

En la vía de igualar condiciones, la Justicia también ordenó al gobierno de Jorge Macri que se abstenga de cobrar a taxistas y remiseros por trámites específicos, tales como habilitaciones y licencias.

De todos modos, el fallo no prohíbe el funcionamiento de Uber, DiDi o Cabify -como pretendía originalmente el sindicato-, sino que establece nuevas condiciones para su operación en la Ciudad de Buenos Aires. La medida estará vigente hasta que la Legislatura sancione una normativa específica sobre el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte. 

La pelea de taxistas por ampliar la vida útil de los coches que prestan servicio sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego que la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Mar del Platas recolectará más de 400 firmas de trabajadores del sector para insistir en su pedido para ampliar 5 años el plazo de servicio.

La iniciativa propone llevar el límite actual de 10 a 15 años, ya que, según plantean, el contexto económico dificulta la renovación de unidades y podría dejar fuera de servicio a una cantidad significativa de autos afectados al sistema, unas 500 unidades aproximadamente.

En la actualidad, la ordenanza establece un máximo de 10 años de antigüedad, aunque ese plazo fue prorrogado en reiteradas oportunidades desde la pandemia. La última extensión fue dispuesta por decreto del intendente Agustín Neme y tiene vigencia hasta junio.

El reclamo es de larga data, pero en las últimas semanas cobró mayor intensidad ante la posibilidad de que cientos de vehículos queden fuera de circulación si no se modifican las condiciones actuales.

Entre los argumentos centrales, los taxistas señalan la caída de ingresos, el aumento de costos operativos, las dificultades para acceder a financiamiento como factores que limitan la renovación de las unidades y, apuntan, la competencia desleal que significan las apps de transporte. También advierten que una reducción en la flota disponible podría afectar la prestación del servicio en la ciudad.

Con la presentación de las firmas, el sector busca dar mayor peso político al planteo y acelerar una definición tanto en el Ejecutivo como en el Concejo Deliberante, donde debería tratarse una eventual modificación de la ordenanza.